Campesinos desalojados en Capiibary aguardan respuesta del Estado al costado de la ruta

Pobladores de Capiibary, departamento de San Pedro, que fueron desalojados el pasado 5 de noviembre presentan sus testimonios sobre la situación que atraviesan en la lucha en pos de que la finca 1105, propiedad del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), pase a sus legítimos dueños: los campesinos beneficiarios de la reforma agraria.

Los niños dan clases bajo esta carpa luego de que su escuela fuera derrumbada en un operativo viciado en que la orden fue emanada por la fiscala María Luján Estigarribia cuando que la única autoridad competente en ese ámbito es el juez.

A la altura del kilómetro 212 de la Ruta X Las Residentas, se encuentran unas 2.600 hectáreas propiedad del Indert de las cuales el abogado Gustavo de Gásperi se apropió adulterando el título de propiedad. Comparando las escrituras, se observa que el número 1782 fue escrito encima del original, que es el 1105.

El poblador Juan Céspedes cuenta que el asentamiento tiene dos años, pero que los trámites se iniciaron hace un lustro y que incluso fue efectuada una mensura judicial, que finalmente fue frenada por De Gásperi mediante recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Corte.

“Kóa ha’e peteî yvy ocorrespondea al Indert ,pero que el abogado Gustavo de Gásperi o ocupa  ilegítimamente. Ha’e ndo presentái ningún documento válido. La campesino ojerure opresenta haguã la documento. Ha ro prometé que si ohechukaro la kuatia ore rosêta la propiedad-gui.  No es como quitaron en los medios que están pagados o donde De Gásperi tiene influencia política”, dijo. Precisó que De Gásperi extendió su estancia sobre una propiedad del Indert de 2.600 hectáreas hace 46 años, sin pagar ningún tipo de impuesto.

El desalojo

Sobre el desalojo del pasado 5 de noviembre rememoró que un contingente de 400 hombres y dos helicópteros cercaron la propiedad desde tempranas horas. Destruyeron las casas de 270 familias y realizaron arrestos e imputaciones con una orden viciada emitida por la fiscala María Luján Estigarribia, ya que el organismo competente es el juzgado. A pesar de que no hubo ninguna resistencia la policía actuó con mucha violencia, afirmó.

Una niña duerme bajo el galpón de un vecino donde se refugió su familia tras el desalojo.

Informó que desde el procedimiento se registraron 15 detenciones extorsivas en las que los campesinos tuvieron que pagar 400.000 guaraníes para recuperar su libertad. Entre los varios casos de detenciones arbitrarias y tortura denunciados, Agustín Santacruz contó que “los policías me sacaron de acá y me llevaron a la fiscalía de Yhú, Coronel Oviedo. Me llevaron a Asunción a declarar. Che vare’a ha ajegolpea por querer alimentar a mi familia”.

En tanto, Francisco Flores contó que se entregó sin oponer resistencia durante el desalojo, pero que fue golpeado y encarcelado sin adecuada atención médica, ya que los policías no querían que cuente con diagnóstico médico. Añadieron que un miembro del asentamiento, identificado como Luis Fariña, sigue detenido.

Los relatos coincidieron en que el momento más desgarrador fue cuando derrumbaron y quemaron la escuela del asentamiento, que está reconocida por el Ministerio de Educación (MEC), además de asfixiar con gases lacrimógenos a los niños. Hasta la bandera de la escuela fue quemada, evocaron.

Pobladores muestran cómo los cultivos están siendo ganados por las malezas.

Recuperar los cultivos

El mayor deseo de los campesinos es recuperar la producción que tienen en el asentamiento. Denuncian que cuando intentan salvar algunos ejemplares de sus cultivos, que ya van siendo invadidos por las malezas, son apresados, por lo que están perdiendo todo el fruto de su trabajo y los sacrificados ahorros invertidos en la siembra.

Con  respecto a la superficie cultivada, precisaron que hay 600 hectáreas que albergan numerosas variedades como mandioca, poroto, sandía, melón, sésamo, maíz, tomate, perejil, tártago, entre otras especies. Fue posible observar también que parte de los cultivos ya fueron arrasados por los tractores.

Los labriegos temen que se realicen más allanamientos en las viviendas que acogen a los labriegos que quedaron en la calle con toda su cosecha perdida.

 “De Gásperi actúa pagando a policías y fiscales”, denunciaron. Aseguraron que después de que la fiscala María Luján Estigarribia se marchara el derrumbe y la quema de viviendas prosiguió bajo las órdenes del administrador de la estancia Panambí, Andrés Moreno.

Los labriegos intentan resguardar algunos de los restos que quedaron de sus casas luego de que hayan sido echadas abajo por topadoras.

“El administrador Andrés Moreno  ojapo igustoitépe. Ojemondapa la ñande cosa. Olla entero ko oraha chehegui, licuadora, kyse. Che apyta nandi vera. Napépe la che carruaje vaikue ambyaty jey. Cheko aimo’a kuri la campesino oganáma ko yvv. Tractor-pe oatropella hikuái la che cosa kuéra. Ha che ahaihu la kokue”, expresó Pablina Toledo.

Ante la consulta sobre el monto del perjuicio sufrido por la destrucción de sus cultivos, calcularon que la pérdida de unas 2 hectáreas de sésamo asciende a la suma de tres o cuatro millones de guaraníes. En este sentido dijeron que las pérdidas son prácticamente invaluables al considerar la gran variedad de especies vegetales y animales que eran producidas en las 600 hectáreas, además de lo que costaron las 270 viviendas destruidas.

Adolfina González de Ortiz detalló que en varias oportunidades observaban impotentes cómo la Policía robaba los frutos de sus cultivos o cómo provocaban a los labriegos haciendo pedazos sus sandías contra el suelo cuando intentaban recoger algo.

A pesar de la actuación del Estado en favor de un particular que se apropió ilegalmente de tierras públicas, los labriegos aguardan alguna respuesta de las autoridades a fin de que hagan valer los derechos del Indert sobre la propiedad en litigio.

Los campesinos anunciaron que no desistirán de la lucha.  Una comitiva del asentamiento se encuentra en la capital tratando de encaminar los trámites de la mensura que realizaron, pero que no tuvo trámite administrativo en la justicia debido a que el proceso se congeló por el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por De Gásperi.

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, nunca ha respondido las sucesivas llamadas realizadas por nuestro medio a fin de consultarle cuál es la posición del ente a su cargo en este caso.

 

En la escritura se observa que el número 1782 fue escrito encima de otro. Gustavo de Gásperi se apropió de las tierras falsificando la documentación.

En la escritura auténtica se observa que el número de finca es el 1105 y que la propiedad pertenece al Indert.

En Registros Públicos consta que la finca 1105 es propiedad del Indert.

 

 

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