Cartes podrá militarizar determinadas zonas del país por Decreto, según proyecto aprobado por Diputados

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley “Que modifica los Artículos 2º, 3º Y 56 de la Ley Nº 1337/99, de Defensa Nacional y Seguridad Interna”. Con el cambio, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de militarizar zonas del país a través de un Decreto.

Zona militarizada en el norte del país por declaraciones de Estados de Excepción en el 2011. Foto: Almamagazine.

Según el proyecto, que ahora pasa a la Cámara de Senadores, el Ejecutivo tendrá 48 horas para informar al Congreso de su decisión “de emplear transitoriamente elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, con adjunción de copia autenticada del decreto respectivo, pudiendo el Congreso decidir la cesación de ésa intervención operativa de las Fuerzas Armadas”.

Al decir del diputado liberal Víctor Ríos, con la modificación de la Ley se están concediendo facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Pos su parte, la diputada de Avanza País, Rocío Casco, advirtió que al hablar de “amenaza interna” se estaba volviendo a la Doctrina de Seguridad Nacional.

Ramón Duarte, diputado por el Frente Guasú, rechazó el Proyecto de Modificación de la Ley de Defensa y Seguridad Interna.

El Articulo 56 queda de la siguiente manera: “Sin perjuicio de lo estatuido en el artículo 51, durante la vigencia del Estado de Excepción, y frente a situaciones de extrema gravedad en que el sistema de seguridad interna prescripto en esta ley resulte manifiestamente insuficiente, el Presidente de la República podrá decidir el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, exclusivamente dentro del ámbito territorial definido por decreto y por el tiempo estrictamente necesario para que la Policía Nacional o, en su caso, la Prefectura General Naval, estén en condiciones de hacerse nuevamente cargo por sí solas de la situación”.

El texto además refiere que se aplicará el mismo procedimiento en los casos calificados como terrorismo de conformidad a la Ley Nro 4024/10 “que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y fianciamiento del terrorismo” o cuando existieren amenazas, acciones violentas contra las autoridades legítimamente constituidas que impidan el libre ejercicio de sus funciones legales.

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