Centrales sindicales se mantienen en la convocatoria a huelga general

La Plenaria de las Centrales Sindicales ratificó ayer su decisión de realizar la huelga general el 26 de marzo próximo, pese al probable reajuste salarial del 10% que otorgará el gobierno tras la recomendación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasam).

La Plenaria de las Centrales Sindicales se reafirmó en el llamado a la huelga general del 26 de marzo.

En conferencia de prensa realizada ayer en el local de la CUT-A, la Plenaria de Centrales Sindicales que está conformada por seis de las siete centrales existentes en Paraguay, se reafirmó en la convocatoria a la huelga general para el 26 de marzo, con todos sus reclamos.

Además del reajuste salarial del 25% sobre la base del salario mínimo para todos los trabajadores del país, sean estos públicos o privados, con un control de precios de la canasta familiar, la huelga general tiene como reclamos principales que el pasaje del transporte de pasajeros vuelva a G. 2.000; una verdadera libertad sindical, la derogación de la Ley de Alianza Público-Privada (APP), y, en general, “contra el modelo neoliberal del gobierno del presidente Horacio Cartes”.

Según estiman los sindicalistas, el 25% de reajuste debe calcularse sobre el salario mínimo actual (G. 1.658.000) y debe abarcar a todos los trabajadores, sean estos del sector privado o público, pues los ajustes de precios de la canasta básica afectan a todos los trabajadores sin excepción.

En la rueda de prensa, los presidentes de las centrales expresaron también el rechazo de la resolución del Conasam en cuanto a su recomendación de otorgar un reajuste del 10%, puesto que –afirmaron– debido dicha instancia carece de legitimidad y legalidad y no representa a los trabajadores.

Pérdida de valor adquisitivo

El presidente de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), Julio López, señaló que según un estudio realizado por el economista Raúl Monte Domecq para la CUT-A, “en los últimos 25 años, la evolución de la inflación fue superior al crecimiento del valor del salario, es decir, el valor adquisitivo del salario se perdió en un 25%, por lo que el salario mínimo debería estar rondando los G. 2.100.000”.

“El déficit que el salario mínimo viene arrastrando se traduce en menor poder de compra del trabajador y de su familia para satisfacer las necesidades más básicas, contribuye a la precariedad laboral y a la pérdida de la calidad de vida del trabajador y su familia, porque significa menor posibilidad de acceso a bienes y servicios como alimentación, salud, educación, vestimenta, transporte, diversión, y otros rubros del presupuesto familiar”, dijo López.

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores-Auténtica (CUT-A), Bernardo Rojas, se refirió a la “inoperancia gubernamental, la falta de una política que ataque frontalmente el desempleo y la informalidad laboral en nuestro país, pues a seis meses de haber asumido el presidente Horacio Cartes y su equipo, hasta hoy día no se ha creado o impulsado a través del gobierno la creación de fuentes de empleos para los miles de trabajadores desocupados en el país”.

Según Rojas, los trabajadores y sus necesidades no significan ni siquiera un complemento a los proyectos, pues a pesar de haber pasado ya dos meses de la creación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, este debería estar en pleno funcionamiento, “pero no solo no tiene rubros en el Presupuesto General de la Nación, sino que ni siquiera tiene un ministro al frente; hoy solo tiene un encargado de despacho”, puntualizó.

Al respecto, el documento distribuido tras la rueda de prensa, denuncia “el caos y la zozobra de los trabajadores, pues las empresas y el gobierno han realizado miles de despidos en total contravención de lo que establecen las leyes. El Ministerio de Trabajo ha hecho caso omiso a estos reclamos. También en esta cartera ministerial se han parado todos los procesos administrativos de los sindicatos, sean estos pedidos de tripartitas, reconocimiento de nuevos sindicatos, etc.”.

El texto también manifiesta la preocupación de las centrales sindicales en el tema de Seguridad Social, “pues todos los gobiernos de turno lo tienen como un botín político de recaudación y agencia de empelo para los amigos, dejando de lado el interés por los asegurados y familiares”. Rechazan la privatización o desregulación del seguro social y se ratifican en la necesidad de continuar y fortalecer el sistema solidario y de reparto igualitario.

El escrito se refiere, asimismo, a la ley de Alianza Público-Privada (APP), a la que califica como una normativa “creada para despojar al Estado paraguayo de los bienes patrimoniales estratégicos y que no traerán beneficios para los ciudadanos”.

“Es, también, inconstitucional pues deroga las atribuciones de dos poderes del Estado que son el Legislativo y el Judicial y da superpoderes al Poder Ejecutivo, o sea al presidente Horacio Cartes, de manera que él solo pueda autorizar la privatización de los entes y bienes públicos. Es por ello que no cesaremos en nuestras acciones hasta que dicha ley sea derogada por el Congreso Nacional”, refiere el documento.

Costo excesivo del transporte

La Plenaria de Centrales Sindicales también afirma que el transporte público de pasajeros (que es privado) tiene un costo excesivo, con ómnibus que ni siquiera están en condiciones de transportar a seres humanos dignamente y a un precio elevado que debe ser menor. Ante esto exigen el medio boleto para los estudiantes de todos los niveles.

Según el documento, con el gobierno de Horacio Cartes se profundizó la violación a los contratos colectivos de trabajo, sean en los entes públicos como privados, se despiden a dirigentes y delegados sindicales y las organizaciones sindicales no encuentran respuestas a estos atropellos en el Ministerio del Trabajo. Las centrales estiman que la indefensión es producto de las instrucciones del propio Ejecutivo, lo que hace que la libertad sindical sea violentada en todos sus aspectos.

Finalmente, los dirigentes sindicales expresaron su apoyo a las reivindicaciones por décadas postergadas de los campesinos, que luchan por un pedazo de tierra en el país y por una verdadera reforma agraria, “y no como hoy, que  estamos dominados por los latifundistas, que deforestan al país y contaminan a los habitantes con los agrotóxicos, dando más prioridad a sus cultivos que a la vida de los seres humanos”, expresan.

Además del reajuste salarial del 25% sobre la base del salario mínimo, la huelga general tiene como reclamos principales que el pasaje del transporte de pasajeros vuelva a G. 2.000; exige una verdadera libertad sindical, la derogación de la Ley APP, y, en general, se manifiesta “contra el modelo neoliberal del gobierno del presidente Horacio Cartes”.

La Plenaria de Centrales Sindicales está conformada por la Central Unitaria de Trabajadores–Auténtica, (CUT-A), Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), Central Sindical de los Trabajadores del Paraguay (CESITP),  Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), Central General de los Trabajadores (CGT) y la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT). Adhiere la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes).

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