Caso Sawhoyamaxa: Codehupy y Tierrariva solicitan audiencia con el Fiscal General del Estado

La comunidad Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet, con más de 150 familias, estaba asentada en el km 370 y 390 a la vera de la ruta Rafael Franco, desde hace más de 20 años, el pasado 21 de Marzo reocuparon sus tierras ancestrales. Recientemente la fiscalía de pozo colorado los intimó a desalojar de nuevo sus tierras.

Fuente de Imagen: Tierra Viva

En el año 1989 iniciaron ante el INDI el pedido de restitución de las tierras, y ante la falta de resultados de parte de las instituciones pertinentes del país, en el año 2000 recurrieron ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la búsqueda de justicia para la comunidad.

 En el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia favorable al pedido de los Enxet, obligando al Estado Paraguayo a restituirle a la comunidad sus tierras ancestrales, en el plazo de tres años, más de 14.000 hectáreas, conocidas como Santa Elisa y Michi, en manos del  ganadero de origen alemán de nombre Heribert Roedel, quien se dedica a la explotación ganadera en las tierras, y en esa zona tiene más de 60.000 hectáreas de tierras.

El 21 de marzo pasado, a siete años de aquella sentencia de la CIDH  y a 20 años de haber sido expulsados de sus tierras, la comunidad Sawhoyamaxa del pueblo Enxet decidió ocupar de nuevo aquellas tierras ancestrales cruzando el alambrado que les separaba de ellas.

Pese a constituirse una delegación oficial encabezada por la ministra de justicia y trabajo, la cual manifestó que no habría desalojo, la semana pasada el fiscal de Pozo Colorado, Héctor Velázquez intimó a la comunidad para el desalojo de las tierras.

Solicitud de audiencia con el Fiscal General del Estado

Las organizaciones Codehupy y Tierra Viva que están asistiendo a la comunidad Sawhoyamaxa en el caso solicitaron en el día de ayer audiencia al Fiscal General del Estado para tratar el caso y solicitar que pronto se hallen soluciones a este conflicto.

En la nota las organizaciones, a través de sus representantes, manifiestan: «Señor Fiscal General, mucho ya se ha discutido sobre el caso en particular, se ha obtenido la máxima resolución judicial por lo que excusas para el no cumplimiento del derecho de la comunidad indígena, carecen toda validez y vigencia. Y no debe agravarse la situación de la misma con medidas que pongan en riesgo la vida y la integridad de los miembros de Sawhoyamaxa. No puede seguir demorándose la aplicación de acciones decisorias a favor de este colectivo que ha luchado pacífica y legalmente a lo largo de 23 años. El Estado paraguayo, representado por cualquiera de sus dependencias, no puede seguir siendo cómplice, por acción u omisión, de la contínua violación de los derechos de la comunidad indígena Sawhoyamaxa».

 

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