Caso Curuguaty: fiscalía cambia de versión

Este martes se inició la fase de alegatos finales en el juicio a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty en el Palacio de Justicia de Asunción. Al inicio de la audiencia, la fiscala Liliana Alcaraz pidió un minuto de silencio para los seis policías muertos el 15 de junio de 2012.

Por su parte, el fiscal Nelson Ruiz señaló que el Ministerio Público logró probar en juicio que Luis Olmedo y Rubén Villalba tiraron a matar a policías desarmados, pero no explicaron cómo, con qué armas, a quiénes ni con base en qué pruebas se sostiene tal hipótesis.

Cabe recordar, además, que la acusación contra los campesinos es por tentativa de homicidio doloso, pues en su momento el Ministerio Público había reconocido que le resultaba imposible determinar quiénes fueron los autores de los disparos. Sin embargo, en la fase final cambia de versión y apunta a Olmedo y Villalba como los supuestos autores. Esto luego de las críticas por intentar encarcelar a campesinos bajo acusaciones genéricas y sin poder determinar la responsabilidad individual de los labriegos.

Asimismo, frente a la versión inicial de que los policías habían ingresado desarmados con el fin de “dialogar” de manera “pacífica” con los ocupantes de las tierras, el fiscal Ruiz señaló en la jornada que el día de la masacre entraron en dos columnas policiales para “garantizar el cumplimiento de la orden de allanamiento” y que las armas eran “para usar en caso necesario”. Sin embargo, los policías coincidieron en sus testimonios que la orden era realizar un desalojo.

“Queremos que se dicte una sentencia justa en estricto derecho para que a su vez pueda resultar un actor persuasivo para cualquier otro sector o grupo de campesinos que en el futuro pretendan por esta vía o medio tratar de ejercer derechos. Una sentencia ejemplificadora para que todos los ciudadanos paraguayos puedan dimensionar no solo el daño que se genera con este tipo de conducta, sino también dimensionar hasta dónde llegan los brazos de la justicia y que nunca más se repitan estos hechos de muerte y de luto y que según sostienen algunos ciudadanos de la república por derechos reclamados”, dijo el fiscal Ruiz en una parte de sus alegatos.

La fiscalía también se ratificó en los cargos de invasión de inmueble señalando que la ocupación fue ilegítima, a pesar de que se comprobó que el ocupante ilegal en el caso fue la empresa Campos Morombí, pues todos los documentos disponibles apuntan a que las tierras pertenecen al Estado. Con respecto a los cargos de asociación criminal, la fiscalía califica a la comisión vecinal de los campesinos reconocida por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) como una organización jerárquicamente organizada con fines ilícitos.

Bajo los cargos de invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa están acusados Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López, por invasión de inmueble y asociación criminal Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos.

La joven R.R.V.O. será sometida a un proceso penal adolescente porque en el momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor R.A.B.C. ya fue condenado en un proceso abreviado.

Ningún policía fue investigado por la muerte de los once campesinos a pesar de la evidencia de que existieron ejecuciones de personas heridas, además de tortura a los detenidos por la ocupación que reivindicaba la recuperación de las tierras de Marina Kue.

Foto: Articulación Curuguaty

Comentarios

1 Comentario

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    Adalberto Cano Arias
    15 junio, 2016

    Impúdicas evidencias públicas de las comedias de estos fiscales fantoches del establishment usurpador de las tierras nacionales destinadas a la Reforma Agraria para miles de familias campesinas desheredadas!. Esta es la política de marginamiento y extinción del campesinado pobre del partido «Agrarista, nacionalista y campesinista» que pervierte a la Paraguaya Patria, hace más de 60 años.

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