CIDH pide a Paraguay y Brasil colaboración para investigar el caso Santiago Leguizamón

«Después de casi 30 años del asesinato de Santiago Leguizamón, 13 años después del inicio de la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones de derechos humanos por parte del Estado Paraguayo con relación al caso de Santiago Leguizamón, nos llegó hoy la comunicación oficial de la CIDH en la cual considera que Paraguay violó los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (prohibición de la tortura y malos tratos), 13 (derecho a la libertad de expresión), 8 (derecho a la justicia)y 25 (Protección Judicial), en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio del periodista y su familia», comentó Dante Leguizamón, hijo del periodista ultimado por denunciar a narcotraficantes en la frontera del departamento de Amambay con el Brasil. 

La CIDH concluyó que Paraguay es responsable de varias violaciones respecto al asesinato del periodista Santiago Leguizamón, cuyo caso quedó impune en Paraguay. Hasta hoy se sospecha que el autor intelectual del asesinato fue el mafioso Fahd Yamil Georges de 79 años.

«El informe y las recomendaciones de la Comisión, traen un atisbo de justicia para la familia y es una oportunidad para que el Estado inicie un proceso real que ponga fin a la impunidad y a la sumisión de los poderes del Estado ante las mafias», consideró la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy) en un comunicado.

En el texto se indica que «la comunicación oficial en la cual la CIDH considera que Paraguay violó varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -como los derechos a la vida, la libertad de expresión y garantías judiciales entre otros- fue remitida a la familia Leguizamón este martes 25 de agosto de 2020.

El caso, que data del 26 de abril de 1991 está impune, así como la mayoría de los otros 18 asesinatos de periodistas ocurridos a partir de entonces. Para el secretario ejecutivo de la Codehupy, Oscar Ayala Amarilla, esta situación demuestra la vigencia del poder de las mafias y la dimisión del Estado frente a ese poder, en especial en las zonas de frontera, donde la justicia es un bien escaso, minado por la violencia y la corrupción. Al mismo tiempo resaltó que esta es una oportunidad que tiene el Estado para generar un proceso de combate a la impunidad y de recomposición para garantizar la libertad y la seguridad de las todas personas.

En el mismo sentido, la abogada Julia Cabello del equipo jurídico de la Codehupy afirmó que el Estado debe tomar los estándares señalados en el Informe de Fondo para construir herramientas válidas para investigar exhaustivamente no solo el caso de Santiago, sino los otros casos de periodistas que fueron asesinados en el ejercicio de la profesión; asimismo es un momento para crear y fortalecer herramientas eficaces de prevención para proteger a periodistas y cualquier otra persona defensora de derechos humanos, para que hechos similares no vuelvan a ocurrir y, finalmente promover la libertad de expresión, bien jurídico que, en este caso, junto con la vida de Santiago, le fue arrebatada a él pero las consecuencias son para toda la sociedad.

“Fueron muchos años de lucha y de esfuerzo principalmente de la familia de Santiago, creemos que este es un primer paso de reparación, aunque lamentamos mucho que tengamos que recurrir a estas instancias para encontrar algo de justicia, cosa que el Estado paraguayo debería garantizarnos a todos”, analizó Santiago Ortíz, miembro de la Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay, quien también viene acompañando el proceso desde hace muchos años.

Ortiz resalta que la mafia que asesinó a Santiago Leguizamón fue mutando y cooptando espacios formales de poder. “Son actores políticos importantes y tienen cooptado el poder político y eso nos preocupa mucho. A partir de aquel suceso de abril de 1991, ya cerca de una veintena de colegas han sido asesinados por el crimen organizado y la gran mayoría de ellos ha quedado en la impunidad”, dijo.

Para él, esta cooptación de poder político es garantía de impunidad para seguir amenazando, amedrentando, asesinando periodistas, por lo que señala que el Estado debe tomar estas recomendaciones muy en serio y traducirlas en políticas reales, concretas de seguridad, acceso a la justicia y protección judicial.

Algunas de las recomendaciones de la CIDH para el Estado:

  1. Una investigación completa del asesinato.
  2. Cooperación del Estado de Brasil para que Paraguay investigue y sancione o, en su caso que Paraguay colabore con el Estado de Brasil para que se realice una investigación.
  3. Adoptar medidas para reducir la exposición al riesgo de periodistas y trabajadores de medios de comunicación que se encuentran en situación de riesgo especial.
  4. Fortalecer la capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de amenazas y muertes de periodistas.
  5. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe.
  6. Diseñar programas de formación y capacitación que incluyan los estándares y criterios con relación la investigación de crímenes contra periodistas.», concluye el documento.

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