¿Qué falta implementar de los acuerdos con Brasil?

Cinco años después de los acuerdos firmados por los presidentes Lugo y Lula, el 25 de julio del 2009, podemos hacer un balance de lo pactado y lo efectivamente realizado. Hay diversos puntos acordados que están implementados, otros a camino y algunos pendientes de nuevas negociaciones. Sin embargo, lo que queremos destacar aquí, en lo referido a Itaipu Binacional (IB), es que hoy, el desafío principal para el Paraguay hace a la definición de una política energética dentro de una estrategia de desarrollo de nuestro país. Y de eso depende que se aprovechen o desperdicien oportunidades, de lo ya conseguido y de lo que aún se puede obtener en las negociaciones con Brasil.

La triplicación de la compensación por cesión de energía y la línea de 500 kV con la subestación de Villa Hayes ya son realidades hace algún tiempo.  La negociación de la deuda y el acceso directo al mercado eléctrico brasilero, que fueron iniciadas bajo el gobierno Lugo no fueron retomadas. En ambos temas, hay condiciones favorables para hacerlo.

Pero, desde nuestro punto de vista, la falencia principal de los gobiernos paraguayos desde 2012 ha sido no haber continuado la elaboración de una política de estado de energía, como importante capítulo de la estrategia de desarrollo nacional. En 2010, con los cambios introducidos en la gestión de IB, el gobierno nacional apuntó a hacer de la energía abundante una palanca del desarrollo nacional. Se trataba de responder a la paradoja de un Paraguay rico en recursos naturales y energéticos pero azotado por la  pobreza y el atraso económico nacional.

Ese trabajo se realizó en el 2011, con recursos de la Itaipu Binacional y el soporte técnico de la Fundación Bariloche e involucró a todos los ministerios, secretarias y órganos del gobierno que tienen relación con temas energéticos del país. Produjo un primer informe a finales de aquel año.  Concomitantemente, también con apoyo de IB y ejecución del Parque Tecnológico de Itaipu (PTI-PY), fueron implementadas otras  iniciativas como el estudio de Balance de Energía Útil  y el estudio de potencial hidroeléctrico de ríos interiores, ambos ya culminados. Quedaron por el camino otras iniciativas relacionadas, pero hay suficientes insumos para culminar la elaboración de la política.

Abundantes recursos naturales o energéticos no hacen de un país una nación desarrollada. El Paraguay de los enclaves del tanino, el quebracho y la yerba mate de comienzos del siglo XX nos lo mostró de cerca y muchos países exportadores de petróleo nos lo recuerdan hasta hoy. Así, una política paraguaya de estado de energía como parte de una estrategia de desarrollo debe responder a algunas cuestiones clave: (1) ¿Cómo utilizar mejor los ingresos de la venta de electricidad al extranjero? (al tiempo que buscamos maximizar el monto obtenido con esa exportación); (2) ¿Cómo aprovechar mejor ese recurso energético dentro del país, para generar cadenas de valor? y, (3) ¿Cómo preparar la continuidad del desarrollo del país para cuando los recursos actuales ya no sean suficientes?

En relación a lo primero, hoy ya somos un país económicamente atrasado con abundancia de divisas internacionales (venta de energía al Brasil y Argentina más exportaciones de productos primarios).  La malversación del FONACIDE nos alerta para discutir la gestión de esos recursos (“cómo son administrados”) pero también su destino (“en qué son utilizados”).  En breve tendremos aún más divisas: de continuarse ahora la negociación sobre la deuda de Itaipu el incremento se dará ya en esta década, o caso se opte por dejar finalizar el actual plan de pagos acontecerá a partir de 2023. De mantenerse la tarifa, el estado paraguayo podría recibir más de mil millones de dólares anuales adicionales por la venta de energía de Itaipu. ¿A qué destinaremos esos recursos? ¿Cómo y por quien serán administrados?

Pero tampoco hay claridad en relación al segundo tema. No tenemos una estrategia de inversiones para agregar valor al recurso energético.  Dependemos del interés de inversionistas extranjeros, atraídos por tres “ventajas” que son “espurias”, temporales y, además, también implican limitaciones en la generación de valor : bajo precio de la electricidad, bajos niveles impositivos y bajos costos laborales. Más aun, para resolver los problemas del país esas tres variables tendrían que ser modificadas.

En relación al tercer tema, la ANDE continua sin una política de tarifa eléctrica sustentable (ya hace 12 años!), sin un plan de financiamiento acorde con sus necesidades de inversión a mediano y largo plazo y la amenaza privatista de que a través de las APP en el sector eléctrico la empresa pública se vuelva irrelevante u obsoleta. Se coloca en duda, y sin debate abierto, cuál modelo se quiere implementar para el sector eléctrico.

Sin duda alguna, entre las oportunidades del país que si no se encaran debidamente se vuelven amenazas, la carencia de una política de energía como parte de la estrategia de desarrollo nacional constituye una evidente omisión para quienes hablan de nuevos rumbos. A cinco años de la firma de los acuerdos, ese parece ser el principal escollo a superar. Y su solución depende exclusivamente de nosotros.

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