Comisión del Senado se reunió para analizar el desalojo de campesinos en Capiibary

Mercedes Vera, representante de Registros Públicos, sostuvo que los documentos de Gustavo de Gásperi presentan serios indicios de adulteración.

Fernando Rojas, abogado de los campesinos, explica a Mercedes Vera, de Registros Públicos, la situación documental de las tierras. Los senadores Hugo Richer y Luis Alberto Wagner, integrantes de la comisión especial del Senado, siguen la exposición.

La Comisión del Senado conformada para investigar la actuación fiscal-policial en el campo realizó este viernes una reunión para analizar el violento desalojo y posterior destrucción de los cultivos de campesinos de la comunidad de Tapiracuái Loma, distrito de Capiibary, departamento de San Pedro.

Los labriegos reclaman unas 1.600 hectáreas de unas tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), pero que están usurpadas por el abogado Gustavo de Gásperi, quien se apropió de las tierras falsificando las escrituras hace más de treinta años.

El titular del Indert, Justo Cárdenas, ha demostrado un persistente desinterés sobre el asunto, negándose incluso a opinar sobre el tema a pesar de los reiterados intentos de este medio por conocer su postura.  De hecho, el titular del ente agrario no asistió a la reunión y ni siquiera envió algún representante, alegando que tenía un acto de entrega de títulos.

El senador Luis Alberto Wagner explicó que la comisión para investigar la actuación fiscal y policial en desalojos fue conformada para determinar las responsabilidades en la mala utilización de las fuerzas públicas y calificó de ilegal el desalojo y destrucción de las viviendas de los labriegos. Asimismo, hizo notar la ausencia de representantes del Indert.

En tanto, Mercedes Vera, de la Dirección de Registros Públicos, señaló que los documentos De Gásperi presentan todos los indicios de adulteración, ya que genera muchas dudas que la numeración del documento esté sobreescrito. Esto suele ser el principal indicio de que hay “cosas raras” y que se trata de un documento presuntamente falso, apuntó.

Algunas de sus recomendaciones fueron la examinación de los documentos a través de microfilmaciones a fin de determinar si el número 1782 es el número real de la finca o si fue escrito sobre otro. En caso de que se compruebe esto último, el registro debe ser anulado, expresó.

Los campesinos y campesinas reingresaron a las tierras para intentar salvar al menos parte de sus cultivos.

Por su parte, Fernando Rojas, abogado de los campesinos, señaló a la funcionaria que a todas luces la situación cuando menos proyecta la imagen de que hay adulteración en el número de la finca, sobre todo considerando la negativa de De Gásperi de aclarar el asunto, ya que ha frenado con acciones de inconstitucionalidad la mensura judicial al tiempo que ha recurrido a otros incidentes para evitar el estudio de título.

Rojas explicó mostrando los planos las inconsistencias de las argumentaciones de De Gásperi, quien ha alegado que su propiedad es colindante a la de Pedro Zuccolillo, que se encuentra a 17 km, y a la de Peter Solem, con la que apenas se encuentra en una esquina.

 Delito continuo

En Registros Públicos consta que la finca 1105 es propiedad del Indert.

El abogado enfatizó que, aunque el delito de producción de documentos no auténticos haya prescripto, De Gásperi está incurriendo en la comisión continua del hecho punible de uso de documentos no auténticos, ya que hasta ahora pretende conservar la propiedad con escrituras adulteradas.

El pasado 5 de noviembre los campesinos fueron desalojados en un violento desalojo en el que se tumbaron y quemaron casi 300 casas, incluida la escuela, donde los niños se encontraban dando clases cuando los policías irrumpieron lanzando gases lacrimógenos.

Tras más de un mes del desalojo, los campesinos reingresaron a la propiedad para intentar salvar parte de sus cultivos. El pasado 20 de diciembre se realizó otro procedimiento, encabezado por el fiscal Alfredo Mieres, en el que los personales de De Gásperi destruyeron con tractores las chacras de los labriegos.

«Tengo los papeles», dice Gustavo de Gásperi, pero mediante chicanas judiciales frenó la mensura y el estudio de título. Foto: ABC Color.

Desde el diario ABC Color, del cual es columnista, De Gásperi insiste en que tiene los papeles, aunque se niega a mostrarlos e interpone incidentes para evitar que la situación se esclarezca. «Yo tengo los papeles, y eso me garantiza que esta fracción reclamada por los sintierras me pertenece por ley, y no sé por qué motivo las instituciones judiciales no tratan de dar un corte definitivo al tema para la tranquilidad de mi familia y de la misma gente que están insistiendo con mi tierra”, expresó el ganadero citado por el diario donde escribe.

De Gásperi sostiene que las tierras en conflicto son parte de la finca 1782. Para Mercedes Vera, de Registros Públicos, la sobreescritura de la numeración es un claro indicio de adulteración.

El número original de finca es el 1105, propiedad del Indert.

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