Caricatura judicial

Opinión. Puede parecer divertida y hasta pintoresca la caricatura de un proceso judicial que no tiene asidero legal alguno. Sin embargo, el juicio en contra de los procesados por “La Masacre de Curuguaty”, no tiene ninguna gracia.

Es muy real pero es una caricatura, montada y sostenida en “hechos” completamente falsos con la finalidad de llevar a condena a cualquiera, a cualquiera que puedan, a cualquiera que hayan agarrado, no a los responsables verdaderos, porque por supuesto que los hay (pero no fueron investigados).

La técnica funciona más o menos así: primero hay que instalar una idea que produzca la suficiente combustión, para luego llevar a condena a inocentes mediante un proceso plagado de irregularidades, violaciones al mismo proceso y omisiones dolosas en la búsqueda de la verdad.

Para lograr esa instalación es necesario primero crear una sensación de tipo moral en un público determinado, dispuesto a escuchar, asimilar y digerir el rápidamente el cuento. Esto se consigue con “simpatías” ideológicas, religiosas, o de intereses particulares comunes.

Una vez logrado este paso a través de los operadores de la percepción (alguna prensa con esas “simpatías”), viene la segunda parte de la caricatura, los simpatizantes empiezan a opinar por iniciativa propia (o así lo creen ellos), y se van contagiando de un fervor patriótico de exigir el cumplimiento de la Constitución Nacional, de las leyes, del estado de derecho, la seguridad jurídica y otras frases hechas, cuyos significados no conocen pero las pronuncian con certeza impresionante.

Poco a poco, ya una vez instalada la caricatura, se ha conseguido “el permiso” social (político) para justificar los abusos del proceso penal ante una “opinión pública” mayoritaria (según ellos mismos).

La intención, para nada es pretender coartar el derecho a la opinión, siempre sostuve que las opiniones son libres y quien quiera expresar las suyas lo hace y punto.

Pero tenemos que notar que van apareciendo voces funcionales a la sentencia previa de condena. Esto lo vemos todo el tiempo en las redes sociales, fanáticos que opinan con el coraje escalofriante que brinda la impunidad, expresando las mas terribles miserias que justifican acciones deplorables que han violentado el procedimiento judicial, para preparar el terreno de la ejecución preventiva de individuos peligrosos, ideologizados, guerrilleros, haraganes, etc.

Suelo leer y escuchar muy seguido ya sin sorpresas, que a los campesinos que ocupaban el campo de Marina Kue, hay que meterlos a la cárcel por dos razones principales: “por matar policías”; o “como ejemplo para que nadie mas invada propiedades privadas”.

Sobre eso de “matar policías” aclaro que ninguno de los procesados está acusado por homicidio, lo están por homicidio en grado de tentativa, lo que significa que el propio fiscal reconoce que estas personas no han matado”.

En relación a la expresión: “como ejemplo para que nadie mas invada propiedades privadas”, digo que el hecho punible de invasión de inmueble ajeno requiere de un análisis técnico jurídico que un lego, no está en condiciones de realizar. Se llama análisis de la tipicidad y otros estudios altamente técnicos, que tengo mis dudas de que el fiscal de la causa los haya realizado.

El tipo penal de Invasión de Inmueble Ajeno requiere de la presencia de varios elementos para que constituya delito, el Código Penal en este artículo dice: “el que …/… sin consentimiento del titular…”, significa que el “titular” (dueño), debe negar su consentimiento respecto de la presencia de los ocupantes en el inmueble.

Entonces en el caso de Marina Kue: ¿Quién tenía derecho a oponerse (a negar el consentimiento) de la presencia de los ocupantes?

Si la justicia decide que Campos Morombí no es el propietario, ésta, no tenía derecho a negar, ni a brindar su consentimiento a nadie respecto a esa tierra, porque no es suya; no tenía derecho a pedir “auxilio judicial y desalojo” como lo hizo en su denuncia ante la fiscala de Curuguaty, que fue la que solicitó la orden de allanamiento al Juez José Benítez, por pedido expreso de Campos Morombí S.A. y A. Esta es la razón por la que la justicia tiene que pronunciarse previamente sobre la titularidad de Marina Kue.

El Derecho Penal es objetivo, no se condena a nadie en base a construcciones literarias sobre hechos que no ocurrieron; una condena no se sustenta en conjeturas y mucho menos en razonamientos ideológicos o religiosos. El principio de objetividad no es una abstracción teórica, existen  fórmulas precisas para el estudio con fundamentes claramente establecidos académicamente, que llevarán a las conclusiones y resolución de lo jurídicamente cierto.

Este principio es el que garantiza la verdadera seguridad jurídica, Se juzga en base a leyes previamente escritas, y a las pruebas producidas. no hay espacio para inferencias ni caprichos.

Este sistema de justicia y el respeto a las reglas a las que la que nos sometemos, son los mecanismos que garantizan el Estado de Derecho, las libertades de los individuos y el acceso al estado de bienestar; este último depende directa y únicamente de los niveles de satisfacción de los individuos que componen una comunidad.

En una sociedad justa, las libertades básicas y los derechos asegurados por la justicia, nunca están sujetos a intereses particulares o al regateo político.

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