Caso Curuguaty: acusados piden cambio de abogados

Esta mañana en el Palacio de Justicia de Asunción se inició el juicio a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, quienes pidieron el cambio de sus abogados defensores. En lugar de Guillermo Ferreiro y Vicente Morales asumiría el defensor público Joaquín Díaz, quien anunció que solicitará que recién la próxima semana se reanude el juicio debido a la complejidad de la causa y para tener más tiempo para recoger elementos.

Los abogados manifestaron que tomaron el pedido de sus defendidos como un hecho sorpresivo y que no se trata de ninguna estrategia de la defensa. Por su parte, el fiscal Jalil Rachid señaló al respecto que toma lo ocurrido como una manera de dilatar el caso.

Ante el pedido de los acusados, Tribunal de Sentencia –conformado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Víctor Godoy– decidió que el juicio prosiga este martes con los nuevos defensores.

Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.

Entretanto, fueron sobreseídos  Juan Alberto Caballero, Marcelo Trinidad y Miguel Ángel Correa, quienes fueron detenidos cuando fueron al hospital regional para averiguar si había algún familiar entre las víctimas de la masacre.

El fiscal Jalil Rachid solo acusó a los campesinos y no hay un solo policía investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. El agente del Ministerio Público es también cuestionado por los lazos políticos que lo unen con la familia Riquelme y a pesar de haber sido recusado por parcialidad manifiesta fue confirmado en el caso.

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