Carperos se sienten expulsados en su propia tierra

Acusaron a autoridades, ARP y la UGP de servir a los intereses de los colonos brasileros.

El poder del dinero, la soberbia y el entreguismo, la traición y la corrupción de las autoridades nacionales, encabezados por algunos parlamentarios, munícipes y gobernadores, hicieron que el sueño del pueblo campesino de acceder a un pedazo de tierra para vivir con dignidad en su patria ha sido matado en Ñacunday. Así lo sostiene la Liga Nacional de Carperos luego de ser desalojados del distrito de Ñacunday Alto Paraná.

Responsabilizaron a la Asociación Rural del Paraguay y a la Unión de Gremios de la Producción de ser testaferros de los productores brasileros, «paradójicamente los organizadores del tractorazo proponen que todos los invasores sean llevados a sus lugares de origen, sin embargo para la LNC el invasor es el que ingresa a un territorio ajeno, expulsa a sus dueños originarios y se adueña de la tierra. Y un lugar de origen significa un lugar físico, un pedazo de tierra propia, donde uno vive». Sostiene el pronunciamiento de la LNC.

Lo ocurrido Ñacunday demuestra en forma clara y sin lugar a dudas que los campesinos paraguayos somos parias y extranjeros en nuestra propia tierra. Fuente Última Hora

Según los carperos existen documentos que demuestran que las tierras de Ñacunday son del Estado y fueron usurpadas por Favero, así como millones de hectáreas en todo el territorio nacional, pero los poderes del Estado carecen del valor para ejercer su derecho sobre dicho territorio.

Los carperos exigen la expulsión del país de todos los usurpadores y depredadores de las tierras paraguaya, previo pago de la correspondiente indemnización por la explotación ilegal de las tierras del Estado y la inmediata recuperación de la totalidad de las 8.500.000 hás de tierras mal habidas.

También recomentaron al gobierno la sanción de leyes para la nacionalización de tierras, confiscación de tierras malhabidas e improductivas, y una ley de anulación de la totalidad de los títulos de propiedades rurales, y su reinscripción previa demostración de su legalidad de origen y contenido.

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