Comunidad Joaju anuncia que no desistirá de la recuperación de tierras malhabidas

Perfecta SAMI, empresa que fue beneficiada con tierras públicas durante la dictadura, fue vinculada al tráfico internacional de armas.

Por Paulo López

Llegamos cerca del mediodía mientras la concurrencia aguarda en la plaza central del asentamiento, formada por una cancha de fútbol, una cocina para preparar los convites y un escenario con una tarima de madera. Jorge nos presenta y explica el motivo de la visita de la pequeña delegación de medios alternativos que viajamos desde Asunción.

La comunidad Joaju, o 1 de Marzo (fecha emblemática de nuestra historia en que decidieron realizar la ocupación), se encuentra en el distrito de Yvyrarovana, departamento de Canindeyú. El asentamiento, que forma parte de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), está integrado por unas 330 familias, que suman casi dos mil personas. El 1 de marzo de 2012 decidieron ocupar unas tierras que fueron adjudicadas a la familia Bendlin durante la dictadura de Alfredo Stroessner a cambio de una avioneta. La estancia Pindó suma en la zona más de 11.000 hectáreas, incluyendo las 4.499 hectáreas que fueron adquiridas mediante la irregular maniobra.

El asentamiento está conformado por siete núcleos, cuyos pobladores –a pesar del estado de zozobra en que viven por las amenazas permanentes de desalojo y el hostigamiento de civiles armados– trabajan en las chacras, huertas y la cría de animales. El razonamiento es claro y sencillo. “Ndaikatúi ko la peteî familia orekóa miles de hectáreas iderechove 300 familias-gui ojeruréva un pedazo de tierra omba’ápo haguã ha ojogapo haguã”, dice Jorge mientras ceba el mate mañanero en torno al fogón durante el segundo día de nuestra visita.

Las advertencias y los rumores de desalojo de parte del gobierno son constantes desde hace más de un año. Mba’e pejapóta oikórõ la desalojo?”, pregunto con un dejo de impertinencia. Ha roikejeýtante”, responde de manera tajante. Así como fueron desalojados en tres ocasiones y volvieron a entrar, anuncian que lo seguirán haciendo y que la transferencia de estas tierras a favor de los campesinos es innegociable.

Milciades rememora algunos de los episodios de los desalojos que sufrieron. Uno de los más aparatosos se realizó el 5 de agosto de 2013. Civiles armados y efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) permanecieron por 15 días al interior de la comunidad, derribando y quemando las casas y sus pertenencias. Los niños quedaron sin ropas ni cuadernos. Los efectivos llevaban todo aquello que podían o les servía, hasta chanchos y gallinas. “Ijurúpe ore delincuente, pero ha’e kuéra la delincuente omondába orehegui”, expresa.

Cultivar el futuro

Jorgelina, una estudiante de enfermería, luego de una dura batalla cayó en la cuenta de que con lo poco que ganaba trabajando en la ciudad y con los gastos del alquiler no podría dar un mejor futuro a sus cinco hijos, una posibilidad que sí le ofrece cultivar la tierra. “Yvy’ÿre mboriahu peguarã ijetu’u. Ápe arekóma mandi’o, avati, ndahejamoáia. Ndorosemoái ko’águi”, afirma.

Jóvenes que migraron a la ciudad en busca de mejores oportunidades volvieron al campo para apostar a un futuro mejor.

Jóvenes que migraron a la ciudad en busca de mejores oportunidades volvieron al campo para apostar a un futuro mejor.

Por su parte, Raquel tiene 20 años y está embarazada de mellizos. Llegamos a su casa mientras está regando la huerta. Su compañero, Alberto, nos cuenta que estaba estudiando ingeniería en electricidad en Asunción, pero que en la ciudad no tiene recursos para mantenerse. Por eso decidieron volver al campo para luchar por un pedazo de tierra, donde kuarahy pópe cultivan todos los días variadas especies de verduras y hortalizas, a más de haber puesto sus últimos ahorros para la compra de una vaca lechera. Esta joven pareja clama por la legalización de las tierras y mercado para vender su producción a un precio justo.

“Ore kokuecéro ha kokuépente oreja”, grafica don Gregorio, padre de 10 hijos y ya bien avanzado en años, por lo que asegura que la lucha que lleva a cabo no es para él, sino para sus hijos y nietos.  Habla de que la crisis que se vive en el campo se debe a que no existe ningún programa estatal para los pequeños agricultores, que no tienen mercado ni acceso a la educación y que la ley es letra muerta para los pobres.

Así como reivindican que el desalojo no solucionará el problema social del acceso a la tierra, defienden el arraigo que tienen en el lugar, con un centro comunitario de salud en construcción, despensas sociales y una importante inversión para la construcción de puentes, caminos, pozos y el tendido eléctrico. Todo el proyecto de vida de muchas familias jóvenes está depositado en recuperar estas tierras malhabidas para conquistar un lugar donde vivir y cultivar.

Los “peajes”

El bloqueo policial no los forzará a salir, pues producen la mayor parte del alimento que consumen, señalan los pobladores de la comunidad.

El bloqueo policial no los forzará a salir, pues producen la mayor parte de los alimentos que consumen, señalan los pobladores de la comunidad.

En los puntos de acceso a la comunidad existen controles policiales permanentes, que incluyen el pago de un “peaje” para poder pasar. Esto desalienta a los comerciantes que entran al lugar para comprar los productos de las chacras, cambiarlos por otros artículos o vender mercaderías como aceites o ropas. La finalidad es ahogar al asentamiento para forzarlos a salir por la presión del hambre y la necesidad. Sin embargo, los pobladores reafirman que este cerco no los expulsará, pues producen en sus chacras la mayor parte del alimento que consumen. “La vare’águi mba’e ndajasemóai ko’águi, che aproduci paite la ja’u haguã”, señala don Vicente.

La principal presión la sufren los niños y jóvenes que deben salir todos los días de la comunidad para estudiar, pues hasta ahora la escuela del asentamiento solo cubre hasta el tercer grado, donde asisten unos 90 niños. De acuerdo al relato de varias familias, día a día los estudiantes que van al colegio deben soportar el acoso policial en los retenes e incluso algunos de ellos resultaron detenidos. La mayoría asiste a la escuela de la Colonia 16 de Julio, distante a unos siete kilómetros, donde a veces ni siquiera a los docentes se les permite la entrada.

La comunidad es objeto de una fuerte campaña mediática que pretende justificar el desalojo. Los titulares de prensa acusan a los campesinos de haber atacado la estancia Pindó e incluso disparado contra una comitiva policial que fue al lugar para cortar la conexión eléctrica. Los pobladores refieren, por su parte, que la policía actúa en complicidad con los civiles armados de la estancia y que son vigilados por drones, además del constante “cháke” con el vuelo de helicópteros que espanta a los niños.

Entretanto, el gobierno insiste en que las tierras son propiedad privada y que llegado el momento “oportuno” efectuarán el desalojo. La empresa Perfecta SAMI, que de acuerdo al estatuto agrario no puede ser beneficiaria de tierras públicas, fue vinculada por investigaciones periodísticas con la venta ilegal de armas para el narcotráfico.

Una publicación del medio australiano The Sydney Morning Herald del año 2009, titulada “Armas, drogas y dinero”, señala que Perfecta SAMI fue objeto de denuncias por tráfico de armas en Argentina y Brasil, detallando que de acuerdo a los datos disponibles el 80% de las armas de contrabando que surten a las bandas criminales de Río de Janeiro es proveído por Perfecta SAMI y otras firmas paraguayas. En 2006 incluso a la firma le fue revocada la licencia de importación luego de que un lote de armas vendido por la empresa haya sido hallado en poder de un narcotraficante brasileño.

Sin embargo, la familia Bendlin continuó con sus operaciones a través de otras firmas de su propiedad en el rubro como Guns y Hunter. La compañía también fue investigada en Turquía tras ser interceptado un cargamento en Estambul con rifles de asalto AK-47 y gran cantidad de municiones. En respuesta a las denuncias, Rainer Bendlin se ha limitado a contestar que su empresa no es responsable del destino final de los materiales que vende.

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