Camacho contrata a informante de Stroessner vinculado a la represión de San Isidro del Jejuí

Reincorporó al Indert a quien realizó el informe «técnico-político» utilizado para reprimir a las Ligas Agrarias Cristianas.

Pobladores de San Isidro de Jejui. Foto: Pa'i Oliva Blogspot.

Sin considerar el nefasto papel que un personaje jugó en el caso de la comunidad de San Isidro del Jejuí, cuando el régimen de Alfredo Stroessner aniquiló este emblemático asentamiento basado en un informe elaborado por el mismo, Emilio Camacho lo volvió a contratar luego de permanecer fuera del Indert, donde estuvo como funcionario –aunque en los últimos años sin cumplir un rol específico- durante mucho tiempo.

¿De quién se trata? De Gustavo Edgar Carlés Berdoy, quien junto a Hugo Halley Merlo, elevaron a Pastor Coronel un informe “técnico-político”, usado como argumento por el régimen para desplegar un feroz operativo de represión en el asentamiento, en 1975.

La reciente Resolución de Presidencia del Indert, que lleva el número 1420 y fue firmada por el interventor, Emilio Camacho, el 16 de mayo pasado, determina el reingreso de Carlés como funcionario de la institución.

Sobre el caso de la comunidad de San Isidro del Jejuí, una cronología elaborada por el Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Rural y Reforma Agraria (Ceidra), de la Universidad Católica, cuenta que “corría la década de los setenta, cuando un grupo de familias de las Ligas Agrarias Cristianas asentadas en la localidad de Lima, San Pedro, iniciaron la comunidad de San Isidro, sobre la base de un modelo alternativo de producción y tenencia de la tierra”.

Dice también que la iniciativa fue rápidamente combatida por el régimen de Alfredo Stroessner, que intervino el asentamiento en una operación policial-militar, comandada por Pastor Coronel. La medida se basó en un informe “técnico-político” elaborado por los funcionarios del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), Hugo Halley Merlo y Edgar Carlés, guardado en el Archivo del Terror.

Una vez desbaratada la comunidad –refiere siempre el informe- el IBR adquirió una fracción de tres mil hectáreas, reconociendo sin embargo en la escritura de transferencia el pago hecho por las familias, una suma cercana a los 600 mil guaraníes. Ésta equivalía unas 230 hectáreas, al precio de las tierras de esa región en aquella época.

Tras la caída de la dictadura estronista se integró la asociación campesina San Isidro del Jejuí para recuperar las tierras. Se abrió un expediente en el IBR, sin resultado. Es más, pocos años después, en 1994, la entidad adjudicó y tituló cuatro de los lotes reclamados a favor de los esposos Rivarola-Velilla. Ante esto, los campesinos entablaron en 1999 una demanda de nulidad de títulos y obligación de hacer escritura pública, que fue ganada en 2005 y ejecutada en 2010.

El Interventor del Indert debe explicaciones a la ciudadanía por reivindicar de nuevo a los que facilitaron la represión de San Isidro del Jejuí.

 

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