Casañas Levi: “Es peligroso ceder tanta atribución a una sola persona”

El exfiscal José Fernando Casañas Levi advierte que los poderes discrecionales otorgados al presidente Horacio Cartes para el uso de las fuerzas militares apeligran el rumbo del “proceso democrático”.

El exfiscal José Fernando Casañas Levi. Imagen: captura de vídeo.

El doctor José Fernando Casañas Levi, al ser consultado ayer por radio Ñandutí sobre la ley que habilita al Poder Ejecutivo a hacer uso de las Fuerzas Armadas para cuestiones de seguridad interna sin necesidad de recurrir al estado de excepción, se mostró preocupado por el otorgamiento de poderes discrecionales a una sola persona y que el Congreso renuncie a su papel de contralor bajo la excusa de la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“En un sistema de recíproco control el hecho de que uno de los órganos, que también ejerce el control y es controlado como el Congreso, vaya cediendo espacios en detrimento de sus facultades es peligroso (…) ¿Desde qué momento pierde el control? Desde el momento en que la utilización de las fuerzas militares está prevista para casos, que como ustedes saben, de estados de excepción, lo cual le da la posibilidad de controlar con mucho mayor rigor. Hoy lo que está ocurriendo o va a ocurrir con esta ley es que el presidente de la República por decreto va a resolver la movilización, y algo muy importante, el tiempo que va a durar. Ni siquiera se establece en la ley por cuánto tiempo él puede decretar eso”, declaró a la emisora radial.

Casañas Levi también observó que la ley aprobada habla de supuestos informes que deberá brindar el Ejecutivo al hacer uso de esas prerrogativas extraordinarias, pero no establece los mecanismos en caso de que ese requerimiento no sea cumplido. “Otra cuestión que yo veo riesgosa es que dice que el presidente de la República va a presentar un informe luego de 48 horas, pero no dice qué va a pasar si no presenta su informe. ¿Cuál es la consecuencia de que no presente su informe dentro de las 48 horas? Y tampoco se establece, porque en una parte dice que el Congreso podrá revocar esa medida, (…) cómo va a revocar la medida puesto que es un decreto. La única posibilidad que tendría es mediante una ley, pero la ley, por el procedimiento constitucional, requiere también de un tiempo y puede tardar muchos días o semanas o meses en dictarse esa ley para revocar esa decisión del Poder Ejecutivo”, expresó.

El abogado aclaró que reconoce la atribución de los poderes de hacer uso de los instrumentos de los que disponga en este tipo de casos, pero advirtió que “me parece que es un camino peligroso el ceder tanta atribución a un solo órgano y más todavía cuando se trata de un órgano en el que es una sola persona la que representa a ese órgano”.

También cuestionó la vaguedad de la figura empleada para tipificar los supuestos peligros contra el orden y funcionamiento institucional. En este sentido se preguntó si en realidad el grupo armado imposibilita el funcionamiento de las instituciones y quién sería responsable de determinar dicha imposibilidad. “Tiene que haber una imposibilidad de funcionamiento de la Policía, del Ministerio del Interior, del Congreso”, afirmó. Ante esto dijo que las actividades del grupo armado son hechos punibles previstos en la ley y con órganos jurisdiccionales también previstos para actuar en dichos casos.

“Lo preocupante de este tipo de acciones de la clase política es que generalmente lo que buscan es encubrir una falencia, la falencia y la ausencia de reconocimiento que tenemos una policía absolutamente ineficiente. Nadie está hablando de eso. Simplemente se dispone la implementación de las Fuerzas Armadas y no se dice lo que ocurrió hasta ahora”, apuntó.

También advirtió que, además de que ciudadanos inocentes pueden resultar afectados por el uso discrecional de la fuerza represiva, un paso en falso dado por las fuerzas militares bajo el mando del Presidente puede ser un búmeran para este, ya que en ese caso el recurso que queda es el juicio político. “Estamos exponiendo las instituciones en una situación de conflicto extremo que me parece que puede resultar peor (…). ¿Qué modelo de procedimiento exitoso de este tipo vieron, en qué país? Absolutamente en ninguna parte del mundo ha resultado”, sentenció.

Ante la consulta sobre si la actuación de los efectivos militares estaría protegida por algún tipo de inmunidad, dijo que no, pero señaló que en la práctica existe un vacío, ya que las disposiciones del Código Procesal Penal solo prevén el actuar de los policías y que las leyes militares no contemplan este tipo de situaciones.

“A mí me preocupan los excesos que se puedan cometer (…). A mí me preocupa el proceso democrático más que otra cosa”, concluyó.

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