Caso Curuguaty: un proceso acomodado a una condena previa

Por Paulo César López

Este lunes 18 de julio se realiza en el Palacio de Justicia de Asunción la lectura íntegra de la sentencia a los campesinos y campesinas procesados por la masacre de Curuguaty, que una semana atrás fue leída solo en su parte resolutiva. Entre las varias irregularidades denunciadas durante el proceso, la principal es la falta de elementos para determinar qué hizo específicamente cada uno de los señalados por la acusación fiscal como supuestos responsables de los homicidios ocurridos durante el desalojo de las tierras de Marina Kue.

El exjuez Gustavo Bonzi, quien fue destituido de su cargo en 2011 por haber sobreseído en audiencia preliminar a catorce campesinos acusados por el secuestro del ganadero Luis Alberto Lindstron (asesinado en 2013), opina en esta entrevista sobre el proceso y la condena a los que fueron sometidos los labriegos por la matanza del 15 de junio de 2012. Bonzi sostiene que el juicio fue apenas un trámite donde se fue acomodando el proceso a una condena previamente escrita.

Alejado de la carrera judicial –a la que considera como su principal pasión– y electo concejal el año pasado en Concepción por el Partido Liberal, Bonzi apunta a la intromisión de los sectores políticos en el sistema judicial como la principal causa de que la justicia no funcione en nuestro país. El exmagistrado afirma que no existía el ambiente para que el Tribunal de Sentencia dicte una resolución conforme a los criterios de objetividad, pues se trata de un caso que tuvo grandes repercusiones políticas y que derivó en la destitución de un presidente de la República.

Bonzi apoya una reforma constitucional para crear un marco jurídico que proteja al Poder Judicial de la injerencia del poder político, pero advierte que existen sectores que bajo esta excusa pretenden imponer como único objetivo la reelección presidencial. El exjuez plantea que una eventual reforma debe tener en cuenta también otros aspectos como poner freno a la conformación de oligopolios mediáticos, especialmente de parte de personas que ocupan cargos electivos. Menciona específicamente el caso del presidente Horacio Cartes, que tras asumir compró varios multimedios concentrando en su persona, además del poder político y económico, un actor poderoso e influyente como los medios de comunicación.

–¿Qué opinión tiene sobre el proceso y la condena del caso Curuguaty?

–Podemos discutir mucho sobre lo que pasó en Curuguaty, si hubo pruebas o no hubo, qué se escondió y qué se admitió, si era una orden de allanamiento o de desalojo, pero hay que tomar distancia para ver el conjunto. Murieron policías y campesinos, pero solo fueron condenados once campesinos y ninguna persona de la fuerza pública fue siquiera investigada. Esto llama mucho la atención. También está el tema de que son tierras del Estado, pero terminan forzando una supuesta invasión de inmueble.

Esto ya empezó mal. Formalmente en un juicio oral y público se debe empezar con fojas cero y luego se van incorporando las pruebas, los indicios, se van escuchando los testimonios, etc. Pero aquí actuaron al revés. Ellos ya tenían una posición, una orden, que puede no ser de alguien en específico, sino una gran presión encima. Ya tienen los ejemplos, como mi caso, que antes de que se apele mi resolución yo ya estaba condenado. No hay forma de que los jueces tengan las agallas suficientes para decidir sobre la verdad. El sistema está diseñado perversamente para castigar a los que no se adapten al poder. Los jueces tienen miedo de lo que suceda si deciden otra cosa. Además, en un caso que sirvió para echar a un presidente de la República. Y aquí ocupan un lugar importante los derechos humanos, es decir la defensa de las personas que no tienen la posibilidad de defenderse de este tipo de sistema.

–¿O sea que ya existía una condena y lo demás fue asunto de terminar el trámite? 

–Desde un principio estaba cantado lo que iba a pasar y nada más se fue adaptando el proceso de acuerdo al resultado que estaba decidido. Ya había un objetivo y a partir de ahí armaron el juicio. A mí me pasó algo parecido. En el caso que yo intervine no existía una acusación seria porque los fiscales no tenían ni la más pálida idea de lo que pasó. Ellos querían una condena ejemplificadora para gente que en definitiva ellos no sabían lo que hicieron. Tal vez sospechaban, pero la acusación solo decía que fulano y fulano están presos por asociación criminal. ¿Pero qué hicieron?

Yo llamé a los acusados y les dije a los señores fiscales que por favor se paren frente a cada uno de ellos y me diga qué hicieron, cuáles son las pruebas que corresponden y entonces vamos a juicio oral. Pero no pudieron, no tuvieron la capacidad de hacerlo. Actúan a mera presión mediática, a presión política. En el caso Curuguaty el proceso no tuvo ninguna objetividad por el ambiente en que se desarrolló. No hay ambiente para que los magistrados decidan libremente de acuerdo a lo que dicta su conciencia. Lo escuché al profesor Luis Lezcano Claude haciendo una defensa brillante, pero eso no importa. Lo que estaban haciendo ya era mero teatro. Entrás a juicio pero resulta que hace rato ya está la sentencia.

Todo funciona a nivel político. Por ejemplo, cuando un juez de primera instancia da su veredicto y a alguien poderoso no le gusta esa decisión, antes de que se expida el Tribunal de Apelación ya está denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que es un órgano totalmente político. El caso Curuguaty es solo un caso emblemático. Hay miles así que van terminando de esa forma porque se perdió la seguridad jurídica y el magistrado no tiene independencia. Obviamente el sistema judicial no funciona.

–¿Y qué se puede hacer para que la justicia funcione mejor?

–Algunos dicen que hay que cambiar la Constitución. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ahí ya vienen también los politiqueros y los pescadores de río revuelto queriendo aprovecharse para meter la reelección, la reelección y la reelección. La reforma hay que hacerla con un criterio objetivo y patriótico porque tenemos que quererle a nuestro Paraguay para hacer un cambio hacia algo bueno.

La Constitución está desfasada en muchos sentidos. Se hizo en un ambiente en que se salía de una dictadura de 35 años y se buscaba asegurar que eso no vuelva a pasar, que exista división de poderes. Lo que se hizo con buena intención terminó en este sistema perverso de justicia. Los jueces se van de rodillas a hacer lobby ante los políticos para ser elegidos o confirmados. Los jueces van de rodillas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para pedir que no le destituyan. Esto no puede ser. No digo que no le destituyan si hicieron mal su trabajo, pero los abogados ya no van a la Cámara de Apelaciones para pedir que se revise una sentencia, sino que se van a presentar denuncia ante el Jurado. Y lo peor es que el Jurado no dice vamos a esperar lo que resuelva el Tribunal de Apelación, sino que ya opina antes acerca de si está bien o está mal una resolución e incluso ya dan una sentencia.

El Jurado no se puede expedir antes de que un Tribunal de Apelación revise la sentencia de un juez de primera instancia. Esto es una intromisión que atenta contra la independencia del Poder Judicial. La reforma judicial es necesaria sobre todo para que el sector político se entrometa lo menos posible dentro del Poder Judicial. Los ministros de la Corte seguirán siendo elegidos por el estamento político, pero lo demás debe organizarse con la mayor independencia posible. En la dictadura teníamos a una sola persona y a un solo poder, pero ahora estamos en manos de cientos de políticos que de acuerdo al ambiente que se viva van decidiendo el destino de los jueces de acuerdo a intereses del momento.

–¿Qué otros aspectos debería tener en cuenta una eventual reforma constitucional?

–Un tema a debatir es por ejemplo la situación que se da con el presidente de la República, que compró en poco tiempo más de una docena de medios de comunicación. Estos obviamente solo representan su posición. En otros países están prohibidos los oligopolios de los medios de comunicación y que los políticos tengan medios de prensa.  Acá lo primero que hace alguien que sube al poder es comprar todos los medios de comunicación posibles para trasmitir lo que más convenga a sus intereses. Por ejemplo, cuando el senador Eduardo Petta criticó el informe del presidente Horacio Cartes, el diario HOY y otros de su propiedad empezaron una campaña inmisericorde. Eso es manipulación. La prensa es un poder muy importante y es riesgoso que sea utilizado para intereses personales. Este también podría ser un cambio en la Constitución Nacional, que habla de la libertad de prensa pero no previó que una persona tenga veinte medios de comunicación.

–Volviendo al tema de Curuguaty, en principio los cargos contra los acusados fueron por tentativa de homicidio porque la fiscalía no sabía quién mató a quién, pero hacia el final del juicio los nuevos fiscales cambiaron la calificación a la de homicidio doloso consumado. ¿Eso se puede hacer?

–La ley prevé el cambio de calificación, pero tiene que hacerse al principio del juicio oral y con suficiente tiempo. Avisar que puede calificarse, en este caso, por homicidio doloso para que la persona pueda defenderse. Pero los hechos no pueden cambiar. La resolución de la sentencia tiene que tener congruencia y estar acorde con lo que se acusó, con lo que se estudió y con lo que se probó. Pero no te pueden llevar a un juicio por tentativa de homicidio y después termina en otra cuestión. Eso es indefensión. Eso es nulo desde cualquier punto de vista. Si primero estuvo Jalil Rachid y después otro grupo de fiscales, eso no importa. El Ministerio Público es una sola persona jurídica.

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