Paraguay: injusticia y ¿punto final?

Paraguay: el golpe de Estado que se dio en 2012 es un capítulo que está todo menos cerrado. Cartes y su gobierno quizá crean que sí, pese a que su “legitimidad democrática” descansa sobre los sucesos golpistas de junio 2012, pero varias subjetividades militantes de la región creemos precisamente lo contrario. Por muchas razones. Y una, quizá la central, es que la Justicia paraguaya funciona como una máquina perversa, como un dispositivo de la Injusticia para con lxs campesinxs de Curuguaty, lugar donde aconteció la masacre que dio pie al golpe a la democracia paraguaya.

Más: la Justicia paraguaya, encarnada en la figura del fiscal Jalil Rachid, sigue enfatizando de manera vertiginosa que es extrañamente heterogénea al Derecho. El caso Curuguaty lo demuestra. Rubén Villalba encerrado en la cárcel de Tacumbú es otro argumento indeclinable.

El juicio del caso Curuguaty se acerca. Y todo parece indicar que no podrá frenarse el desenlace de la condena previa a las personas imputadas: sentenciadas desde el momento cero de la masacre de Marina Kue, ese quiebre de 17 vidas (11 campesinos y 7 policías) que fue a la vez el punto más grave de ruptura de un proceso democrático, complejo y esquivo por cierto. Quizás la sentencia haya estado incluso desde antes, desde que se tejió el guión de una matanza programada hasta en sus consecuencias políticas. Hay indicios suficientes para sostener esta perspectiva pesimista de los hechos. El juicio oral y público se iniciará en junio, a dos años exactos del otro juicio, el político golpista. El plazo transcurrido riñe con todas las normas procesales del Paraguay y representa en sí mismo un castigo para el conjunto de las mujeres y hombres procesados, todos del campesinado pobre y sin tierra, viviendo en extrema pobreza agravada por el tiempo de cárcel y arresto domiciliario: ningunx de ellxs puede trabajar. Un caso aparte es el de Rubén Villalba: sigue preso por una causa resucitada con el exclusivo propósito de mantenerlo encerrado, con una condena abiertamente arbitraria.

El tiempo fue suficiente para ir desmontando la versión oficial sostenida desde el primer momento por la Fiscalía, a partir de investigaciones independientes, de la mirada ciudadana atenta a las actuaciones y omisiones ostentosamente parciales de los operadores de la injusticia y de la insistente pregunta –con una inexistente respuesta por parte del Estado y de los gobiernos que lo ocuparon– sobre qué pasó en Curuguaty aquel 15 de junio de 2012. El documental “Desmontando Curuguaty”, presentado recientemente, explica con lujo de detalles las irregularidades y los parcialismos del proceso. El tiempo podría haber sido suficiente para dar un giro creíble al proceso judicial, para reconocer que Rachid es un negador de derechos y del Derecho. Sin embargo, en este lapso se consolidó cínicamente el libreto escrito para incriminar a lxs campesinxs. A tal punto llega este cinismo del sistema de injusticia paraguayo, que los abogados defensores están siendo sumariados por dilatar el proceso. En honor a la verdad: el propio Tribunal del caso fue el que suspendió por ocho meses el juicio, alegando la excusa de no haber podido notificar a todos los testigos. Te parece increíble. Pero es cierto.

La situación es tal que sí existe una certeza: este juicio marcha hacia la concreción de la sentencia previa. Los actores del Poder Judicial que ponen en escena esta parte del guión no tienen argumentos para sostener sus ilegalidades. Es más: saben que éstas son evidentes y que son conocidas en la región, y no les importa.

¿Qué podría cambiar este camino –que parece ineludible– hacia una condena ya programada? Así como la pregunta insistente ¿qué pasó en Curuguaty? se hizo camino ante las certezas prefabricadas del caso, hoy la ciudadanía paraguaya y el mundo solidario deben poner más que nunca los ojos sobre el caso Curuguaty y su juicio infame. Una mirada vigilante y poderosa que no admita a la injusticia como punto final.

 

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