Codehupy se solidariza con secuestrados e indica que el EPP recurre a reclutamiento forzoso

Misión de Observación ofreció informe preliminar. Foto: Codehupy.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) se solidarizó con las víctimas de secuestro, Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, quienes se encuentran en el poder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo criminal que opera en el norte del Paraguay. Fue en el marco de un informe preliminar de una Misión de Observación que estuvo recabando datos en la zona.

Codehupy se adhirió a las declaraciones de la familia Denis, que demandan al Estado paraguayo que adopte las medidas necesarias, en el marco de la ley, para encontrar y rescatar con vida a todas las personas secuestradas, incluyendo a los niños y niñas víctimas de reclutamiento forzoso. “La Codehupy se suma al clamor de la toda la sociedad paraguaya que reclama la libertad estas personas”, refiere el documento.

Reclutamiento forzoso

Además, la Misión recibió información confiable y de primera mano sobre una persona mayor de edad que se encuentra desaparecida hace más de dos años. “Esta persona podría haber sido víctima de reclutamiento forzoso por parte del Ejército del Pueblo Paraguayo. La Codehupy cotejará la información suministrada con fuentes oficiales del Ministerio Público a los efectos de obtener un reporte definitivo sobre el caso. De confirmarse este hecho, estaríamos ante una cuarta persona que estaría privada de su libertad de manera ilegal en manos de los grupos criminales en la región”, indica el informe.

Decargue aquí el informe preliminar: Misión de Observación de los Derechos Humanos – Informe Preliminar

Las operaciones de grupos criminales que apelan al secuestro no solo afectan a las víctimas directas y sus familiares sino a toda la comunidad y requiere una respuesta oportuna, eficaz y centrada en los derechos humanos, en particular, la protección de la vida, menciona Codehupy en su reporte.

“Es necesario que el Estado mantenga una proximidad constante y respetuosa hacia los familiares de cada víctima de secuestro, a través de información frecuente y efectiva, orientación, apoyo y contención, así como el reconocimiento de la capacidad de los familiares para proponer medidas de investigación, más allá de las meras formalidades. La inefectividad del esfuerzo estatal, así como un abordaje que no rinde cuentas, genera desconfianza e incertidumbre social”, explican los observadores en su documento preliminar.

La misión de Codehupy ha observado que la política de seguridad en la región ha modificado parte de su estrategia de intervención, en un claro giro por ganar “mentes y corazones” de la población bajo su zona de influencia, declarando como objetivo de su intervención el desarrollo y la seguridad, a través de la asistencia social a la comunidad.

El organismo de DDHH remarcó que se requiere una mayor presencia efectiva del Estado en la región, pero a través de estrategias sostenibles y estructurales desde los entes públicos cuya naturaleza y existencia están convocados a ello y no sólo desde una fuerza supletoria que además es de carácter temporal y de naturaleza beligerante.

La misión observó que la política de seguridad que se plantea en la región tiene mayor relación con el control de la conflictividad social que genera el modelo de desarrollo cuya implementación está en curso en la región, antes que en la mitigación del riesgo que representa el crimen organizado.

Codehupy remarca que resulta necesario evaluar la política nacional de seguridad, que debe contemplar el acompañamiento y fortalecimiento de los lazos de solidaridad comunitaria, priorizar la intervención de los entes públicos especializados, ser participativa en la definición de sus prioridades, enfocada en los derechos humanos y abierta al monitoreo y rendición de cuentas.

Por otro lado, la Codehupy comentó que se encuentra profundamente preocupada por la pérdida de contacto o extravío en la zona militarizada de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, hija de dos integrantes del EPP, de quien se dejó de tener noticias y/o contacto desde fines de noviembre de 2020. “Preocupa en particular la ausencia de medidas efectivas para su búsqueda y localización. El Estado debe adoptar medidas serias y eficaces a este respecto, dando a Carmen un tratamiento acorde a su condición de adolescente que debe ser protegida prioritariamente por el Estado, en ausencia de una protección familiar o comunitaria”.

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