Colombia: ocho años de ofensiva militar

 

Colombia, un país con una larga tradición de violencia política, lleva sus últimos 50 años desangrándose en un conflicto armado interno que ha producido el desplazamiento de varios millones de campesinos, centenares de miles de muertos o desaparecidos.

Así como un ininterrumpido éxodo de ciudadanos al exterior, sin contar el precio en atraso social y pérdida de oportunidades en un país que tiene todos los números para ser una gran nación. En 1998 el presidente Pastrana intentó salir de la guerra instaurando unas conversaciones de paz con la mayor guerrilla del país, las FARC. Fueron más de tres años de pocos combates e infructuosos contactos entre las partes, hasta que los intereses políticos encontrados y de difícil convergencia prevalecieron y se reanudaron las hostilidades.

En el 2002 asumió el Presidente Uribe Vélez y con la excusa de una ofensiva para acabar definitivamente con la subversión armada, generó una suerte de cruzada contra todos los poderes que representaran una oposición a sus planes, ya no solo en el plano militar si no también en el político y económico. Con la ayuda de una prensa en gran parte complaciente (en buena medida se limitó a informar las noticias que provenían exclusivamente de fuentes oficiales), y un sutil manejo mediático digno del alemán Goebbels, se creó en Colombia una matriz de opinión adversa a todo lo que tuviera que ver con DDHH, impidiéndose de esta forma que la opinión pública tuviera otras perspectivas de los sucesos que se desarrollaban en el país.

Como muestra hoy basta detenerse en los diferentes foros de opinión pública para observar que mucha gente tiene la percepción que los sindicatos o las diferentes ONG’s que trabajan con temas de DDHH o realizan trabajos sociales están de alguna manera relacionados con la satanizada guerrilla de las FARC; no así con los combatientes de extrema derecha, -los llamados paramilitares-, que eventualmente son hasta vistos como un mal “necesario”. Lo paradójico es que, con estadísticas en las manos, estas fuerzas para-militares, junto a la fuerza pública y en parte la delincuencia común, son los culpables de la mayor parte de desafueros y delitos de lesa humanidad que se cometen en Colombia.

La misma matriz de opinión cultivada con tanto celo en esos ocho años también le permitió al gobierno estigmatizar a la oposición parlamentaria de izquierda y cruzar impunemente decenas de escandalosos casos de corrupción administrativa, cohechos, contratos oscuros, los entuertos de las bases americanas, encarcelamiento masivo de ciudadanos sin pruebas, el hallazgo de decenas de fosas comunes con probables “falsos positivos”, interceptaciones telefónicas y seguimientos a jueces, políticos de oposición y periodistas, todo sin el menor reclamo ciudadano, como si esos desmanes fueran el precio a pagar por la guerra contra los “demonios terroristas” de las FARC.

Para cualquier persona sensata que se ponga hoy a reflexionar seriamente en los desafueros observados en los ocho años del gobierno de Uribe Vélez, los “demonios” de las FARC, que por cierto no son ningunos santos, quedarían reducidos a principiantes. Tanto escándalo fue rubricado con la solicitud de la Corte Suprema de justicia de investigar a casi un centenar de congresistas afines al presidente Uribe por supuestos vínculos con los paramilitares, como también al General Mario Montoya, ex comandante de las fuerzas militares.

LOS FALSOS POSITIVOS

Un guerrillero dado de baja o hecho prisionero es lo que se llama en el lenguaje castrense colombiano “un positivo” y es suficiente para pasar a los registros de mérito de un soldado o unidad militar. Con el advenimiento del gobierno de Uribe Vélez, el ejército se vio presionado a mostrar resultados. Para incentivar al mismo, a través de algunos decretos mantenidos en riguroso secreto, el gobierno se dio en ofrecer estímulos a los uniformados en forma de dinero y días de franco para sus soldados en campaña, acumulando también así más meritos para sus normales promociones.

Tal apremio para mostrar resultados, más la evidente falta de una moral sólida en un ejército que lleva más de 50 años combatiendo contra una poderosa facción armada de su propio pueblo, llevó a muchos uniformados a crear sus propios “positivos” asesinando a campesinos, jóvenes ciudadanos desocupados y hasta gente con problemas mentales para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. El escándalo por estos “falsos positivos” estalló a fines del 2008 cuando varias mujeres denunciaron que 14 jóvenes de Soacha, ciudad próxima a Bogotá, aparecieron muertos en el norte del país y reportados por el ejército como guerrilleros izquierdistas dados de baja en combate.

A pesar del casi silencio oficial con que son tratados estos temas por el conflicto entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria, han trascendido casos de soldados que en plena selva, exhaustos, y sin relevo, deciden matar unos campesinos de la zona para ser devueltos a la base y poder pasar la navidad en familia; casos de enfermos mentales; o de jóvenes desocupados, algunos con antecedentes judiciales, engañados con promesas de trabajo y luego llevados a “campos de batalla” ficticios donde eran asesinados y disfrazados de guerrilleros.

La fiscalía está actualmente investigando unos 1400 casos, con alrededor de 2400 víctimas, 126 menores entre estos. Siendo que la mayoría de víctimas son ciudadanos o campesinos pobres con familias aterrorizadas debido a los graves atentados sufridos por los que osaron denunciar sus casos, se teme que la mayor parte de estos expedientes estén destinados a quedar en la impunidad sin una voluntad política que promueva una seria investigación y condene a los culpables; cosa que por ahora no se evidencia con claridad a pesar de los insistentes pedidos de parte de la ONU para que estos casos se esclarezcan.

LAS FOSAS COMUNES

Hay centenares de fosas comunes en Colombia. No pasa semana en que se denuncie el descubrimiento de alguna nueva. Las hay de todos los tamaños; con más de 2 muertos adentro ya es considerada una fosa común. El tema de las fosas está directamente relacionado con el de los desaparecidos y con los personas sin identificar asesinadas por cualquiera de los actores armados del conflicto. El fenómeno empieza a tomar características masivas al inicio de los 90’ con las masacres y descuartizamientos perpetradas por los grupos paramilitares para crear terror entre los campesinos supuestos auxiliadores de la guerrilla de las FARC.

La realidad luego demostró que era una táctica para quedarse con las tierras de los que iban desplazando. Se cuenta que los paramilitares llegaban muchas veces acompañados de sus propios notarios para legalizar las tierras con que se iban quedando. Hoy es sabido, y probado con cifras, que millones de hectáreas de las mejores tierras quedaron en manos de testaferros de narcos-mafiosos y para-militares, por lo que se habla de una verdadera y propia contra-reforma agraria ocurrida en el país en los últimos 20 años. El resultado final es: más de tres millones y medio de campesinos mendigando por las calles de las grandes ciudades colombianas y millones de hectáreas fértiles y productivas en manos de una mafia, en muchos casos entroncados con el poder político oficial.

A raíz de la aparición en los últimos tiempos de varias fosas comunes con centenares de despojos humanos sin identificación, se ha instaurado una fuerte polémica entre el gobierno y los defensores de DDHH. Diversas entidades colombianas y extranjeras, como el Bloque por Asturias y varios parlamentarios de la Unión Europea exigen a la Comunidad Internacional investigar la llamada fosa común de La Macarena, denunciada por campesinos de la zona y ubicada en un área controlada desde el 2002 por el ejército colombiano.

El gobierno afirma genéricamente que ésta y las demás grandes fosas son en realidad cementerios que contienen los cuerpos de guerrilleros N.N. dados de baja. Sin embargo, muchos campesinos de las zonas donde se encuentran esas fosas o cementerios en cuestión afirman que en esas hoyas reposan los restos de parientes y amigos “desaparecidos” por el ejército o los grupos para-militares. Viene al caso y llama la atención los asesinatos de algunos líderes campesinos y trabajadores de DDHH denunciantes; el último fue el homicidio de Norma Irene Pérez, activista de DDHH y una de las auditoras denunciantes en el caso de La Macarena.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló un informe sobre las fosas comunes de la Macarena, expresando su preocupación sobre el tema de los N.N en esa región, aunque también últimamente negó la existencia de una fosa común allí afirmando que es un cementerio. Hace más de un año la Fiscalía inició un censo nacional de N.N. con el fin de establecer cuantas personas sin identificar fueron enterradas en cementerios públicos y privados de Colombia. El resultado fue que en las últimas dos décadas habían sido desaparecidas 32.348 personas.

LO QUE VIENE

Será tarea del gobierno entrante del Doctor Juan M. Santos tratar de enderezar una situación que recoge el legado del Presidente Uribe que, inexplicablemente si no es a través de un manipulado manejo mediático, terminó su mandato con un alto índice de popularidad a pesar de dejar a Colombia con el desempleo más alto de Latinoamérica, unos índices de pobreza e indigencia aún mayores de cuando asumió, una guerrilla, si bien algo diezmada, intacta en su dirigencia y con renovados bríos militares a juzgar por las acciones reportadas últimamente, y donde según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de cada diez sindicalistas asesinados en el mundo, 9 son colombianos.

 

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