Caso Curuguaty: sancionan a defensa y juicio se vuelve a suspender

Este viernes se reinició el juicio a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty en el Palacio de Justicia de Asunción. La audiencia quedó suspendida a raíz de la ausencia de la intérprete encargada de traducir al guaraní la marcha del juicio a fin de que los labriegos puedan comprender el proceso que enfrentan. La perito lingüística Agueda Benítez presentó un documento de permiso por el estado de salud de su madre.

Asimismo, el abogado Amelio Sisco fue sancionado con una multa de más de 7 millones de guaraníes y la elevación de antecedentes a la Superintendencia de la Corte por la presentación «abusiva» de incidentes y recusaciones supuestamente con el solo efecto de dilatar y entorpecer el desarrollo del juicio, además de dirigirse de forma irrespetuosa e injuriosa a los miembros del tribunal, señalaron, asegurando que nunca se obstaculizó el ejercicio de la defensa.

Sisco respondió que el tribunal ha mentido buscando una condena sin fundamento contra los labriegos. Citó entre las irregularidades cometidas que al asumir la defensa de algunos de los acusados al abogado Pablo Aguayo solo le fueron otorgadas 12 horas para tomar conocimiento de los extensos tomos del caso. Anunció que no le quitarían «ni un centavo» por ser una persona insolvente y que en todo caso realizaría servicios sociales para cumplir con la sanción. Posteriormente los jueces abandonaron la sala en medio de los fuertes reclamos de las personas presentes.

Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por frustración a la persecución penal al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.

El fiscal Jalil Rachid solo acusó a los campesinos y no hay un solo policía investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. El agente del Ministerio Público es también cuestionado por los lazos políticos que lo unen con la familia Riquelme y a pesar de haber sido recusado por parcialidad manifiesta fue confirmado en el caso.

Fuente: Articulación Curuguaty

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