Censura contra miles de usarios de internet: el gobierno guarda silencio hasta hoy

A 6 días de la censura que dos prestadoras de servicios de internet cometieron contra miles de ciudadanos, violando la libertad de expresión, ni la Conatel, ni la Sicom ni la Fiscalía emitieron declaración ni acto algunos. La censura cometida por Tigo y Personal fue flagrante. 

 

Carlos Gómez Zelada, presidente de Conatel. Fuente: prensario.net

Desde el pasado miércoles, un día después de que las empresas telefónicas cometieran la censura, este medio intentó infructuosamente por diversos medios obtener una posición institucional del minsitro de la Secretaría de información y comunicación para el desarrollo (Sicom), Martin Sanneman, y del presidente de Conatel (Comisión nacional de Telecomunicaciones), Carlos Gómez Zelada, respecto del hecho. En ninguna de las dos instituciones hemos tenido receptividad, no habiendo sido devueltas nuestras llamadas ni respondidas nuestras solicitudes de entrevistas.

El martes 25 de setiembre pasado, ambas prestadoras bloquearon el sito www.abcolor.me, inmediatamente despues de que el diario ABC Color presentara ante la fiscalía de delitos informáticos denuncia formal contra los creadores del sitio de noticias falsas. Con este acto, interfirieron en el derecho a la libre expresión de sus usuarios para acceder al sitio humorístico.

En el caso de la Conatel, la respuesta es más que obligatoria, puesto que las prestadoras de servicios de internet violaron claramente el artículo 26 del Reglamento de concesión de explotación del servicio establecido por éste ente regulador, que dice: “El prestador que provea el servicio deberá respetar el principio de neutralidad de las redes, por el que no podrá interferir o degradar el tráfico recibido o generado por el usuario ni variar la capacidad contratada según el tipo de contenido, aplicación, origen o destino decidido por el usuario”.

Por el lado de la Sicom, el acto de censura también le compete políticamente, puesto que Sanneman tiene atribuciones en las decisiones que el gobierno pudiera tomar respecto del asunto.  Sanneman, cuando menos, debio haber salido con una declaración como ministro; pero nada de eso ha ocurrido hasta hoy.

La Unidad fiscal de delitos informativos, a cargo del agente Ariel Martínez, tiene la facultad de tomar iniciativa propia, sin que medie denuncia de terceros, ante lo que podría ser considerado como un «delito» flagrante. Sin embargo, hasta ahora el fiscal no ha efectuado acción alguna.

 

 

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