Colonia Barbero: anuncian que ocuparán tierras usurpadas por empresarios

Pobladores de la Colonia Barbero, ubicada en San Pedro del Ycuamandyyú, mantuvieron hoy una audiencia con el presidente de la Corte, Antonio Fretes, en la que presentaron la exigencia de que el nuevo juicio de mensura avance y se realice de una vez para dejar sin efecto la llamada “mensura de la mentira”. Esta fue promovida en 2012 por Luis Ortigoza, expresidente del Indert durante el gobierno de Federico Franco y que hizo desaparecer más de 3.000 hectáreas, arrojando que la propiedad tiene supuestamente solo 14.090 hectáreas cuando en los registros figura con una superficie de 17.343 hectáreas.

Fretes prometió que daría celeridad al juicio, explicando que se dilató por 9 meses luego de haber sido paralizado por completo por la intromisión de 3 empresas que se oponen a la nueva mensura, pues sostienen que la Colonia Barbero solo tiene 14.000 hectáreas, en sintonía con la “mensura de la mentira”. Se trata de las estancias la Blanca, administrada por Silfrido Baumgarten; Vista Alegre, con acciones del Grupo Riquelme, y Nicasio Acosta SA.

Mientras transcurría el encuentro, pobladores se manifestaron frente al Poder Judicial manifestando el cansancio respecto a las dilaciones judiciales y advirtieron que si esta demora continúa ocuparán la totalidad de las tierras que les pertenecen y que actualmente se encuentran en parte usurpadas por las mencionadas empresas y otras, incluyendo una tabacalera del presidente Horacio Cartes. Precisamente el juicio de mensura es impulsado por los campesinos para que se delimite con claridad las tierras que habían sido donadas y expulsar a los invasores, en este caso los empresarios, que no son sujetos de la reforma agraria.

Acusaron al juez Walter Mendoza de la paralización de la causa, pues en lugar de resolver rechazando la intromisión de las empresas y dictar la sentencia de mensura se pasa dictando resoluciones sobre qué va a hacer y no decide sobre el fondo de la cuestión.

Las tierras de la Colonia Barbero habían sido donadas por el Gobierno de Italia el 14 de junio de 2012 al Estado para los fines de la reforma agraria. En el acuerdo de donación se establece que las tierras son para los campesinos del lugar, pero varias empresas agroganaderas usurpan ilegalmente una fracción de la propiedad y utilizan chicanas jurídicas para frenar la mensura.

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