Caso Curuguaty: recusan a tribunal por preopinar sobre sentencia

Al reiniciarse en la mañana de este lunes el juicio contra los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, el nuevo defensor, Víctor Azuaga, pidió un plazo de 15 días para poder examinar todos los expedientes dada la complejidad del caso.

Posteriormente se presentó una recusación contra el pleno del tribunal de sentencia–conformado por Ramón Trinidad Zelaya, Benito Ramón González y Samuel Silvero– a raíz de que el presidente, Trinidad Zelaya, había preopinado sobre el caso señalando que la prensa y la gente pide una sentencia, admitiendo de esa forma la existencia de presiones para condenar a los acusados, y el resto avaló esa conducta con su silencio. La defensa sostiene que esta conducta demuestra la falta de imparcialidad de los magistrados y, según sostiene, no puede seguir juzgando en el caso.

De esta forma, la recusación fue derivada a la Cámara de Apelaciones y el juicio quedó suspendido hasta tanto se resuelva confirmar o no a los magistrados en el caso. La defensa argumentó que su pedido se fundamenta en el derecho de los acusados a ser juzgados por un tribunal justo, imparcial y que esté libre de injerencias externas. El tribunal señaló que se oponen a la recusación.

Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.

El fiscal Jalil Rachid solo acusó a los campesinos y no hay un solo policía investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. El agente del Ministerio Público es también cuestionado por los lazos políticos que lo unen con la familia Riquelme y a pesar de haber sido recusado por parcialidad manifiesta fue confirmado en el caso.

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