Comunidad Ka’a Poty espera en la Plaza de Armas que se haga justicia contra su desalojo irregular

Por Mirna Robles y William Costa

Una vez más la Plaza de Armas es el refugio. Otra vez el problema de la tierra, otra vez el problema del dónde vivir.

La comunidad Ka’apoty 1 se encuentra en la plaza desde hace tres semanas.

Son 60 adultos y 44 niños. Fueron desalojados de su comunidad el 15 de junio pasado.

El último domingo pasamos a visitar la ocupación. Cuando llegamos, algunas personas bajaban víveres de un vehículo, las ayudamos. Ese día estaba prevista una olla popular organizada por estudiantes de la UCA y de la carrera de Ecología Humana de la UNA.

Saludamos a la profesora Elisa González, cuyo testimonio corrió días antes en un video donde habla de la destrucción de la Escuela 12 de Agosto Nº 8278, reconocida por el Ministerio de Educación (MEC), y la pérdida de todos sus materiales de estudio. Luego conversamos con la señora Marta Díaz, lideresa de la comunidad.

Ella nos explicó que se encontraban asentados desde hace 4 años en el terreno propiedad del Instituto del Indígena (INDI), título que es compartido por Ka’apoty 1 y Ka’apoty 2, otra comunidad que también en su momento fue reubicada por la mencionada institución. El río Akaray separa a esas dos comunidades, razón por la que hablan de Ka’apoty 1 (del lado de Alto Paraná) y Ka’apoty 2 (del lado de Ca’aguazu). El líder de la segunda, Ramón Benítez, acompaña también la ocupación en la Plaza de Armas como solidaridad con su comunidad vecina y, hasta se diría, por sentido de prevención, pues la misma situación podría repetirse del lado de Ca’aguazu.

Se veían algunas carpas con el logo de la Secretaría de Emergencia (SEN). Dos funcionarios del Ministerio de la Niñez (Minna) recorrían relevando datos sobre los niños de la comunidad. Marta nos contó cómo se dio el desalojo: alrededor de 500 policías ingresaron, con civiles de apoyo, no dieron tiempo a que juntaran sus cosas. Con tractores echaron sus casas, se apropiaron de sus objetos personales (muebles, motos, aparatos de cocina), incluso de los pupitres de la escuelita. Se destruyeron y desaparecieron documentos personales y los libros y útiles de la escuela. No saben a dónde se llevaron sus cosas. Esa noche quedaron en la calle, al día siguiente se organizaron para venir a Asunción. En las tierras desalojadas se instalaron seguridad privada y efectivos de la GEO para resguardar que no pudieran reingresar.

‘Roje-desalojá brutalmente kuri, roje-despojá completamente la ore pertenencia gui, ore escuela, roguereko ore iglesia, ore tupao, ore jerokyaty, ojehapypaite ore hegui’.

‘Roñemombo kállepe ha oñemöi orehegui ore comunidad-pe seguridad privada. Al mismo tiempo, policía GEO o cubrí hikuái ore hegui la ore comunidad, ndaikatuvéi roike, ha upéicha rupi roju ko plaza-pe’.

Con relación a la disputa de las tierras nos contó que el INDI los ubicó en base a un título de 1996. Cuando la institución adquirió las tierras estas estaban ocupadas por una o varias comunidades que con el tiempo abandonaron el lugar, lo cual fue aprovechado por quienes reclaman hoy derecho de propiedad para apropiarse de parte del terreno que figura en el título. Ya debido al reclamo de otros supuestos propietarios, donde destaca el nombre de Liz Carolina Alfonso (una ex fiscala que fue suspendida por mal desempeño en sus funciones en el 2017), el INDI presentó un pedido de reivindicación y recuperación de tierras en diciembre pasado. En ese tiempo también promovió la realización de una mensura judicial, la cual se completó del lado de Alto Paraná pero quedó inconclusa del lado de Ca’aguazu. Posteriormente no fue posible avanzar en el proceso para cerrar la mensura.

En ese contexto las partes afectadas, la comunidades y los otros supuestos propietarios, con representación del INDI y del Juzgado de Itakyry, firmaron un acuerdo en el que se comprometían a respetar el cierre de la mensura judicial y esperar los resultados que expusiera antes de tomar cualquier medida, acuerdo que fue incumplido por quienes promovieron el desalojo.

‘Las autoridades tienen que ver esto. Tenemos que seguir todo el proceso para salir nosotros y ellos de la duda. Nunca vamos a salir de la duda si no cumple con el trabajo. Ellos (quienes los acusan de invasores) mandan asegurar, no se termina, y atacan con desalojo. Ella también firmó, todos firmamos, que mientras durara el proceso judicial ellos no nos iban a incomodar. Está el documento, de diciembre, cuando inició la mensura judicial. Ellos firmaron el acuerdo con el INDI y con el Juzgado de Itakyry. En ese transcurso movieron lo del desalojo, no respetaron lo que ellos mismos firmaron’.

Luego de la llegada de Ka’apoty 1 a la Plaza de Armas, el INDI presentó una medida cautelar, cuya respuesta se aguarda en estos días.

En tanto, la ciudadanía lleva adelante colectas de solidaridad en apoyo a la comunidad, juntando alimentos, abrigos e incluso materiales escolares. De no resolverse la situación de las tierras en las siguientes semanas los niños y niñas de la comunidad podrían verse en la situación de tomar clases en la plaza. Actualmente les fueron adelantadas las vacaciones de invierno.

Así como la profesora Elisa González dijera en el video que se hizo viral, Marta Díaz nos dice que ellos y ellas quieren volver a su comunidad, que las criaturas no se sienten a gusto y que esperan que se les brinde una solución definitiva.

‘Rohose jey la ore rekohápe ikatu haguâicha roñemity. Oñehundipaite ore hegui la ore kokue. Ko’aga oñembe’u chéve dos veces ma ojerrastroneamba hína la ore kokuere, ore róga rendague, oprepara hikuái suelo para plantación de soja, péa oñeñotýta hína’.

Es obligación del Estado responder y dar solución a este caso, que es uno más entre varios casos de despojo a las comunidades indígenas que se cometen desde décadas atrás, otro caso de disputa por la tierra que tiene como último escenario a la Plaza de Armas.

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