Caso Curuguaty: a Amnistía Internacional le preocupa la falta de imparcialidad del Poder Judicial

En su informe anual presentado esta semana referente al caso Curuguaty expresa: “Se recibieron denuncias según las cuales el sistema de justicia carecía de independencia e imparcialidad.”

El Informe 2013 de Amnistía Internacional documenta el estado de los derechos humanos durante 2012. El prólogo y el análisis individual de cada uno de los 159 países y territorios trazan una perspectiva global de los abusos y las violaciones de derechos humanos que quienes ocupan el poder infligen a quienes se interponen en el camino de sus intereses creados.

El informe 2013 presentado esta semana luego de una información general que abarca la destitución de Fernando Lugo y el caso de Curuguaty, esboza en tres apartados la situación de los derechos humanos en Paraguay: Derechos de Pueblos Indígenas, Sistema de Justicia y Defensores de los Derechos Humanos.

Información General

“El ex presidente Fernando Lugo fue destituido en junio, tras ser sometido a un juicio político a raíz de unos enfrentamientos ocurridos en el departamento oriental de Canindeyú, en los que murieron 11 campesinos y 6 policías.” Comienza el informe anual de Amnistía Internacional.

Asimismo recuerda  en este apartado que “en octubre se creó un Órgano Selector para designar a los miembros del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, pero al finalizar el año 2012 aún no lo había hecho.”

Al concluir el año, informa Amnistía Internacional “seguía debatiéndose en el Congreso la legislación destinada a prevenir la discriminación. El anteproyecto de ley, que incorporaba las normas internacionales a la legislación nacional, había empezado a debatirse en 2007. Se temía que el Congreso pretendiera excluir la orientación sexual como motivo prohibido de discriminación.”

Finalmente en este apartado el informa que “En noviembre se remitió al Congreso un anteproyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pero al finalizar el año aún no se había aprobado.”

Derechos de Pueblos Indígenas

Para Amnistía Internacional hubo avances  en la resolución de los reclamos de tierras de algunas comunidades indígenas, aunque a otras se les siguieron negando sus tierras ancestrales.

Destaca el caso de la Comunidad Sawhoyamaxa a la cual aún no se le restituye sus tierras a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado en 2006 una sentencia favorable a ella.

El informe también da cuenta del caso de la comunidad Avá Guaraní en el distrito de Itakyry, comunidad a la cual la policía intento desalojar en agosto 2012. En la ocasión la policía quemó varias chozas de las 30 familias asentadas en el lugar. Una empresa comercial reclamaba la propiedad de las tierras pero la comunidad asentada hace 70 años afirmaba que tenía el título de propiedad de ellas.

También en este apartado Amnistía informa que en febrero, tras un acuerdo entre las autoridades y un terrateniente, la comunidad Yakye Axa consiguió las tierras que reclamaba. El fondo para el desarrollo de la comunidad establecido en la sentencia de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún no se había creado al terminar el año 2012.

En general, en el apartado “Derechos de Pueblos Indígenas” Amnistía Internacional considera que: “Hubo algunos avances en la realización de los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, a algunas comunidades se les siguió negando el derecho a sus tierras ancestrales. A lo largo del año se registraron varias protestas relacionadas con el derecho a la tierra. Persistía la preocupación por la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial.”

Sistema de justicia

En este apartado el informe anual de Amnistía Internacional muestra preocupación por la parcialidad del Sistema de Justicia paraguayo, expresa el informe: “Se recibieron denuncias según las cuales el sistema de justicia carecía de independencia e imparcialidad, así como de los recursos necesarios. Según los informes, había demoras en la administración de justicia.”

Más adelante, referido al caso de la Masacre de Curuguaty vuelve a demostrar preocupación por la parcialidad de la justicia: “En junio, los conflictos sobre tierras en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, desembocaron en enfrentamientos entre manifestantes y policía. Murieron 17 personas: 11 campesinos y 6 policías. En diciembre se presentaron cargos contra 14 campesinos por delitos como invasión de inmueble y asociación criminal; 10 de ellos fueron también acusados en relación con los homicidios de los 6 policías. Preocupaba la falta de imparcialidad de las investigaciones sobre los enfrentamientos, ya que, según informes, se centraron únicamente en la actuación de los manifestantes.”

El informe también da cuenta de personas que fueron imputadas y que no se encontraban en el lugar de los hechos. Así como de casos de torturas a personas recluidas por el Caso Curuguaty. “Se recibieron denuncias de torturas a algunas personas recluidas en relación con los enfrentamientos en Curuguaty. Al terminar el año no se tenía constancia de que se hubiera abierto investigación alguna sobre ellas.”

El informe destaca que las tierras de Curuguaty ya se habían ocupado en varias ocasiones en años anteriores, y al concluir el año 2012 continuaban los procesos judiciales para determinar a quién pertenecían.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En lo referente a defensores de derechos humanos Amnistía Internacional recuerda el caso de los Cuatro miembros de Iniciativa Amotocodie (ONG que trabajaba para proteger los derechos de los indígenas Ayoreos, que vivían aislados de la civilización en la región del Chaco paraguayo) que siguen procesados por cargos como abuso de confianza.

Al respecto, el informe anual de Amnistía Internacional expresa: “Las investigaciones sobre la ONG habían comenzado al declarar ésta públicamente su oposición a una expedición científica denominada “Chaco Seco 2010” por considerar que podía afectar a los derechos de pueblos indígenas que vivían aislados. La expedición se canceló posteriormente. Durante los dos años de investigación hubo varios cambios de fiscal, y las audiencias judiciales se suspendieron en diversas ocasiones. En agosto, el fiscal no pudo probar los cargos y solicitó un sobreseimiento temporal de los procedimientos, alegando que aún era preciso recopilar más información. El juez accedió a ello.”

El informe se puede encontrar en: http://www.amnesty.org/es/region/paraguay/report-2013

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