Serpaj responsabiliza al estado a un año del asesinato de las niñas Villalba

Por Serpaj

El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj-Py) elaboró un manifiesto al cumplirse un año de la muerte de las niñas Lilian Mariana y María Carmen Villalba a manos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Por otra parte, organizaciones sociales, políticas y activistas de DDHH se reunirán este jueves 2 de Septiembre a las 18:00hs frente al Panteón de los Héroes «exigiendo justicia y el cese de la impunidad ante un crimen de lesa humanidad por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez en un micrófono abierto cuya difusión corre con los hashtags #FTCmitãJukaha #EranNiñas

Entre tanto, Serpaj, la organización no gubernamental que “promueve la defensa de los derechos humanos, la cultura de la paz y la no violencia activa”, manifestó cuanto sigue:

“1. Que el estado paraguayo es responsable de la muerte de las niñas, pues debió protegerlas contra todo tipo de abandono, violencia, abuso, tráfico y explotación, garantizándoles en todo momento su desarrollo armónico e integral, y en particular adoptar todas las medidas posibles para impedir su participación en hostilidades y su reclutamiento en grupos armados. No lo hizo y miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta dispararon contra ellas a quemarropa, dándoles muerte, cuando se encontraban presuntamente en un campamento del grupo de criminales autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en la ciudad de Yby Ja´ú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado sobre “casos extremos en que agentes del Estado llevarían a cabo ejecuciones extrajudiciales respecto de adolescentes y jóvenes por creerse que pertenecen a grupos criminales, maras y pandillas, o que fueron capturados realizando alguna actividad ilícita. […]”. Ante ello, ha establecido que: “condena rotundamente este tipo de acciones y subraya que los Estados no pueden justificar estas actuaciones sobre la base de la lucha contra el crimen organizado u otras amenazas a la seguridad.”

  1. Que le preocupa que, además de la gravedad del suceso en sí mismo, el proceso de investigación estuvo plagado de irregularidades, negaciones y confusiones por parte de los agentes de justicia, desde el primer momento, sin que el Ministerio Público haya podido realizar las diligencias mínimamente necesarias para dilucidar los hechos y las consecuentes actuaciones de las autoridades. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido con claridad la obligación de los estados de investigar con debida diligencia los hechos que pueden constituir violaciones de derechos humanos, más aún cuando se trata de posibles violaciones al derecho a la vida en las que podrían estar involucrados agentes estatales. Esto implica la adopción de medidas inmediatas para recoger, valorar y preservar las pruebas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad”, especialmente dado que “[l]as falencias de las primeras diligencias de la investigación difícilmente pueden ser subsanadas, [y que] la pérdida de evidencia deviene en irreparable.” También ha establecido claramente los estándares que deben respetar los estados respecto a la independencia de los órganos investigadores. Sin el cumplimiento de estas exigencias, el estado no podrá posteriormente ejercer de manera efectiva y eficiente su facultad acusatoria y los tribunales no podrán llevar a cabo el proceso judicial que este tipo de violaciones requiere.
  2. Que insta al Ministerio Público a que, conforme a las funciones que le asigna el marco normativo penal y procesal penal, realice las diligencias pertinentes para la aclaración de los hechos, y al estado paraguayo a que permita una investigación seria, rigurosa e independiente, y autorice la participación del Centro de Antropología Forense de Argentina, de reconocida trayectoria internacional en casos de esta naturaleza.
  3. Que solicita al estado paraguayo que asuma plenamente sus obligaciones de respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos, en el caso de Lilian Mariana y María Carmen Villalba.

La impunidad atenta contra la construcción de una cultura de derechos humanos al impedir el esclarecimiento de la verdad”, concluyó señalando.

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