Cartes legitimará usurpación de Campos Morombí

El presidente Horacio Cartes ha anunciado hoy que promulgará el proyecto de ley sancionado en el Congreso que acepta la donación de 1.748 hectáreas de parte de Campos Morombí. El inmueble es parte de las 2.000 hectáreas de Marina Kue que se encuentran en litigio entre el Estado paraguayo y la empresa del fallecido político colorado Blas N. Riquelme.

“Nosotros queremos dar un corte y vamos a aceptar lo que es la ley. Si da un corte y va acabando con un tema, y ya es por ley, yo prefiero eso y ya dar por acabado ese tema”, dijo el presidente citado por la Agencia de Información Paraguaya. Dijo que la decisión se dio luego de un análisis realizado este martes con el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Sergio Godoy, y concordaron que es preferible “aceptar lo que es la ley” en vez de “seguir peleando”.

El reporte añade que el presidente señaló que la ley proveniente del Congreso Nacional no tiene mayores cuestionamientos más que la definición de quién se encargará del cuidado de la reserva, responsabilidad que recaería en las Fuerzas Armadas de la Nación. “Al final alguien lo tiene que cuidar y si da un corte yo prefiero eso”, dijo Cartes.

Organizaciones sociales rechazan la operación, pues observan que Campos Morombí no puede donar algo que no es suyo. Además, denuncian que se busca legitimar el proceso contra los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, que están acusados por invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa. La defensa sostiene en primer lugar que no existe el delito de invasión denunciado por Campos Morombí, que no es propietario del inmueble, que según todas las documentaciones públicas pertenecen al Estado y fueron declaradas de interés social para la reforma agraria en 2005.

En segundo lugar, tampoco corresponden los cargos de asociación criminal formulados a partir de una lista de integrantes de la comisión anotados en un cuaderno encontrado en el campamento de los campesinos y que luego desapareció tras supuestamente caer en un arroyo. Además, se trata de una comisión vecinal legalmente reconocida por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), cuya conformación es un requisito para los campesinos que desean acceder a los programas de tierras del Estado.

Como tercer punto sostiene que al existir muertes consumadas y elaborar cargos solo por tentativa de homicidio, la fiscalía se niega a investigar y esclarecer qué ocurrió en la matanza que fue utilizada con fines políticos para destituir al presidente Fernando Lugo. A esto se añade que no existe ningún policía investigado ni procesado por la muerte de los 11 campesinos.

En comunicación con el programa Acción Radio, trasmitido por la 1300 AM, Martina Paredes, de la Comisión de Víctimas de la masacre de Curuguaty, lamentó que el Estado esté reconociendo a la familia Riquelme como propietaria del inmueble, que se apropió de un buen público y para retener la posesión impulsó un desalojo que terminó en las 17 muertes el 15 de junio de 2012. Adelantó, asimismo, que se promovería una acción de inconstitucionalidad para frenar la maniobra.

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