César Ruiz Díaz pide “garantías jurídicas” para mejorar el transporte

César Ruiz Díaz, titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), pidió al gobierno el respeto a la ley y “garantías jurídicas” a la inversión de capital privado para mejorar el sistema de transporte público.  

César Ruiz Díaz, de la Cetrapam.

Al reseñar una reunión con las autoridades del nuevo gobierno, Ruiz Díaz dijo a radio Cardinal AM que su gremio expresó que “necesitamos dos cosas fundamentales: el respeto a las tarifas, a la ley y una garantía jurídica. Las garantías jurídicas que necesita cualquier capital privado para su inversión. ¿Qué quisimos decirle? No nos embarquemos en inversiones de renovación de flota y que después por decreto del Poder Ejecutivo se decrete la baja del pasaje cuando que la ley ordena y marca otra cosa (…). Es una situación que se debe revertir y llevar a su estado natural”.

Ruiz Díaz también dijo que para su gremio es mejor terminar con el subsidio y aumentar el pasaje, aunque observó que para la ciudadanía es mejor mantener el régimen actual mediante el cual pega menos de lo que tiene que pagar.

“Para nosotros es más conveniente y menos oneroso, para no estar esperando (…). Para la ciudadanía es mucho más rentable, les conviene mucho más el régimen de subsidio porque pagan un pasaje por debajo de lo que realmente tienen que pagar y generalmente tiende a castigar eso a la informalidad”, declaró.

Sobre el sentido del subsidio destacó que, a parte de congelar el precio del pasaje, en una medida que contiene la inflación. “Es una decisión que permite que el pasajero siga pagando G. 2.000. Tenemos que partir de esa premisa. De no existir este régimen de subsidio el pasajero tendría que pagar G. 2.600. Entonces hace de que este régimen de subsidio sea también una contención a una espiral inflacionaria”, expresó, aunque aseguró que “nosotros preferimos de que se cobre el pasaje. Tenemos que remontarnos a la historia. Qué es lo que hicimos durante dos años para cobrar: regular, parar, zapatear, hacer berrinche. Pero por qué. Porque no se cumplía con nosotros. Entonces si se paga el pasaje, el pasajero que abona su ticket o boleto, ya no está esperando 30, 60 o 90 días para percibir un ingreso que te corresponde”.

También restó crédito a las versiones gubernamentales de que los atrasos en los pagos se debieron a la falta de recursos. “La semana pasada se había dicho que el régimen de subsidios no iba a continuar porque no habían recursos. Yo sostengo que los recursos existen. Están ahí. Lo que no se hizo fue pedir la ampliación presupuestaria para el Viceministerio del Transporte para honrar esos compromisos. Fue un error administrativo en el gobierno anterior de no haber tenido en cuenta esa situación”, afirmó.

El titular del criticado gremio incluso presentó una “recomendación técnica” para terminar con los buses chatarra. La misma consiste en aumentar los subsidios y bajar el precio del pasaje a G. 1.000, ya que en dichas condiciones las empresas que no estén en regla para recibir los subsidios ya no podrán operar.

“Ahora, si nosotros buscamos es mejorar el transporte público definitivamente. Hay otra recomendación técnica. De que continúe el subsidio, de que el subsidio sea mucho más alto y llevar el precio del pasaje hasta G. 1.000 por un lapso de 2 años. En dos años te desaparece todas las unidades chatarra de la República del Paraguay porque no van a poder salir a operar cobrando G. 1.000”, propuso.

Sin embargo, un examen especial realizado por la  Contraloría General a la Dirección Nacional del Tesoro Público reveló que  cinco empresas del transporte cobraron subsidios  siendo deudoras del Estado. Las empresas  deudoras que cobraron son Curupayty S.R.L, Ykuá Satí, Cuidad de Guarambaré, Primero de Diciembre y Automotores Guaraní.

“Qué es lo que genera la ira y la repulsa del público: los ómnibus chatarra, los ómnibus vetustos, los que tienen más de 20 años, los que no tienen Inspección Técnica Vehicular, lo que se caen a pedazos. En este sentido desaconsejó las vías represivas como sacar policías y requisar las unidades que no están en condiciones. “Hay que ser más inteligentes”, dijo.

También instó a los medios a tener “responsabilidad informativa” y aclarar que el subsidio es a los pasajeros, no a los transportistas.

Los transportistas piden «garantías jurídicas», pero no ofrecen ninguna garantía a los usuarios.

“Yo soy consciente de que la gente entiende eso”, respondió ante la observación de los periodistas sobre las denuncias de que los empresarios ofrecen declaraciones falsas sobre la flota empleada para cobrar un dinero seguro. En este sentido dijo que si las acusaciones fueran ciertas los empresarios ya hubieran estado presos.

 Al ser observado sobre el nulo control del Estado en la materia, dijo simplemente que “si no tiene la capacidad, cambien al viceministerio”. Ruiz Díaz reveló también que cobran un subsidio de G. 4.930.740 por unidad, cuidándose muy bien de no mencionar el monto total que reciben las empresas en dicho concepto.

“Si el pasaje tiene que subir que suba, y si tiene que bajar que baje”, exclamó al referirse al ajuste en el precio del gasoíl que debería registrarse en los primeros días del mes de setiembre.

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