Caso Curuguaty: fiscalía pide condenas de 5 a 40 años para campesinos

Este miércoles 15 de junio, al cumplirse cuatro años de la masacre de Curuguaty, prosiguió la lectura de los alegatos finales de parte del Ministerio Público, que solicitó penas de 5 a 40 años para los campesinos, únicos acusados en el marco del proceso. A pesar de las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales, la actuación policial nunca fue investigada.

La fiscalía –representada por los agentes Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Leonardi Guerrero– señaló a Rubén Villalba como líder de la ocupación y, aunque en principio los cargos eran por tentativa de homicidio doloso, se cambió la calificación a la de homicidio doloso. Por ello se solicitó la pena de 30 años de cárcel, más 10 años como medida de seguridad.

El Ministerio Público también acusó de homicidio doloso a Luis Olmedo, para quien solicitó la pena de 25 años de cárcel; Arnaldo Quintana, para quien solicitó la pena de 20 años de cárcel, y Néstor Castro, también a 20 años. La fiscalía desistió de los cargos por tentativa de homicidio contra Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori, Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, para quienes solicitó una pena de 5 años de cárcel por invasión de inmueble y asociación criminal.

En cuanto a las mujeres, están acusadas de homicidio doloso en grado de complicidad, pues la Fiscalía sostiene que cumplieron el papel de “señuelos” mostrándose con niños en los brazos para crear un ambiente de confianza y tomar desprevenidos a los policías con el fin de emboscarlos, además de los cargos de invasión de inmueble y asociación criminal. Para María Fani Olmedo, Dolores López y Lucía Agüero se solicitó la pena de 8 años de cárcel.

La defensa solicitó hasta un plazo de 10 días para presentar sus alegatos, pero el Tribunal de Sentencia fijó en 8 días el tiempo, por lo que el juicio oral proseguirá el jueves 23 de junio con la presentación de los alegatos finales de la defensa.

Al iniciarse la audiencia en horas de la mañana, se registraron incidentes a raíz de que familiares de policías ingresaron a la sala sin acreditación, un requisito que en cambio es obligatorio para el resto de las personas que desean ingresar.

Activistas también cuestionan el rol parcial del Ministerio Público, que debería actuar como representante de la sociedad, pero durante todo el proceso sostuvo que las tierras en disputa pertenecen a la empresa Campos Morombí, cuyos propietarios nunca fueron investigados por una eventual responsabilidad en la masacre, pues fueron los solicitantes del procedimiento que terminó en la tragedia.

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