Camacho anuló contratación de funcionario vinculado a la represión estronista

Tras las críticas, el interventor del Indert dejó sin efecto la contratación de Gustavo Edgar Carlés, quien fue uno de los responsables del informe que motivo la sangrienta represión de campesinos en San Isidro del Jejui durante la dictadura.

Reunión de líderes de la comunidad de San Isidro del Jejuí, Yvypé. 1974. Foto de José María Blanch.

El interventor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Emilio Camacho, anuló la contratación de Gustavo Edgar Carlés Berdoy, quien según investigaciones, es responsable junto con Hugo Halley Merlo de la elaboración de un informe “técnico-político” que sirvió para justificar un terrible operativo de represión de la colonia San Isidro del Jejuí, en el año 1975, en plena dictadura de Alfredo Stroessner.

Es así que una cronología elaborada por el Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Rural y Reforma Agraria (Ceidra) de la Universidad Católica, cuenta que “corría la década de los setenta, cuando un grupo de familias de las Ligas Agrarias Cristianas asentadas en la localidad de Lima, San Pedro, iniciaron la comunidad de de San Isidro, sobre la base de un modelo alternativo de producción y tenencia de la tierra”.

Dice también que la iniciativa fue rápidamente combatida por el régimen de Alfredo Stroessner, que intervino el asentamiento en una operación policial-militar, comandada por Pastor Coronel. La medida se basó en un informe “técnico-político” elaborado por los funcionarios del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), Hugo Halley Merlo y Edgar Carlés, guardado en el Archivo del Terror.

Una vez desbaratada la comunidad –refiere siempre el informe- el IBR adquirió una fracción de tres mil hectáreas, reconociendo sin embargo en la escritura de transferencia el pago hecho por las familias, una suma cercana a los 600 mil guaraníes. Ésta equivalía unas 230 hectáreas, al precio de las tierras de esa región en aquella época.

Tras la caída de la dictadura estronista se integró la asociación campesina San Isidro del Jejuí para recuperar las tierras. Se abrió un expediente en el IBR, sin resultado. Es más, pocos años después, en 1994, la entidad adjudicó y tituló cuatro de los lotes reclamados a favor de los esposos Rivarola-Velilla. Ante esto, los campesinos entablaron en 1999 una demanda de nulidad de títulos y obligación de hacer escritura pública, que fue ganada en 2005 y ejecutada en 2010.

 

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