Cartes reivindica la autodeterminación, pero impulsa la entrega de bienes públicos

El presidente Horacio Cartes sostiene que ser independientes significa ser dueños y responsables de nuestro destino. Su gobierno impulsa la entrega del patrimonio público a los capitales internacionales.

En contradicción a sus medidas de gobierno, el presidente Horacio Cartes reivindicó la independencia y la autodeterminación del Paraguay. Foto: Presidencia.

En contradicción a sus medidas de gobierno, el presidente Horacio Cartes reivindicó la independencia y la autodeterminación del Paraguay. Foto: Presidencia.

En su mensaje a la nación pronunciado a propósito de la recordación del 203 aniversario de la Revolución del 14 y 15 de mayo, Cartes reivindicó la Independencia y la autodeterminación en el concierto de las naciones del mundo.

“Hoy el significado de la independencia nacional no debe reducirse a los valores fundamentales de libertad y soberanía. Ser independientes significa que somos dueños y por tanto responsables de nuestro propio destino como nación”, expresó en un pasaje de su mensaje pronunciado luego de la entonación del Himno Nacional, el izamiento de la bandera y  los 21 cañonazos conmemorativos de la fecha en el Palacio de Gobierno.

“Ser independiente en esta realidad global, representa nuestra capacidad de autodeterminación y el deber de ocupar un lugar de dignidad y respeto en el concierto de las naciones del mundo. Independiente es una nación que esté en un plano de igualdad, que participa y se hace escuchar con voz propia en los foros regionales y en los organismos más importantes del planeta”, añadió.

Afirmó que asume la fecha como la renovación del compromiso de servir a la patria y a todos los ciudadanos por igual. Asimismo, recordó a las madres, cuyo día se celebra el 15 de mayo, y mencionó las expresiones del papa Francisco, que calificó a la mujer paraguaya como “la más heroica de América”.

Entrega

En contraste con el discurso del presidente, las políticas económicas de su gobierno apuntan a la entrega de la soberanía nacional a los capitales internacionales, tal como él mismo lo expresara con la fórmula del “usen y abusen”. Además de promover un modelo de maquilas, que gozan de innumerables exoneraciones impositivas y leyes laborales flexibilizadas, está iniciando la implementación de la Ley de Alianza Público-Privada (APP), que habilita unilateralmente al Ejecutivo a concesionar todos los bienes, servicios y recursos públicos por plazos de hasta 40 años.

Además, en casos de controversias, se establece la figura del arbitraje, por lo que, ante eventuales rescisiones de contrato por incumplimiento de parte de las empresas, estas tendrán la ventaja de exigir reparaciones en tribunales internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial que sistemáticamente falla a favor de las transnacionales y en contra de los Estados. Incluso las leyes nacionales quedan subordinadas a los contratos, puesto que se deja sentado que las disposiciones legales locales regirán para las iniciativas público-privadas “en cuanto fueran aplicables”.

Todo esto a riesgo del Estado, pues ante las pérdidas que pudieran registrar las firmas privadas se crea un fondo de garantía que en su mayor parte estará conformado por dinero público.

Uno de los principales peligros de la ley es que el agua, la salud y la educación aparecen taxativamente entre los recursos sujetos a la concesión. El artículo 52, entre otros bienes y servicios como hidrocarburos, rutas, aeropuertos, etc., incluye “provisión de agua potable y servicios de saneamiento y tratamiento de efluentes, generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; hospitales, centros de salud, centros educativos; acueductos, poliductos, oleoductos, alcoductos, gasoductos, y penitenciarías”.

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