Canese afirma que Argentina tiene doble discurso sobre Yacyretá

El ingeniero Ricardo Canese, consultado sobre el tema de la deuda de Yacyretá, sostuvo que la Argentina tiene un doble discurso, ya que por un lado reconoce que fue ilegal que los aportes del Tesoro argentino hayan tenido un tratamiento de crédito sujeto a intereses, pero, por otro, en el cómputo final de la deuda que maneja el país se añaden dichos intereses.

El ingeniero Ricardo Canese sostiene que es ilegal que el aporte argentino en Yacyretá sea considerado como crédito sujeto a intereses. Foto: frenteguasu.org.

El ingeniero Canese recordó en primer término que el tratado de Yacyretá se firmó el 3 de diciembre de 1973, sin tenerse aún terminado el proyecto definitivo, en gran medida como una reacción argentina al tratado de Itaipú, firmado el 26 de abril de 1973. Expresó que no existía, en el caso de Yacyretá, un proyecto de obras definido. Así, el tratado entró en vigencia, al ratificarse por los congresos de ambos países, el 27 de marzo de 1974.

El tratado de Yacyretá preveía (a) que la obra debía estar terminada en 8 años (1982) y (b) que la tarifa iba a ser igual al costo del servicio, el que incluía, además de todos los demás costos, el pago de la deuda que se contrajera (intereses, amortizaciones), según el Anexo C.

Una primera dificultad –precisó– fue definir la traza de la represa, es decir, por dónde iba a pasar la represa y qué territorio se iba a inundar (no había un proyecto ejecutivo). Recién en 1979 las partes llegaron a un acuerdo de cuál debía ser la traza definitiva y el territorio a inundar. Como este iba a ser 80% en el Paraguay, se estableció, mediante una modificación del Anexo C (que establece las condiciones de energía, tarifa, económicas y de beneficios) la compensación en razón del territorio inundado.

Las obras principales se licitaron en 1981 pero, nuevamente, existieron problemas porque la empresa privilegiada por la dictadura militar argentina, Impregilio, presentó una oferta más cara que la francesa DUMEZ. Ello motivó un atraso hasta 1983, cuando recién comenzaron, lentamente, las obras.

Anteriormente, el fallecido dictador Jorge Rafael Videla estableció mediante decreto (en 1979) que los aportes del Tesoro Argentino debían tratarse como créditos y no como aportes; es decir, el Tesoro Argentino debía recibir intereses y reajustes.

Hacia 1992, bajo el gobierno de Calos Saúl Menem, con las obras principales avanzadas pero aún no terminadas y sin generar aún energía, la Argentina se vuelve a comprometer (notas reversales de 1992) a, primero, aportar los fondos necesarios propios (Tesoro argentino) para terminar las denominadas obras complementarias (relocalización, obras de infraestructura local como la Costanera de Encarnación, obras de saneamiento, etc.).

En segundo lugar asumió el compromiso de hacer operar a Yacyretá desde 1994 (lo que se cumplió) y en forma plena desde 1998 (lo que no cumplió la Argentina, pues no aportó los fondos para las obras complementarias, no se pudo relocalizar a la gente y la cota o altura del embalse no se pudo alzar a la altura o cota definitiva, sino recién en el 2011).

En tercer lugar había prometido no cobrar intereses por los aportes ya dados por el Tesoro argentino y, en cuarto lugar, se fijó una tarifa de US$ 30 por MWh con ajuste (hoy está en torno a US$ 45/MWh). El Congreso paraguayo rechazó estas notas reversales, si bien la Argentina las considera válidas.

El secretario de relaciones internacionales del Frente Guasu observó que resulta curioso que la Argentina no haya cumplido con lo que ella misma se comprometió (aportar fondos, hacer operar a Yacyretá en forma plena en 1998 y no cobrar intereses por sus aportes).

Privatización

El experto en temas energéticos rememoró que, en 1996, Carlos Menem y Juan Carlos Wasmosy intentaron privatizar Yacyretá bajo el argumento que «no hay fondos». Es decir, bajo el incumplimiento de los compromisos argentinos de aportar fondos y de hacer operar a pleno a Yacyretá en 1998. Esta maniobra fue desarticulada por un amplio movimiento social que consiguió que, en 1997, el Congreso paraguayo rechazara el protocolo de privatización ya firmado entre Menem y Wasmosy (que preveía una concesión por 30 años a cambio de terminar las obras complementarias faltantes y hacer operar a Yacyretá a pleno).

Bajo la excusa de que no había dinero para terminar la represa, los gobiernos de Carlos Saúl Menem y Juan Carlos Wasmosy intentaron privatizar Yacyretá. Foto: yacyreta.org.

En el 2006, los entonces presidentes paraguayo y argentino, Nicanor Duarte Frutos y Néstor Kirchner, llegaron a un «preacuerdo». En el mismo se establecía que los aportes argentinos debían ser de aportes y no créditos y, consiguientemente, no debían rendir intereses. La deuda global de Yacyretá quedaba así en US$ 6.218 millones, la que iba a ser pagada con energía, a una tarifa excepcionalmente baja, de US$ 18/MWh, lo que le permitía a la Argentina disponer de mucha energía durante muchos años. Por este último motivo, el Congreso paraguayo rechazó en el 2007 este «preacuerdo».

Durante el gobierno de Fernando Lugo se terminaron las obras complementarias, incluida la costanera de Encarnación, si bien faltan algunas como la reconstrucción ferroviaria, también imprescindible (pues las vías férreas del FCCAL fueron inundadas), aún no ejecutadas. Desde febrero de 2011 Yacyretá opera, finalmente, a la cota definitiva (cuando que debía hacerlo en 1982, según el Tratado, o en 1998, según el último compromiso asumido por la Argentina, en 1992).

Doble discurso

Ante la consulta sobre cuánto debería ser la deuda restante o si esta ya fue saldada, Canese apuntó que la Argentina tiene en este sentido un doble discurso. Por una parte, se realizan cálculos en Yacyretá computando los intereses según el decreto de Videla (luego ratificado por Raúl Alfonsín) de considerar créditos sus aportes –lo que es claramente ilegal– situándola en unos US$ 14.000 millones. Si bien se dan varias cifras, esta sería la cifra aproximada más probable.

Por otra parte, la misma Argentina reconoció en 1992 que no debía cobrar intereses (notas reversales de por medio) y lo volvió a hacer en el «preacuerdo» del 2006. En este último caso (a diciembre de 2006) reconoció que la deuda con el Tesoro argentino era de US$ 6.218 millones.

A más de la deuda, Canese afirmó que el Paraguay debe reivindicar la libre disponibilidad de su energía (como Brasil lo reconoció en el 2009, a partir del fin de la vigencia del Anexo C, que en Itaipú es el 2023), que en el caso de Yacyretá está respaldado por el mismo tratado que le otorga a la Argentina apenas la preferencia, es decir, el Paraguay podría vender su energía a terceros países si es que estos ofrecen un mejor precio.

Por último, señaló que también habría que reivindicar el precio justo por la energía que el Paraguay exporta a la Argentina, lo que ya se consiguió con el Brasil («a la brevedad posible», dice el acuerdo del 2009, adelantándose una triplicación de la compensación), que ya permite que la energía paraguaya de Itaipú se exporte a precios de mercado al Brasil. “Igual reivindicación habría que levantar ante la Argentina, lo que le permitiría al Paraguay (sobre la base de 7 millones de MWh de exportación anual) ganar unos US$ 1.050 millones para un beneficio neto de US$ 150 por MWh”, expresó.

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