El triunfo de Sebastián Piñera en Chile no es por cierto totalmente inesperado, aunque sí una fuerte decepción para los ciudadanos de ese país y del continente que se identifican con los idearios progresistas, muchas veces difusos y vacilantes en su expresión política, pero intrínsicamente asociados a principios humanistas, al respeto a los derechos humanos, a la búsqueda de justicia social, a una mejor distribución de la riqueza y a la igualdad en el acceso a bienes y derechos básicos, entre otros componentes.

Este ideario fue representado en Chile por la denominada Concertación por la Democracia, asociación política de los partidos y movimientos que se unieron en la oposición a la dictadura militar y que condujeron al restablecimiento de la democracia en el país a partir de 1990. La decepción política de hoy se asocia a una sensación de vergüenza, cuando uno observa imágenes como aquella en que algunos partidarios de Piñera exhiben triunfalistas los retratos y bustos de Pinochet y proclaman a voz en cuello consignas revanchistas contra los que ahora dejan el gobierno.

Junto a la decepción y la vergüenza crece la inquietud ante un período que se abre amenazando conquistas históricas del país, tales como la propiedad social del cobre, los programas sociales, la prioridad en el compromiso del estado por la salud y la educación públicas, la mantención de los derechos sindicales y laborales y el proceso de esclarecimiento definitivo de los abusos cometidos por la dictadura y su castigo, aún pendiente en muchos casos. Es cierto que un análisis meramente electoral de lo ocurrido no debería preocupar demasiado: se mantiene prácticamente igual el empate tradicional entre la Concertación y sus aliados con las fuerzas políticas de la derecha, con bajos porcentajes de diferencia. Como hacen notar muchos analistas, la cantidad de votos de la derecha es incluso ligeramente menor que el obtenido en la elección presidencial pasada y eso se expresó también hace un mes en las elecciones parlamentarias, donde la mayoría fue para la Concertación en alianza con la coalición Juntos Podemos Más, formada por el partido comunista y otros sectores de izquierda no concertacionista, quienes llegaron inclusive a elegir tres diputados, por primera vez desde el fin de la democracia en 1973.

Una interna irresuelta

La Concertación tuvo como objetivo central originario, unitario y compartido, el de lograr la restauración de la democracia en Chile y, si bien sus integrantes responden mayoritariamente al ideario genérico del progresismo, fueron siempre evidentes las diferencias internas ante temas políticos y sectoriales concretos, no tanto porque hubiera tendencias claras de derecha, que también hubo, aunque minoritarias, sino por un contraste entre un enfoque conservador (mantener lo alcanzado, privilegiar el desarrollo económico en el contexto de la globalización, favorecer la concentración de la riqueza y la inversión extranjera, etc.) y otro avanzado (reformas a la constitución, cambios del modelo económico, redistribución de la riqueza, inversión en áreas sociales, etc.). Estas diferencias fueron generalmente neutralizadas, descuidadas o a veces resueltas entre las cúpulas de los partidos políticos concertacionistas, ya establecidas y consolidadas desde largo tiempo, sin renovarse y eludiendo crear o fortalecer instancias de mayor participación de sus propias bases y del conjunto de la población. Así, por ejemplo, se impidió llevar adelante iniciativas políticas tales como la reforma de la constitución, incluyendo la modificación de la ley electoral, conocida como sistema binominal, que consagra de hecho la exclusión de sectores políticos ajenos a los partidos tradicionales en cargos de elección popular o impide el derecho a voto de los chilenos en el extranjero.

El descontento creciente de amplios sectores de base de los partidos gobernantes, sumado a la debilidad en el proceso de reformas, llevó en el último período de gobierno al desmembramiento parcial de la coalición gobernante y a su descrédito, a pesar de la eficacia, popularidad e imagen altamente favorables de la presidenta Bachelet. La derecha chilena, que nunca dejó de ser una fuerza relevante en Chile y que controla sin ambages todo el quehacer económico del país, dueña de la riqueza y de los medios de comunicación, mayoritaria en el parlamento e influyente en el poder judicial y las fuerzas armadas, fue capaz de estructurarse políticamente de forma muy eficiente, ofreciendo una imagen renovada, moderna y rejuvenecida, logrando inclusive crear importantes bases de apoyo en algunos sectores populares, con un discurso populista orientado a propiciar pequeñas reivindicaciones de problemas cotidianos, sentidos por la población. Al mismo tiempo, hizo esfuerzos por distanciarse de su pasado dictatorial, desvinculándose formalmente de todas las responsabilidades, de los privilegios que obtuvo y compartió en el régimen militar  y de los abusos generados en ese período. El golpe de estado de 1973 y la dictadura pinochetista fueron catalogados como “lamentables hechos del pasado”, con bastante éxito mediático para los derechistas, aprovechando su peso ilimitado en los medios de comunicación de masas y también las vacilaciones y debilidades de la Concertación gobernante en relación a este tema.

El éxodo previsible

Otro factor que influyó en la derrota actual fue el surgimiento y desarrollo de sucesivas disidencias de izquierda en el seno de la Concertación, fenómeno casi imprevisto para los dirigentes políticos tradicionales de los partidos concertacionistas, el cual fué muy mal asimilado y manejado por los mismos. Primero se dió el alejamiento del ex ministro socialista Jorge Arrate, quien abandonó su partido, se integró al partido comunista y pasó a encabezar la coalición Juntos Podemos Más, expresión política de la izquierda extraparlamentaria, como candidato presidencial; luego, fue el senador socialista Andres Navarro quien también rompió con la coalición gobernante y, finalmente, la cabeza más visible de esta disidencia fue el diputado socialista Marco Enriquez- Ominami, quien también renunció a su partido y se convirtió en un exitoso candidato independiente a presidente de la república, generando un movimiento populista y a ratos verbalmente audaz de gran alcance, con un rostro juvenil y renovador que la Concertación hacía rato ya había perdido. Lamentablemente, este candidato terminó priorizando sus conflictos con la Concertación y el gobierno, antes que a su plataforma política progresista y de oposición al retorno de la derecha al poder, generando un programa ambiguo, cargado de reformismo tibio y de guiños hacia la derecha y la izquierda, manteniendo una postura revanchista que lo llevó a afirmar hasta el último día que “era lo mismo” votar por Frei o por Piñera. Esta actitud de ME-O, como se lo conocía, contribuyó a dispersar y debilitar la votación de la Concertación en la segunda vuelta electoral, abriendo paso al triunfo de Piñera y al retorno de la derecha al poder en Chile.

Por esto, con todo lo doloroso y hasta vergonzante que resulta la elección del empresario Sebastián Piñera como presidente de Chile y  el retorno al poder político de la derecha económica y de la ultraderecha pinochetista, este fenómeno no puede ser considerado una sorpresa. Es la consecuencia, por una parte, de un equilibrio electoral mantenido a fuerza de debilidades y concesiones que la Concertación chilena no quiso o no pudo enfrentar durante veinte años de gobierno, prefiriendo perpetuar la Constitución Política, las leyes electorales y otras restricciones, que fueron establecidas por la dictadura y por el parlamento digitado con el cual se inició la transición a la democracia. Por otra parte, por la falta de compromiso de todos los partidos gobernantes con un programa progresista de reformas profundas, que pusiera coto a la extrema concentración de la riqueza y propiciara su redistribución interna, protegiendo la propiedad social de los recursos naturales y ampliando los beneficios sociales con una perspectiva de equidad y justicia, junto con asegurar la defensa irrestricta de los derechos humanos, en especial los de las minorías postergadas, y obtener la aclaración y castigo de todos los delitos cometidos durante la dictadura militar. Finalmente, la inmadurez política o la ambición desmesurada que impidieron tanto a los dirigentes de los partidos de la Concertación el abrir espacio a las inquietudes de la disidencia progresista y a la renovación de sus estructuras y equipos dirigentes, como a algunos líderes de esta disidencia ser capaces de abandonar resquemores personales, priorizar lo esencial, buscar consensos e impedir en definitiva el triunfo de la derecha.

Queda un balance final favorable que no es despreciable: la todavía altísima votación de los sectores progresistas (más del 48%); la incorporación de una nueva fuerza política de izquierda al parlamento, en una de cuyas cámaras su suma constituirá una mayoría crítica, que ayudará a frenar los intentos de retroceso temidos en esta nueva etapa;  así como el fortalecimiento de una conciencia renovadora de las dirigencias y procedimientos de los partidos políticos, para incorporar las nuevas inquietudes, iniciativas e ideas que fueron surgiendo durante la campaña electoral reciente.

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