Cartistas reafirman intención de borrar Guahory del mapa

Por Diego Segovia

La Cámara de Diputados aprobó ayer miércoles el veto presidencial a la expropiación de las tierras de Guahory, dando así vía libre a la usurpación de la comunidad campesina perpetrada por propietarios de grandes extensiones de soja.

Guahory, arroyo que viene de los humedales, se ha convertido en un desierto. Rodeada por el lago del río Yguazú, sus pobladores más antiguos cuentan que un bosque frondoso les rodeaba a finales de los años ochenta. Hoy, las plantaciones transgénicas llegan hasta el borde mismo de las aguas y un grupo de campesinos resiste en pequeños ranchos para reconquistar el asentamiento.

Plano en el que están marcados en rojo los pocos lotes que quedan en poder de familias campesinas. Es absolutamente imposible la subsistencia de ellas en un entorno ambientalmente destrozado.

Plano en el que están marcados en rojo los pocos lotes que quedan en poder de familias campesinas. Es absolutamente imposible la subsistencia de ellas en un entorno ambientalmente destrozado.

Allí, la ley no existe. Las familias que quedan en sus lotes sufren permanentemente los efectos de las fumigaciones y la destrucción ambiental, además del aislamiento y la ausencia del Estado. En medio de la desesperación, la venta (irregular) de sus tierras y el abandono del lugar puede ser la única opción.

Funcionarios del INDERT que actúan como agentes inmobiliarios y una justicia alimentada por el soborno han permitido la violación sistemática de las disposiciones de los estatutos agrarios (tanto del antiguo, como del nuevo) para que inmigrantes brasileños puedan convertir el asentamiento campesino en un desolado paisaje de latifundios sojeros.

Ante esta situación, las cámaras del parlamento habían aprobado una ley de expropiación a favor de la población campesina. Pero el presidente Cartes la vetó. Los senadores rechazaron el veto, y este miércoles 20, los diputados -principalmente cartistas- lo aceptaron, dejándola finalmente sin efecto.

Foto aérea: luego de tres desalojos a fines de 2016 e inicios de 2017, las organizaciones reocuparon las fincas que reclaman. Todo hace suponer que ante el veto de la ley de expropiación, se procederá a un nuevo desalojo.

Foto aérea: luego de tres desalojos a fines de 2016 e inicios de 2017, las organizaciones reocuparon las fincas que reclaman. Todo hace suponer que ante el veto de la ley de expropiación, se procederá a un nuevo desalojo.

La propuesta del gobierno ha sido trasladar a los campesinos a un campo árido en el distrito de Yhu (propiedad del vicepresidente de la ARP), ya que, como afirmó el presidente del INDERT, muy pocos lotes se pueden recuperar en Guahory. Correspondería hacer juicios de nulidad, pero los mismos toman demasiado tiempo (entre 5 y 20 años) y la institución no tiene capacidad de dar seguimiento. Así,ante instituciones fallidas, el poder político blanquea todos los actos de corrupción por medio de los cuales las tierras otrora destinadas a la reforma agraria están pasando a ser un bien netamente comercial, sujeto a los dictados del capital transnacional.

Según la “legalidad” del INDERT, hoy quedan 40 familias campesinas con 280 hectáreas de tierra (de las alrededor de 2.000 hectáreas que tenían los asentamientos de Guahory y San Sebastián). ¿Podrán éstas sobrevivir en medio de un mar de soja? ¿Ofrecerá el Estado los servicios básicos que la ley obliga? ¿O tendrá que asumir Cartes que su decreto pretende borrar definitivamente del mapa la comunidad de Guahory?

 

 

 

 

 

 

 

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