Choferes crucificados trasladaron campamento al lado del ministerio

Los choferes crucificados que fueron despedidos de la Línea 49 trasladaron el campamento en un local ubicado al lado de la sede del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esto ante el inminente desalojo que se preparaba ante un juicio de amparo promovido por el ministro Guillermo Sosa y que fue firmado por la jueza Rocío González.

Asimismo, esta mañana se creó un clima de tensión ante el traslado de los choferes crucificados para declarar al Palacio de Justicia de Asunción. Los crucificados iban a ser trasladados en las carrocerías de camionetas, lo cual fue impedido por la policía alegando exposición al peligro en el tránsito terrestre. Luego se dispuso el uso de ambulancias para el traslado, según reportes de prensa.

El abogado Víctor Azuaga señaló que se pretendió llevar un desalojo de manera totalmente irregular, pues no existe ninguna orden judicial, sino apenas la notificación de comparecencia para el inicio del juicio de amparo para liberar el paso en la zona. En cambio, sostuvo que los manifestantes no impiden el paso a nadie y las personas entran y salen sin obstáculos de la sede de la cartera de Estado.

El 2 y 3 de noviembre se realizó un paro de trabajadores del transporte público y de carga en apoyo a los trabajadores de la Línea 49 que fueron despedidos por haber intentado conformar un sindicato. Un total de 23 trabajadores se encuentran crucificados desde hace más de 120 días, cuatro se han atravesado la boca con clavos y 15 están en huelga de hambre hace dos meses. Cuatro están presos en la cárcel de Tacumbú y otros 10 están imputados por “perturbación de la paz pública” tras una manifestación realizada frente a la parada de la empresa en la ciudad de Limpio.

Otra de las consignas del paro fue el rechazo al cobro direccional del peaje que está previsto empiece a regir desde 2016 y que afectará fuertemente a los transportadores de cargas. También repudian el aumento del pasaje a 3.400 guaraníes con los buses diferenciales, que fueron adquiridos con un aporte estatal de 11.450.000 dólares, pero que de igual manera resulta más costoso para los usuarios.

Ante la falta de respuestas a los reclamos, las centrales sindicales anunciaron la realización de una segunda huelga general para el 18 de diciembre.

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