Caso de embarazadas de Curuguaty llegó a la ONU, pero responsable de “DDHH” del Senado ni se enteró

El apresamiento de las mujeres en estado avanzado de embarazo, por violar derechos humanos tuvo repercusión internacional, pero la senadora de Patria Querida Ana María Mendoza de Acha desconocía la situación. Es presidenta de la Comisión de derechos humanos del Senado. No sabía que estaban pasando un «mal momento».

Ana María Mendoza de Acha no sabía que las jóvenes embarazadas del caso Curuguaty pasaban un «mal momento, malos tratos».

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Ana María Mendoza de Acha, entrevistada en radio Cardinal, afirmó que no intervinieron en el caso de las mujeres embarazadas apresadas en el marco de las investigaciones del Caso Curuguaty, violando el Código Civil, porque solo le habían hecho llegar denuncias de que las mismas no estaban implicadas en el caso. “Los reclamos, las denuncias que recibimos fueron que no eran implicadas, no que estaban pasando mal momento, malos tratos. Pedían que procuremos liberación. Esa no es nuestra función”, se excusó la responsable de la cámara alta de «velar» los derechos humanos.

El caso llegó a la ONU

Dicho caso desconocido por la senadora de Patria Querida cobró sin embargo repercusión internacional sin que se entere. La historia de las jóvenes apresadas en avanzado estado de embarazo llegó hasta el mismo Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entre las recomendaciones al Estado paraguayo dadas a conocer por dicho organismo el viernes pasado, además de la exigencia de una investigación imparcial del caso Curuguaty, la ONU solicitó asegurar la investigación de todos los hechos vinculados que han sido denunciados, entre ellos el de “las dos mujeres en estado avanzado de embarazo en prisión preventiva”.

Arresto domiciliario

Fani Olmedo y Dolores López. Las jóvenes embarazadas apresadas por el caso Curuguaty, cuyo caso llegó a la ONU.

El caso de Fani Olmedo y Dolores López, embarazadas de más de 6 y 8 meses respectivamente, tuvo alta repercusión mediática y en los organismos de derechos humanos cuyas protestas lograron la prisión domiciliaria para las mismas.

El 19 de marzo pasado, la magistrada Rosa Yanine Ríos les concedió arresto domiciliario. Las mujeres estaban presas en la cárcel de Coronel Oviedo.

La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), a través de una nota a la Jueza de la Niñez y la Adolescencia del juzgado de Curuguaty, había solicitado la aplicación de medidas cautelares para Dolores López  y Fani Olmedo. Según la cual “están expuestas a una situación de múltiple discriminación: por ser mujeres, por estar embarazadas, ser campesinas y estar en situación de pobreza, lo cual desemboca en el incumplimiento de sus derechos humanos”.

Según el artículo 238 del Código Procesal Penal por el cual  “No se podrá declarar la prisión preventiva de las personas mayores de setenta años, de las mujeres en los últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o de las personas afectadas por una enfermedad grave y terminal debidamente comprobada. En estos casos, si es imprescindible alguna medida cautelar de carácter personal, se decretará el arresto domiciliario”.

Las embarazadas guardan actualmente reclusión en sus viviendas ubicadas en la zona de Britez Cué.

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