Caso Curuguaty: magistrada adelanta que acusados irán a juicio oral

La jueza Yanine Ríos interrumpió exposición de abogado defensor diciendo que sus argumentos serán analizados en el juicio oral.

Vista de la cuarta jornada de la audiencia preliminar.

En la cuarta jornada de la audiencia preliminar realizada este jueves 18 de julio, y como parte de la presentación de los incidentes arrimados por la defensa en su solicitud de nulidad del proceso y sobreseimiento definitivo de todos los acusados, el abogado Vicente Morales argumentó sobre la inexistencia del delito de invasión de inmueble a raíz de que este tipo penal requiere el no consentimiento explícito de un titular. Desde el momento en que la propiedad está siendo discutida no existe un titular que pueda negar su consentimiento, alegó el abogado.

En este punto de su exposición, Morales fue interrumpido por la jueza Janine Ríos, quien dijo que eso será discutido en el juicio oral por tratarse de una cuestión de fondo y conminó a la defensa a atenerse a aspectos formales.

En un diálogo realizado luego de concluida la audiencia, el defensor público Joaquín Díaz expresó que la jueza preopinó y puso en evidencia que, incluso antes de que termine la presentación de los incidentes, la decisión de llevar a juicio oral la causa está tomada a pesar de que la acusación no cuenta con elementos suficientes.

“La jueza preopinó diciendo que solo juzga cuestión de forma. Directamente hizo callar al abogado, le negó la palabra. De esta forma adelanta lo que va a resolver. Un juez no puede decir: ‘yo no voy a escuchar eso’. El juez debe esperar y escuchar toda la presentación y después resolver. La jueza preopinó diciendo que esta causa se va a llevar a juicio oral”, aseveró Díaz.

Luego agregó que en nuestro código el juez no debe ser legitimador de la acusación fiscal, sino que debe hacer un análisis crítico. Sin embargo, sostuvo que la jueza lo que está haciendo es convalidar la acusación fiscal adelantando que esta reúne los requisitos para llevar a juicio oral a los acusados. Díaz señaló también que la jueza puede ser recusada por mal desempeño.

La lista de Rachid

El otro incidente presentado se hizo contra los cargos de asociación criminal. La principal prueba presentada por el fiscal Jalil Rachid para sostener esta acusación fue un cuaderno encontrado en el campamento en que aparecían los nombres de solicitantes de tierras, quienes a su vez eran miembros de la comisión vecinal Naranjaty.

A partir de esta lista, a la que la defensa no tuvo acceso, el fiscal infiere que existía una estructura jerárquicamente organizada y con funciones específicas con el fin de delinquir. En cambio, la defensa retrucó que la elaboración de un censo es un requisito administrativo que establece el Indert para los solicitantes de tierras. De la misma manera, Morales dijo que no se puede castigar ni constituye delito alguno formar una comisión vecinal, ya que el derecho a la libre organización es un precepto constitucional.

Además señaló que diez de los once acusados no son mencionados ni se les asigna función alguna dentro de la hipotética organización criminal más que supuestamente haber estado bajo las ordenes de Rubén Villalba, sin especificar tampoco a qué órdenes se refiere la fiscalía ni cómo fueron ejecutadas.

“El relato fiscal es una fabulación sin sustento, no está basado en argumentos ni tiene el rigor requerido. Es impreciso y vago. Son solo suposiciones”, afirmó Morales. Como ejemplo mencionó que para fundamentar la acusación la fiscalía se respalda en ocupaciones anteriores realizadas por otras personas que no son objeto ni fueron involucrados en la causa.

Entre otras irregularidades, citó el ocultamiento de pruebas, violando de esta manera el derecho a la defensa y dejando en estado de indefensión a los acusados. Uno de los principales reclamos de los abogados defensores es el acceso a las grabaciones del helicóptero que sobrevoló la zona, que en un principio la policía dijo tener, pero cambiando posteriormente su versión negando la existencia de las mismas.

Con respecto a los cargos de homicidio doloso en grado de tentativa, la defensa enfatizó que para formular esta acusación se debe determinar quién mató a quién. Sin embargo, algunos de los argumentos arrimados para acusar de homicidio a los campesinos es que algunos de ellos recibieron heridas de bala, lo cual no prueba que hayan disparado a alguien.

Asimismo, se atribuye a Lucía Agüero, Fanny Olmedo y Dolores López el haberse expuesto para atraer como señuelos a los policías a fin de crear un ambiente de confianza y de haberse marchado raudamente del lugar luego de una supuesta señal dada antes del también supuesto ataque. La defensa argumentó que la fiscalía no aportó ningún elemento que sostenga que mujeres y niños hayan sido expuestos para asesinar a 324 policías fuertemente armados, aunque la fiscalía insiste en que los agentes fueron sin armas.

Finalmente, a pesar de que los alegatos presentados por la defensa desarman el relato fiscal evidenciando que la acusación fue formulada con base en meros supuestos y presunciones, el lapsus de la jueza es un claro indicativo de que existen órdenes superiores de llevar esta causa a juicio oral y dictar una condena en un caso que fue utilizado para tumbar a un presidente de la República.

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