Caso Curuguaty: fiscalía se da un respiro para analizar estrategia

La quinta jornada de la audiencia preliminar que debió realizarse este viernes 19 de julio fue pospuesta para el próximo martes 23, jornada en la que la fiscalía deberá responder los incidentes presentados por la defensa. 

La jueza Yanine Ríos decidió declarar un receso en la audiencia hasta el próximo martes 23 de julio.

La suspensión de la audiencia preliminar representa un balón de oxígeno para la fiscalía a fin de poder analizar qué estrategia tomar frente a los contundentes incidentes presentados por la defensa contra la acusación del Ministerio Público. Si bien esta instancia es un mero trámite y un desliz de la propia jueza adelantó que los acusados irán a juicio oral (http://bit.ly/13Cs8Hw), estos días de receso podrían servir para que el juzgado halle la mejor coartada posible a fin de rechazar los incidentes a partir de los cuales se solicitan la nulidad de la causa y el sobreseimiento definitivo de todos los acusados.

La jueza Yanine Ríos decidió postergar la quinta jornada de la audiencia hasta el próximo martes por el estado de salud del hijo de la acusada Dolores López, que padece un cuadro febril desde hace unos días y que debía guardar 48 horas de reposo por prescripción médica. En cambio, las versiones que circularon en las primeras horas de la mañana era que la audiencia sería suspendida por el estado de salud de la propia jueza, quien se encontraba con “presión alta”.

En un principio la fiscalía cuestionó la prescripción dada al niño solicitando que sea inspeccionado por un médico forense de la fiscalía, ya que las posiciones políticas del pediatra que dio el diagnóstico, el doctor Aníbal Carrillo Iramain (excandidato presidencial del Frente Guasu),  lo convertirían en parte interesada en el proceso.

“Hubo una posición de la fiscalía que no comprendemos, que quería que vea un médico forense, aunque no sea pediatra, porque la postura política del doctor Aníbal Carrillo no hacía creíble su diagnóstico, siendo que es el único pediatra que vio a la criatura hasta ahora”, declaró ante la prensa el abogado defensor Guillermo Ferreiro.

Bajo esta lógica también puede afirmarse que la investigación del fiscal Rachid carece de credibilidad, ya que este se encuentra afiliado al Partido Colorado, agrupación política a la que también pertenece la familia Riquelme, propietaria de Campos Morombí y parte interesada en el conflicto por las tierras de Marina Cue.

El fiscal Jalil Rachid pretendió desacreditar un dictamen médico por las ideas políticas del profesional. Sin embargo, el agente fiscal está afiliado al Partido Colorado.

Rachid continuó con su estrategia de silencio al ser consultado sobre qué podría expresar con respecto a los cuestionamientos contra su investigación: “Estamos esperando ahora que nos corran traslado de los incidentes planteados por la defensa. Estamos preparando con el fiscal Francisco Ayala las contestaciones, que en su momento vamos a estar respondiendo. No puedo adelantar nada”, se excusó.

Las cinco jornadas se caracterizaron por la sistemática impuntualidad y el intento de restringir el acceso de los oyentes a la audiencia. La jueza incluso realizó una rara actuación pública al empezar a vociferar impetuosamente que su integridad y la de su familia corren riesgo a raíz de una manifestación realizada ayer frente a su domicilio. La magistrada denunció que recibió ataques verbales y que se arrojaron piedras y pancartas contra su residencia.

Asimismo, Ríos dictó una orden que prohíbe el ingreso a la sala de los manifestantes que habrían protestado contra su desempeño, entre los que están incluidos el presidente de la Comisión de Víctimas de la Masacre de Curuguaty, Mariano Castro, padre del fallecido Adolfo Castro y de los acusados Néstor y Adalberto Castro; además de Martina Paredes, hermana de los fallecidos Fermín y Luis Paredes.

Manifestación realizada por los familiares de los procesados y fallecidos pidiendo justicia a la jueza de la causa. Foto: Facebook de ¿Qué pasó en Curuguaty?

“Yo voy a entrar. Yo perdí a uno de mis hijos, mi futuro de 28 años, y dos están en la cárcel. Esto es una injusticia. Nosotros fuimos enfrente de la casa de la jueza y pedimos justicia nomás. Es una mentira de la jueza. Nosotros no tiramos piedras”, aseguró Mariano Castro en la puerta de la sala de juicios orales.

Ya al inicio de la mañana la jueza dio muestras de querer generar incidentes. Al ir a cruzar entre las personas  que aguardaban frente a la sala, algunos de los presentes pidieron justicia y solicitaron la libertad de los presos políticos. “Te callás. Vos no entrás más mañana”, espetó la jueza a un activista, aunque la magistrada no tiene la atribución de callar a nadie fuera de la audiencia.

En ese trayecto fue abordada por Martín Almada, premio Nobel alternativo, quien le dijo que el fiscal Rachid será declarado persona no grata a los derechos humanos. “Él solo está haciendo su trabajo”, afirmó Ríos en defensa del fiscal.

El próximo martes 23 de julio está previsto que la fiscalía empiece a responder a los incidentes presentados por la defensa. Esta pausa de alguna manera da un oxígeno para que el Ministerio Público busque revertir el total descrédito en que cayó su investigación luego de los sólidos cuestionamientos presentados por la defensa.

Entre las irregularidades que ameritan la nulidad del proceso, la más alevosa probablemente sea la notificación de una pericia cuatro días después de realizada. La prueba tenía por objeto determinar la trayectoria y distancia de los impactos de armas de fuego. La nota, con fecha 16 de octubre de 2012, dice en el punto 4: “Señalar audiencia para el viernes 12 del mes de octubre del corriente año, a las 10 horas, a fin de que comparezcan los peritos designados ante esta Representación Pública, a los efectos de la aceptación del cargo”.

Para justificar este tipo de “descuidos” la fiscalía tal vez necesite varias órdenes de reposo.

Nota remitida a la defensa en que se informa sobre una pericia cuatro días después de haber sido realizada.

 

 

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