Comisión parlamentaria investigará actuación policial en el campo

La custodia policial a fumigaciones que violan la ley y los desalojos sin órdenes judiciales con algunos de los principales hechos denunciados. 

La policía para garantizar la violación de la ley. Una fumigación realizada al costado de un camino y sin las barreras vivas de seguridad.

En su sesión de ayer, la Cámara de Senadores aprobó la conformación de una comisión unicameral a fin de investigar la actuación policial en los desalojos y fumigaciones ilegales en Tapiracuái Loma (Capiibary), Táva Jopói, Maracaná, Laterza Cue, entre otros procedimientos violentos realizados contra la población campesina.

La propuesta fue presentada por el senador liberal Luis Alberto Wagner, quien argumentó que “la comisión es necesaria para investigar la actuación judicial, fiscal y policial, protegiendo fumigaciones ilegales que afectan al ambiente y la salud. La ley no es respetada por los que son responsables del cumplimiento legal y por los productores, a quienes no les importa la salud ni la vida de la gente”.

Uno de los principales hechos irregulares registrados es la custodia policial a la fumigación ilegal de sojales en contravención a la Ley 3742 de Control de Productos Fitosanitarios, que en su artículo 68, inciso a,  “Sobre aplicación terrestre de agroquímicos”, establece la obligación de “una franja de protección de cien metros entre el área de tratamiento con productos fitosanitarios y todo asentamiento humano, centros educativos, centros y puestos de salud, templos, plazas y otros lugares de concurrencia pública para los plaguicidas de uso agrícola”.

Asimismo, en el inciso c. de dicho artículo la ley dispone que “en casos de cultivos colindantes a caminos vecinales poblados, objeto de aplicación de productos fitosanitarios, se deberá contar con barreras vivas de protección con un ancho mínimo de cinco metros y una altura mínima de dos metros. En caso de no existir dicha barrera viva, se dejará una franja protección de cincuenta metros de distancia de caminos vecinales poblados para la aplicación de plaguicidas”.

Asimismo, algunos procedimientos se desarrollaron de manera totalmente irregular, como en Tapiracuái Loma (Capiibary), donde se destruyeron y quemaron unas 270 casas de campesinos que reclaman unas tierras del Indert que fueron apropiadas por el abogado Gustavo de Gásperi.

El desalojo fue practicado con una orden emitida por la fiscala María Luján Estigarribia cuando que el ámbito de competencia para dictar una orden de ese tipo es el juzgado

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