Caso Curuguaty: defensa presenta alegatos finales

Este jueves 23 de junio se reinició el juicio oral a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty en el Palacio de Justicia de Asunción con la presentación de los alegatos finales de parte de la defensa. El abogado Darío Aguayo –defensor de Rubén Villalba, Arnaldo Quintana, Alcides Ramírez, Fanny Olmedo, Lucía Agüero y Néstor Castro– criticó la investigación de la fiscalía, calificándola de “montaje”.

En este sentido dijo que la Fiscalía “masacró” la Constitución Nacional desde el inicio de este proceso, no solo durante los alegatos finales. Señaló que en principio la fiscalía había presentado acusación por tentativa de homicidio doloso, pero hacia el final del proceso cambió la calificación a la de homicidio doloso consumado, con lo cual violó el artículo 17, numeral 7 de la carta magna, que habla de las garantías del debido proceso. Ello a raíz de que los acusados no tuvieron la oportunidad de defenderse de este último cargo.

Asimismo, apuntó al hecho de que solo se investigó la muerte de los policías ignorando las denuncias de torturas y ejecuciones a campesinos que habían sido aprehendidos heridos, pero con vida. Afirmó que los fiscales manipularon e instrumentaron a todas las unidades operativas del Ministerio Público para incriminar a los campesinos. Además, dijo que se ocultó evidencia como las vainillas servidas de armas de guerra entregadas por Julio Colmán al entonces fiscal del caso, Jalil Rachid.

«Este proceso es un montaje judicial, el Ministerio Público realizó una investigación unidireccional, actuó bajo presión de poderes políticos, violentó descaradamente el Código Procesal Penal en el manejo de las pericias, ocultó evidencias, y ante la falta de pruebas realizó un alegato político», señaló Aguayo.

Cuestionó, además, que una de las principales pruebas de la fiscalía sea el relato de un NN que no se identificó a nadie, que no tiene nombre, apellido ni domicilio, cuya identidad no ha sido revelada por supuestas cuestiones de seguridad y a la que la defensa no tuvo la oportunidad de interrogar.

Por su parte, el abogado Amelio Sisco expuso que ninguna de las pericias fueron íntegras ni completas, sino parciales, al igual que la investigación, que solo tiene en cuenta la muerte de policías y no de los campesinos. Denunció que se le privó a la defensa de tener testigos presenciales porque se los imputó a todos y hoy día tienen orden de captura. Además, cualquier persona que declare haber estado en el lugar será imputado.

Sisco también observó que “el padre de Jalil Rachid fue senador en la época de la dictadura y en la democracia, representa el pasado latifundista, su hijo siguió un libreto de la época de Stroessner, inquisidor, sin importarle las garantías procesales. A esta persona se le encomienda investigar uno de los casos más grandes y confusos para la ciudadanía. No tenía muchos meses de llevar la investidura de fiscal. Y estos fiscales continúan ese libreto escrito por alguien que vino de la época de la dictadura».

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