Cartes y su opción por una minoría privilegiada y transnacional

El previsible veto del impuesto a la exportación del grano de soja.

Horacio Cartes adelantó que vetará el impuesto a la exportación de granos en estado natural. Facebook de HC.

El presidente de las superpoderosas, aunque ínfimas minorías, Horacio Cartes, anunció que vetará el impuesto a la exportación de granos (soja, principalmente) que afecta a no más de 100 grandes latifundistas/productores y agroexportadores. A los pequeños productores no les afecta, pues de acuerdo a la ley no tributan los que tengan 20 hectáreas o menos. Según datos oficiales, no son más de 100 grandes latifundistas, muchos de ellos extranjeros o transnacionales, los que producen el 80% de la soja paraguaya. El impuesto le afectará también a las principales transnacionales agroexportadoras, como CARGILL, DREYFUS y ADM.

La recaudación –simple y casi sin costo para el Ministerio de Hacienda– rondaría los US$ 300 millones/año. Es, además, una ley sancionada y que apenas hay que aplicarla. ¿Qué se podría hacer con tan importante suma de dinero? Entre otras cosas, el Estado podría:

1. Construir 30.000 viviendas dignas por año para familias de escasos recursos, de US$ 10.000 cada una. La construcción de tales viviendas generaría, en forma directa e indirecta, 50.000 empleos de US$ 6.000/año por el total de la facturación (los empleos directos serían la mitad, pero los indirectos serían el doble o incluso más). Son empleos de US$ 500/mes, o bien de G. 2,2 millones/mes, superiores al mínimo. En total, la aplicación de este impuesto a la construcción de viviendas populares permitiría mejorar la calidad de vida de 80.000 familias, 30.000 con una vivienda digna propia y 50.000 con un empleo seguro.

2.  Otra alternativa sería dar una beca de US$ 250/mes (algo más de un millón de guaraníes/mes), o bien US$ 3.000/año, a nada       menos . que 100.000 jóvenes, que así podrían estudiar en la universidad o en un colegio técnico sin ningún apremio económico.

3. Otra opción sería destinar la totalidad de este impuesto ya sancionado a dar una pensión vitalicia de US$ 125/mes (G. 500.000/mes), más de lo que ahora se da a los ancianos por mes, a unas 200.000 personas carenciadas de la tercera edad.

 4. Finalmente, se podrían utilizar estos nuevos recursos ya sancionados por el Congreso en la reforma agraria, la educación, la salud, la expansión del servicio de agua potable, en la construcción de alcantarillado sanitario y el saneamiento ambiental, en la construcción de caminos rurales, en comunidades indígenas, en la expansión del servicio eléctrico y la tarifa social, en la capacitación técnica y en la generación de empleo, entre otros.

El uso de lo recaudado por este impuesto tendría un impacto altamente positivo, como se vio por los ejemplos citados, igual a 80.000 familias beneficiadas, si se construyen viviendas, por ejemplo, versus apenas 100 familias o grandes empresas, que tendrán que pagar una pequeña parte de sus beneficios (que fueron de más de US$ 1.500 millones este año). Pero no, Cartes se empeña en privilegiar a un selecto grupo de no más de 100 familias y grandes empresas, muchas transnacionales, que indudablemente usarán tales US$ 300 millones en adquirir nuevas tierras (en muchos casos de campesinos, dejándoles sin tierra para cultivar), deforestar miles de hectáreas, envenenar a la gente y el medioambiente y expulsar a la población campesina del campo, para seguir expandiendo la plaga más peligrosa que soporta el Paraguay: la producción de soja para el engorde de las economías de ultramar, dejando destrucción ambiental y social en nuestra patria, sin siquiera el pago de algún impuesto significativo. Como tal impuesto ahora fue sancionado, Cartes anuncia su pronto veto. Si lo veta, ¡movilicémonos para que el Congreso no lo acepte!

 

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