Caso Curuguaty: juicio se realizará en Asunción

El Tribunal de Saltos del Guairá comunicó a los abogados de los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty que se admitió el pedido de que el juicio se realice en el Palacio de Justicia de Asunción y no en la capital del departamento de Canindeyú.

La petición se realizó a fin de garantizar la publicidad, trasparencia y seguridad que el alcance nacional de este juicio requiere, pedido al cual se opuso el fiscal Jalil Rachid, informó la Articulación Curuguaty. El juicio está fijado para el 22 de junio de este año.

El abogado Vicente Morales se mostró conforme con el traslado del juicio oral a Asunción y señaló que espera que en los temas de fondo también se actúe en busca de la transparencia y seguridad jurídica, como no había sucedido hasta este momento. Consultado respecto a si estaban preparados para el juicio, señaló que “estamos preparados, es más, queremos juicio, en Asunción, con observadores internacionales y nacionales, con verdadera publicidad, sin impedir la participación de familiares de las víctimas a ojo, como se hizo en la audiencia preliminar y con todas las garantías procesales. Queremos juicio”, recalcó.

La defensa de los campesinos sigue estando sumariada por este caso, a raíz de una denuncia de la jueza que derivó el caso a juicio oral, Yanine Ríos, por supuestamente dilatar el proceso. El sumario, calificado por el abogado Guillermo Ferreiro de “chapucero e ilegal”, sigue en proceso y los interventores ni siquiera tenían pleno conocimiento del caso, pues al justificar el sumario alegaron que a raíz de los incidentes de la defensa la audiencia preliminar no pudo ser concluida ni el caso derivado a juicio. En cambio, la audiencia concluyó en octubre de 2013 y la última suspensión del juicio, en noviembre de 2014, fue por iniciativa del propio juzgado, pues según alegó no se pudo notificar a los testigos por “falta de combustible”.

La defensa de los campesinos denuncia múltiples violaciones al derecho a la defensa como el ocultamiento de pruebas y la introducción irregular de otros elementos que no guardan relación con la causa, como una escopeta que fue robada días después de la masacre. Asimismo, la fiscalía no ha investigado los indicios de torturas y ejecuciones extrajudiciales de campesinos que fueron presentadas por investigaciones de organizaciones de derechos humanos.

Comentarios

Publicá tu comentario