Campesinos exigen al Indert adjudicación de tierras expropiadas

Labriegos anuncian que volverán la próxima semana hasta que el ente agrario resuelva el reclamo.

 

Adelio Ferreira, líder de la Comisión Vecinal Sin Tierra Cleto Romero y Juan de Mena.

Campesinos aglutinados en la Comisión Vecinal Sin Tierra Cleto Romero (Caaguazú) y Juan de Mena (Cordillera) realizaron una manifestación ayer frente al local del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Los manifestantes reclamaron la adjudicación de parte de unos lotes que fueron expropiados hace más de 20 años a favor de los campesinos, aunque hasta ahora no fueron adjudicados.

Adelio Ferreira, líder de la organización, explicó que las tierras reivindicadas, inscriptas a nombre de la empresa Unión Paraguaya SA, fueron expropiadas en 1989 para ser destinadas a la formación de asentamientos campesinos. El Indert realizó el loteamiento de 7.000 hectáreas, pero el monto total del pago acordado con el propietario no fue realizado, por lo que más de 2.000 hectáreas siguen sin poder ser cultivadas por los beneficiarios de la medida.

Ferreira agregó que en abril se llegó a un acuerdo con el Indert, que se comprometió a efectivizar el pago por 1.619 ha, pero hasta ahora no cumplió con la promesa realizada a los labriegos y el proceso se encuentra estancado. El dirigente explicó que el titular del Indert, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, les había comunicado que el estudio del caso fue agendado para hoy por la Junta Consultiva. Sin embargo, en una maniobra de último momento la junta se reunió ayer y no incluyó el tema en el orden del día.

Los campesinos manifestaron que Montalbetti les prometió que el tema iba a ser tratado el próximo miércoles ya que en ese momento no contaban con el expediente, ante lo cual los campesinos expresaron su desconfianza, aunque anunciaron que se movilizarían desde el lunes en Asunción para permanecer atentos ante cualquier maniobra dilatoria.

“Ndorocreevéi la oje’éva oréve (ya no creemos lo que nos dicen). Rojujeýta ko (volveremos este) lunes desde las 6.30 de la mañana hasta lograr resultados, hasta que Hacienda dé el dinero para entrar a trabajar a las tierras”, indicó Ferreira.

Sobre las últimas novedades del proceso dijo que el extitular del Indert Luis Ortigoza incluso había demandado a la Unión Paraguaya, aunque luego el oficio fue retirado.

Los manifestantes descansan en la Plaza Uruguaya antes de emprender el regreso.

El dirigente contó también que hasta ahora ya sufrieron 4 desalojos y que están acampando al borde de las alambradas del terreno. A raíz de los sucesivos desalojos las condiciones de vida de los campesinos se fueron precarizando cada vez más, ya que ante cada incursión para sacar del lugar a los labriegos las fuerzas policiales procedieron a destruir todos sus cultivos.

“Oremboriahúgui voi rojerure la yvy ha péicha ñande mburuvicha kuéra orembo mboriahuve. Hikuái ojemo lomo ko situación gui (por ser pobres es que pedimos las tierras y así las autoridades nos empobrecen más. Ellos le dan la espalda a esta situación)”, añadió en referencia a la pérdida de sus cultivos y los gastos de traslado que deben enfrentar a fin de llegar a Asunción para presentar sus reclamos.

Proceso y ejecuciones

Quintín Riquelme, en un artículo titulado “Descripción de los conflictos de tierra” (Clacso, 2003), apunta que en 1986 los campesinos de las localidades de Cleto Romero y Juan de Mena solicitaron la expropiación de unas 5.000 hectáreas de latifundios improductivos de la Unión Paraguaya SA, propiedad de Roberto Gunder Laratro. Luego de varios episodios de represión violenta, incluyendo ataques con perros amaestrados a los campesinos apostados frente al Congreso, el 5 de setiembre de 1989 la Cámara de Senadores “sancionó la Ley 08/89 que declara de interés social y expropia hasta 7 mil hectáreas de tierras aptas para la agricultura de la finca Nº 14, propiedad de la firma Unión Paraguaya SA”. Luego de una sucesión de impugnaciones y nulidades, la superficie expropiada queda finalmente fijada en 5.414 ha.

De su lado, el Informe de Derechos Humanos en Paraguay 1997 de la Codehupy hace referencia a tres asesinatos cometidos entre 1995 y 1996 y  cuya responsabilidad los campesinos denunciantes de ambos asentamientos atribuyen a sicarios al servicio de Gunter Laratro. Las víctimas fueron identificadas como José Martínez, Leoncio Medina y Amado Oviedo.

“Los pobladores denunciaron la inacción policial e inclusive cierta complicidad con los responsables de estos atropellos. (José) Martínez habría sido ejecutado por civiles armados presumiblemente al servicio de la empresa Unión Paraguaya S.A., de acuerdo a la denuncia de los campesinos.

Otros dos asesinatos que quedaron impunes en la misma localidad son los de Leoncio Medina, de 19 años, y Amalio Oviedo, de 16, quienes fueron asesinados y luego degollados al parecer por los mismos civiles al servicio de la empresa mencionada, propiedad de Roberto Gunder Laratro. Estos asesinatos ocurrieron en el año 95 y hasta la fecha siguen impunes”, relata el informe (http://bit.ly/13OGavA).

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