Comunicarán a la ONU atropellos contra la libertad de expresión en Paraguay

La red Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) realizó una misión en Paraguay en mayo de este año y que elaboró un informe sobre la situación de la prensa y los periodistas en Paraguay. El resultado será comunicado durante el examen periódico universal 2016 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, y algunas de las situaciones verificadas son la impunidad respecto a la violencia y crímenes en contra de periodistas y radios comunitarias.

El informe menciona que “el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) lleva un registro de 17 periodistas asesinados desde 1991. Todos estos crímenes permanecen en la impunidad. Desde el 2013 se ha dado una escalada en los asesinatos de periodistas. Desde febrero de ese año hasta el 17 de junio 2015 se registran 7 asesinatos, es decir un 40% de todos los casos de periodistas asesinados ocurrieron en los últimos 2 años y medio”, expresa el documento.

A esto se añade las agresiones policiales que sufrieron varios periodistas durante las coberturas y la violencia estatal contra las radios comunitarias. Relata, asimismo, que la situación de impunidad promovida desde el Estado se evidencia en que, según pudieron comprobar en las reuniones con autoridades en mayo de 2015, el Ministerio Público ni siquiera tenía una lista de los periodistas asesinados y que al ser requeridos posteriormente entregaron al SPP solo una lista parcial con ocho casos.

“El ejercicio de la libertad de expresión en Paraguay enfrenta obstáculos y retos en distintos niveles. El quebrantamiento de este derecho fundamental se manifiesta a través de: la violencia y asesinatos de periodistas; la forma en la que se regula el espectro radioeléctrico; la concentración de medios de

comunicación; la supervisión estatal de la publicidad oficial; y el acceso a la información pública. Todos estos elementos funcionan como un sistema que limita el ejercicio de la libertad de expresión reconocido en su carácter dual: el individual, y el colectivo, ya que limitar la libertad de expresión no solo afecta a las personas, sino que también impacta el derecho a la sociedad de estar informada”, añade el informe.

También hace referencia a la Ley de Telecomunicaciones vigente actualmente, que limita la capacidad de las radios comunitarias a un mínimo alcance y prohíbe toda forma de publicidad, inviabilizando de este modo su funcionamiento, así como el manejo discrecional de la publicidad oficial y la utilización como una forma de coacción.

La misión subraya que las acciones de las instituciones del Estado, por acción u omisión, también obstaculizan el ejercicio de la libertad de expresión. Esta situación –prosigue–, que favorece la violencia e impunidad de crímenes en contra de periodistas, se explica por la inefectividad del sistema de justicia, la penetración de corrupción en las instituciones estatales y la violencia de Estado, a lo que se suma el incumplimiento de funciones de parte de organismos como la unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, que no investiga ni mucho menos sanciona atropellos y abusos cometidos por las fuerzas del Estado.

El informe puede ser leído aquí.

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