Un juicio con la vara del patrón, la única que conocen

Por Jorge Zárate

«El Estado burgués es igual al consenso más la coerción. El consenso se construye a través de diversas vías, como la educación, la familia, la religión, la moda, la cultura, etc. Así, de manera sutil, los gobernados participan voluntaria y activamente con el poder. Cuando algo falla, los sectores dominantes apelan a la fuerza, a la coerción, a la violencia de los aparatos represivos del Estado. Asì se construye su hegemonía».

Antonio Gramsci

Al juez Trinidad Zelaya le cuesta el español, le cuesta leerlo y hablarlo, como a muchos campesinos y trabajadores urbanos.

No es este un problema en un país bilingüe, pero sí es importante comprender que define un espacio de acción.

Para entenderlo es preciso seguir la conferencia de prensa de 27 minutos que dio el presidente del tribunal después de la lectura de la parte resolutiva de la sentencia que condenó a 11 de los campesinos que eran juzgados en este bizarro, como mínimo, espurio, por naturaleza, juicio que está lejos de tener fin.

Allí se entiende su comportamiento profundo cuando precisa del guaraní para explicar las decisiones más difíciles, por arbitrarias e injustas, que tomaron.

Pero no lo hace en cualquier guaraní, lo hace en el del capataz, en el del más servil al patrón que se pueda imaginar en la sociedad paraguaya.

Son formas profundas.

“Oré la autoridá”, se le escucha durante la lectura de la sentencia, ante el señalamiento de una violación de formas que le hiciera el abogado defensor Amelio Sisco.

No se podía creer, los rostros en la calle eran la forma de la decepción, de la incredulidad, de la tristeza por el colectivo, por la pena de estar aquí, pero el tribunal daba por probado todo y sentenciaba a 30 años de prisión más 5 años de medidas de seguridad a Rubén Villalba, 20 para Luis Olmedo, 18 para Arnaldo Quintana y Néstor Castro, seis para Lucía Agüero, Fany Olmedo y Dolores López y 4 años para Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Tillería.

Volvemos a la conferencia, donde todo se explica un poco más.

Dirá Zelaya que todo lo que hicieron está basado en pruebas: “Como dijimos, no vamos a entrar en detalles, el lunes a las 11 será todo explicado, los condenados a 4 años ya se están yendo en su casa… Rubén Villalba está recluido en Tacumbú y continúa allí… Quintana, Castro y Olmedo, en razón de que Tacumbú –el principal penal del país– no recibe más detenidos, guardarán reclusión en Emboscada”.

Los periodistas le preguntaron sobre la situación de Villalba y Olmedo, que están acusados de matar.

“No estamos más en la época inquisitiva, anteriormente, en la época inquisitiva, la muerte se comprobaba con el certificado de defunción… Ahora se puede probar por cualquier medio de prueba, testifical, imágenes de video, fotográfica… e hicimos una valoración del conjunto de testigos de los que la mayoría de 290 más de 200 fueron funcionarios policiales que estuvieron en el escenario de los hechos…”

Se le cuestionó entonces la falta de relación entre los hechos que expuso la fiscalía y lo que en realidad pasó.

“Está todo en la parte dispositiva de nuestra sentencia, el tribunal creyó, probó y comprobó que se cometieron esos hechos punibles porque los elementos objetivos, subjetivos y el nexo causal se probaron en juicio…”, consideró el magistrado.

Se llega entonces al punto central de la cuestión, la propiedad de la finca, que según todas las investigaciones y testimonios de entidades públicas, era del Estado paraguayo.

“Antes del 13 de abril, la propiedad estaba siendo pacíficamente ocupada, administrada con use y goce por Campos Morombi…”, dice Zelaya elevando la voz, asumiendo el rol.

Aquí es cuando queda claro, que se trata de una forma permanente en el poder judicial, son jueces del patrón, siempre.

Describe luego: “Las pruebas son múltiples de la asociación criminal… Fueron robados objetos, en el mismo hubo abigeato, que se invadió por la fuerza y con clandestinidad… son tres objetos, tres hechos punibles, que evidentemente se cometieron”, expone.

– ¿Se describirá quien mató a quien?, se le insiste.

Las cuestiones genéricas son objeto de nulidad, efectivamente, lógico, de estas dos personas se comprobó fehacientemente que mataron porque sino es nulo.

Y aquí se da el otro punto, que es un histórico en la justicia latinoamericana, la domesticación de los líderes rebeldes. Es un clásico en todo el continente, pero el caso paraguayo tiene un folklore especial.

“Hay 11 condicionamientos para atenuantes o agravantes… Ninguno de los atenuantes se dio en la conducta de Rubén Villalba… No tiene ningún atenuante, se probó que es el líder… Las pruebas que dicen que su teléfono celular dice que estaba en el lugar, que estaba herido, y otras cosas que tenemos…”.

Y sigue cerrando el plan

“La sentencia está firme… Esa propiedad es de Campos Morombi… Vamos a analizar la conducta de Amelio Sisco, (Luis) Lezcano Claude y Azuaga… si vivimos en un estado de derecho tenemos que respetar las decisiones judiciales… Caso contrario estamos en una anarquía absoluta y eso no se puede permitir y está prohibido… (El fallo) Es objeto de recursos ante la Cámara de Apelación o ante la Corte Suprema de Justicia… tienen la facultad de recurrir a donde corresponde.

Se le pregunta entonces por la muerte de los campesinos.

“Qué es lo que se puso frente a nosotros, muertes de (campesinos) muerte de policías y una acusación… las pruebas que se trajeron fueron relativas a ese hecho, al momento de ese incidente, el agente (Jalil) Rachid, había manifestado que la investigación de los 11 campesinos está en la Fiscalía de Derechos Humanos…

Nosotros no podemos investigar…”.

Dijo en su descargo que se enviaron notas denunciando las torturas y ejecuciones extrajudiciales testimoniadas en el juicio y por tercera vez, bíblico, de la biblia del latifundio claro, expuso: “Para nosotros, esa tierra es de Campos Morombí…”

En un escenario de verdadera justicia, estos jueces deberían ir presos por prevaricato. Vale recordar: “La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público…”, recuerda la Wikipedia.

Ellos, sin embargo, están seguros de su impunidad, han servido al patrón de la peor manera, midieron todo con esa vara que es la única que conocen, la única que permite hacer carrera en el poder judicial: Someter al pobre, al que lucha por sus derechos.

Lo importante del acto es todo lo que revela.

El telón, está aún lejos de bajarse.

Reacciones

La justicia paraguaya “volvió a victimizar a los campesinos y campesinas del caso Curuguaty con su veredicto”, según Rosa María Ortiz, ex relatora de las Naciones Unidas. Reclamó un castigo a los responsables del Ministerio Público y consideró que los grupos que reclaman por justicia, en el tiempo, podrían producir un cambio en el país.

Para el secretario adjunto de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores del Brasil, Ariovaldo de Camargo, “es inaceptable que un tribunal se transforme en caja de resonancia del gran capital, llevando a mujeres y hombres trabajadores detrás de las rejas para favorecer los intereses de media docena de latifundistas y trasnacionales. Más que nunca es hora de vestir la camiseta por la verdad y la justicia, levantando nuestra voz por la absolución ya”, expresó.

Por su parte, Aitor Martínez, abogado español dijo que la Corte Interamericana anulará este fallo: “La Corte va a poner en libertad a estas personas y a exigir una indemizacion que va a pagar el contibuyente paraguayo. Estas arbitrariedades no se pueden sostener en las intancias internacionales” afirmó el experto.

 

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