Campesinos fueron reprimidos por policías que resguardaban fumigaciones ilegales

Campesinos del distrito de General Resquín, departamento de San Pedro, fueron reprimidos por antimotines que custodiaban la fumigación de un sojal adyacente a las colonias Ara Vera y Crescencio González, ubicadas en el departamento de San Pedro, denunció la Federación Nacional Campesina.

El pasado diciembre campesinos de General Resquín ya habían sido reprimidos por oponerse a las fumigaciones ilegales. Foto: FNC.

Teodolina Villalba, de la Federación Nacional Campesina (FNC), relató que esta mañana un tractor preparado para realizar fumigaciones llegó escoltado por una gran cantidad de antimotines, que apenas al llegar atacaron al centenar de campesinos que se encontraban al costado del camino buscando evitar que se realicen las pulverizaciones, pero que en ningún momento entraron a la propiedad.

Esta es la segunda vez que los labriegos son atacados por la policía por defender su derecho a vivir en un ambiente sano, detalló Villalba. La represión dejó unos cinco heridos con balines de goma, que fueron trasladados al hospital de Santa Rosa, y varios resultaron afectados por los gases lacrimógenos, expresó la dirigente.

La organización campesina ha decidido oponerse a las fumigaciones en campos adyacentes a sus comunidades, ya que afectan la salud de los pobladores, además de causar la muerte de sus animales y la destrucción de sus cultivos, que son dañados por el potente agrotóxico utilizado en los cultivos transgénicos, el glifosato.

El pasado 17 de enero el juez penal de garantías de Santa Rosa del Aguaray, Edgardo Mauricio Martínez Moreno, emitió una medida de amparo a favor de los sojeros que dispone resguardo policial “todas las veces que fuese necesario para la realización de los trabajos agrícolas de cultivo, abono, fumigación y cosecha”.

La medida judicial beneficia a los propietarios de cultivos transgénicos a pesar de que las fumigaciones se realizan en total contravención a la ley 3742, De control de productos fitosanitarios de uso agrícola. La normativa dispone la obligación de “una franja de protección de cien metros entre el área de tratamiento con productos fitosanitarios y todo asentamiento humano, centros educativos, centros y puestos de salud, templos, plazas y otros lugares de concurrencia pública para los plaguicidas de uso agrícola”.

Asimismo, señala que “en casos de cultivos colindantes a caminos vecinales poblados, objeto de aplicación de productos fitosanitarios, se deberá contar con barreras vivas de protección con un ancho mínimo de cinco metros y una altura mínima de dos metros. En caso de no existir dicha barrera viva, se dejará una franja de protección de cincuenta metros de distancia de caminos vecinales poblados para la aplicación de plaguicidas”.

Asimismo, el abogado Juan Martens había sostenido en una conversación con nuestro medio que en caso de delito flagrante de violación de las leyes ambientales, como las fumigaciones ilegales, las personas afectadas tienen el derecho de ingresar al lugar y aprehender a quienes sean responsables de las aspersiones de veneno sin cumplir las medidas de seguridad, así como detener que tal delito se siga cometiendo.

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