Cárdenas reconoce que hizo poco por recuperar Marina Cue

Este miércoles se realizó en horas de la tarde una audiencia pública sobre las tierras de Marina Cue en el salón vip de la Cámara de Senadores.

Participaron de la mesa Martina Paredes, de la Comisión de Familiares de Víctimas de la masacre de Curuguaty; los senadores del Frente Guasu, Esperanza Martínez, y de Avanza País, Miguel López Perito; el sociólogo Ramón Fogel; Cristina Coronel, de la Articulación Curuguaty; Dante Leguizamón, abogado de la Codehupy, y Justo Cárdenas, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

La actividad fue convocada ante el tratamiento en la sesión de este jueves en el Senado del proyecto de donación de la empresa Campos Morombí de una parte de las tierras de Marina Cue para la supuesta creación de una reserva ecológica y científica, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.

Los principales cuestionamientos estuvieron dirigidos al titular del ente agrario, que según sostuvieron los presentes no realizó las diligencias necesarias para que el inmueble sea recuperado por el Estado. Ante el proyecto de donación, aseguró que recomendaría al presidente Horacio Cartes el veto del proyecto de ley, pues como órgano del Ejecutivo señaló que están convencidos de que las tierras son públicas y por ello están reclamando en los estrados judiciales su recuperación.

El funcionario también reconoció que en estos dos años han hecho muy poco frente a la trascendencia que tuvo la tragedia, que derivó en la muerte de 17 personas y en el juicio político que destituyó al presidente Fernando Lugo. Reconoció en este sentido la falta de gestión y celeridad en los trámites.

Respecto a la paralización de la causa en la Corte Suprema de Justicia por un pedido de regulación de honorarios de parte de un abogado del Indert, dijo que es una cuestión personal del funcionario. Ante este argumento, Darío Acosta, de la comisión de víctimas, respondió que como jefe del órgano debe exigir a los asesores jurídicos que realicen su trabajo.

Por su parte, Martina Paredes restó crédito a la supuesta intención de Campos Morombí de proteger los bosques y señaló que en el lugar se extraen permanentemente rollos, se cultiva soja, se fumiga a las familias campesinas y se cultiva marihuana sin que las autoridades investiguen a los responsables, tal como ocurrió con la muerte de los campesinos, pues no existen policías investigados ni imputados por el fallecimiento de los labriegos.

Ratificó además que exigen que las tierras donde murieron sus familiares sean destinadas a la reforma agraria, tal como se dispuso por decreto presidencial en el año 2004, y anunció que no abandonarán el lugar.

Un hecho político
La senadora Martínez calificó la tragedia como el hecho político con más incidencia en el último lustro y dijo que el proyecto de donación es una estrategia del gobierno para legitimar el golpe parlamentario contra Lugo y el proceso judicial contra los campesinos, que enfrentan un juicio repleto de irregularidades y con una condena dictada de antemano. Añadió que los resortes jurídicos que actúan en la causa son solo instrumentos y herramientas de una intencionalidad eminentemente política.

En tanto, Ramón Fogel apuntó a las fiscalías y juzgados como una maquinaria para perseguir a los focos críticos que se levantan contra este modelo de acumulación basado en la apropiación fraudulenta. El investigador se remitió al informe de la Comisión de Verdad y Justicia, donde se documenta cómo el fallecido político colorado Blas N. Riquelme se apropió de tierras del Estado en la zona y fue extendiéndose sobre las tierras de Marina Cue hasta desembocar en la masacre.

A su turno, Cristina Coronel subrayó que los tres elementos de la lucha por esta causa son tierra, justicia y libertad, algo que debe ser garantizado por los tres poderes del Estado. De su lado, Dante Leguizamón explicó la situación jurídica de las tierras, desde la donación al Estado en 1967 de parte de La Industrial Paraguaya SA hasta el rechazo de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por Campos Morombí para excluir al Estado del litigio.

Por último, el senador López Perito denunció que la masacre fue preparada de manera premeditada y que existe un juicio torcido que solo juzga a una parte y excluye a la otra. Calificó al proyecto de donación como una iniciativa descabellada y aseguró que no tendrá los votos suficientes para ser sancionado en la Cámara Alta.

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