Caso Curuguaty: fijan nueva fecha para el juicio a Raquel

El juicio oral a la joven está convocado para el próximo 8 de noviembre, a partir de las 8.00 horas, en el Juzgado Penal de Saltos del Guairá.

El Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá –integrado por Bonifacio Rojas Zeballos, Víctor Darío Godoy Chamorro y Sofía Jiménez Rolón– notificó que el juicio a Raquel por el caso de la masacre de Curuguaty se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre, a partir de las 8.00 horas, en el Juzgado Penal de la capital del departamento de Canindeyú, ubicado sobre las calles Paraguay y Francisco Solano López, informó la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

La defensa de Raquel, quien al momento de los hechos era menor de edad, es llevada por la Codehupy a través de la abogada Sonia von Lepel. La adolescente está acusada de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de complicidad. El fiscal Jalil Rachid la había acusado de haber hecho de “señuelo” – junto con las demás mujeres– con su hijo en brazos para supuestamente crear un ambiente de confianza en los más de 300 policías a fin de tomarlos desprevenidos y emboscarlos.

La acusación fiscal basa su hipótesis en que, ante una supuesta señal dada por Rubén Villalba, la joven corrió poco antes de iniciarse el tiroteo. El actual fiscal de la causa es Leonardi Guerrero, quien asumió la representación del Ministerio Público tras el nombramiento de Rachid como titular del Viceministerio de Seguridad Interna.

La Codehupy sostiene que el proceso a la joven es nulo, pues según las reglas del proceso penal adolescente una persona es penalmente responsable «solo si» al momento de realizar el hecho tenía la capacidad de entender el alcance de sus actos y determinarse conforme a ese conocimiento, según el artículo 194 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Esto es lo que corresponde en el caso, pues al momento de los hechos Raquel era menor de edad.

La madurez sicosocial solo puede ser determinada mediante un estudio sicológico, que nunca fue realizado. Esta irregularidad ya resulta insalvable a estas alturas del proceso, pues ya han transcurrido más de cuatro años de los hechos investigados, un tiempo en el cual Raquel fue madurando por las situaciones vividas y la interacción con otras personas, argumenta la organización.

En efecto, el jefe de la cátedra y servicio de psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), profesor titular Dr. Andrés Arce, emitió un dictamen ante una consulta de la Codehupy sobre la eventual validez que podría tener realizar hoy un estudio sicológico para determinar el grado de madurez de una persona hace cuatro años. El profesional médico respondió que tal estudio no tendría validez alguna por el tiempo transcurrido.

“No nos parece razonable desde el punto de vista clínico, y menos aún válido jurídicamente, ningún estudio realizado cuatro años después, a fin de determinar retroactivamente la madurez psicosocial de ninguna persona varios años después de los hechos que se le imputan, salvo caso de retardo mental comprobado por profesionales con idoneidad”, sostuvo el siquiatra en su dictamen.

Incluso existen antecedentes de procesos a menores de edad que fueron anulados por la falta de esta pericia. En octubre de 2015, el defensor público de San Estanislao, abogado César Ortega González, logró la absolución de culpa y pena de su defendido, acusado por un supuesto hecho de tentativa de robo y lesión grave. En este caso la prueba sicológica sí fue realizada, pero la fiscalía no incluyó la pericia en su acusación. La diligencia que si faltó fue el estudio socioambiental a fin de determinar las condiciones en que vivía el joven.

El abogado Ortega González explicó que “se llegó a concretar la absolución del adolescente, debido a que el mismo no contaba con la mayoría de edad cuando ocurrió el hecho y agregó que no se llevó a cabo un estudio socioambiental, el cual se considera de carácter obligatorio durante la etapa preparatoria. Confirmó, además, que el Ministerio Público no ofreció como prueba instrumental el estudio sicológico realizado al menor”, reportó el Ministerio de la Defensa Pública.

Cabe recordar que el pasado 25 de julio la audiencia quedó suspendida a raíz de que los jueces Ramón Trinidad Zelaya y Benito Ramón González se excusaron de entender en la causa alegando que ya emitieron opinión en el juicio a los adultos, que resultaron condenados a penas de entre cuatro y treinta años.

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