Candidato a fiscal general involucrado en violación de derechos

Radio de propiedad familiar es acusada de incumplir varios derechos laborales.

Sindicato de Periodistas del Paraguay afirma que la radio Yerutí FM de Caazapá se empecina en violar la ley laboral.

La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), denunció “la mala intención de la patronal de Radio Yerutí FM de Caazapá” que se estaría negando a reconocer los derechos de la comunicadora Lorena Dávalos, quien desde hace más de 10 años trabaja en la citada emisora.

“La administración de la radio viola derechos de la colega contemplados en la Constitución y las leyes laborales”, dice el SPP y asegura que no le paga el salario mínimo, bonificación familiar (Dávalos es madre soltera con tres hijos), seguridad social (salud y jubilación de IPS), vacaciones, aguinaldo.

Lorena Dávalos trabaja hace más de diez años en la emisora, sin embargo su salario no llega a un millón de guaraníes

“Los derechos de la compañera son violados con total desparpajo y soberbia”, afirma y explica que la radio Yerutí FM es de propiedad de la familia Díaz Verón, uno de cuyos integrantes, Francisco Javier, es candidato del presidente Fernando Lugo a ocupar el puesto de Fiscal General del Estado. “De ahí el desparpajo y la soberbia para violar con impunidad las leyes laborales”, asevera.

Quien aparece como propietaria de la radio es la empresa Yerutí Comunicaciones SRL, firma que no figura en los registros del Ministerio de Justicia y Trabajo y que se inscribió recién el pasado 9 de setiembre en el Instituto de Previsión Social (IPS), con una única trabajadora: Lorena Dávalos.

La comunicadora nunca antes había tenido acceso a IPS debido a las reiteradas negativas de la patronal a inscribirle. Ante la denuncia efectuada en el IPS, la patronal se vio obligada a inscribirle, pero lo hicieron como “jornalero o a destajo”, para hacerle figurar en la planilla con menos días trabajados de manera a pagar menos como aporte patronal.

“Demás está decir que la compañera cobra un salario mensual, que después de 10 años de trabajo, no llega a un millón de guaraníes”, afirma el documento.

Yerutí Comunicaciones, una SRL familiar

“La Radio Yerutí FM (o Yerutí Comunicaciones SRL), es una empresa familiar”, dicen los periodistas agremiados en el SPP y explican la razón por la que exponen los lazos familiares entre la radio Yerutí FM y Díaz Verón: “a partir de ellos se podrá entender por qué con tanta impunidad violan las leyes y súper explotan a la trabajadora”, expresan.

Francisco Javier Díaz Verón, además de candidato a fiscal general del Estado, es en la actualidad el fiscal adjunto de la regional Paraguarí del Ministerio Público.

La esposa de Díaz Verón, María Selva Morínigo, es funcionaria de alto rango en el Fondo Ganadero y es quien otorgó el poder a las abogadas que asistieron a una reunión de conciliación en el Viceministerio de Trabajo en la que sólo estuvieron a efectos de “escuchar los reclamos” de Dávalos.

El padre del candidato, don Vicente Manuel Díaz, se jacta permanentemente de ser el dueño de la radio. Don Vicente Manuel es jubilado docente, jubilado en la Municipalidad de Caazapá y es actual jefe de recursos humanos del Poder Judicial de Caazapá.

El administrador de la radio es Amado Díaz Verón, hermano del candidato, quien también ejerce el cargo de administrador del Poder Judicial de Caazapá. Otros hermanos del candidato y que sacan beneficios del poder que ejerce la radio, son Manuel Díaz Verón (actual funcionario de la Fiscalía de Caazapá) y el abogado Pedro
Díaz Verón (“Pipo”), actual intendente de Caazapá.

“El Sindicato de Periodistas ha conversado con el administrador de la radio, el licenciado Amado Díaz Verón, quien ha cerrado permanentemente todas las puertas a cualquier tipo de negociación prevaleciéndose de su parentesco con el abogado Francisco Javier Díaz Verón”, afirman los periodistas.

¿Qué clase de Fiscal General vamos a tener?

La Comisión Directiva del SPP se pregunta “¿Qué clase de Fiscal General del Estado puede ser quien no es capaz de hacer respetar los derechos conculcados por miembros de su propia familia? ¿Qué confianza puede tener la población en una persona que debe representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto y las garantías constitucionales y sin embargo hace caso omiso a la violación, por parte de
su propia familia, de las garantías constitucionales de una trabajadora?”

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