Las cartas de trébol y los fiscales de Curuguaty

Existe una cadena de hechos que no habla por sí misma, pero que merece una especial consideración: las movidas y las misiones encomendadas a los fiscales que, en distintas instancias, tomaron parte del proceso del caso Curuguaty.

Por Paulo César López

 

Curuguaty(1)

 

La escasa disposición de los órganos competentes para esclarecer la Masacre de Curuguaty, o la deliberada voluntad de ocultar detalles relevantes de lo ocurrido, se ha manifestado de manera expresa, entre otros aspectos, en el manejo de los elementos probatorios. Algunas de las arbitrariedades más notorias fueron la inclusión irregular de una escopeta ajena a la causa, la desaparición de evidencias claves como la grabación del helicóptero y las inspecciones superficiales realizadas a los cuerpos de los fallecidos, que no fueron sometidos a autopsia.

Asimismo, la investigación de uno de los más graves conflictos en tiempos de paz de la historia del Paraguay fue asignada a un novel e inexperto fiscal, Jalil Rachid. A más de ello, su imparcialidad estuvo en tela de juicio desde la partida por las vinculaciones políticas de su familia con una de las partes, el dirigente colorado Blas N. Riquelme, propietario de la empresa Campos Morombí. Fallecido pocos meses después de la matanza, Riquelme fue el promotor de la denuncia por invasión de inmueble que derivó en la incursión fiscal-policial en la que fallecieron once campesinos y seis policías.

Sin mayores pesquisas, el Ministerio Público sostuvo desde el principio que los once labriegos fallecieron tras la reacción en legítima defensa de los policías. De acuerdo a la acusación fiscal, los campesinos planearon una emboscada y pusieron como señuelos a las mujeres con niños en brazos para tomar desprevenidos a los agentes. La investigación de las denuncias por torturas y ejecuciones arbitrarias no tuvo avance alguno.

Ahora bien, existe una cadena de hechos que no habla por sí misma, pero que merece una especial consideración: las movidas y las misiones encomendadas a los fiscales que, en distintas instancias, tomaron parte del proceso. En esta ocasión nos limitaremos a hablar brevemente de cuatro de ellos: Ninfa Aguilar, Jalil Rachid, Lorenzo Lezcano y Leonardi Guerrero.

El ascenso

Conforme a testimonios de pobladores de la zona, antes de su ingreso al Ministerio Público, Aguilar trabajó como abogada de los Riquelme. Sin embargo, la versión no ha podido ser corroborada con documentos. El 15 de junio de 2012, Aguilar encabezó el procedimiento de desalojo ejecutado con una orden de allanamiento dictada por el juez José Dolores Benítez. (Cabe recordar que el 29 de junio de 2009 Benítez rectificó la sentencia de usucapión en beneficio de Campos Morombí cambiando el número de finca de la resolución del juez Carlos Goiburú, que fue emitida el 21 de diciembre de 2005, pero sobre otro inmueble. El abogado Guillermo Ferreiro, defensor de los acusados durante la audiencia preliminar, fue enfático respecto a la inexistencia en el marco legal paraguayo de la figura de la «rectificación de sentencia». En este sentido, precisó que el procedimiento correspondiente era la apertura de un nuevo juicio, con participación del Estado como contraparte, para definir los derechos de posesión sobre las tierras en disputa).

Hecha esta salvedad, cuatro días después del operativo, Aguilar renunció al caso por haber recibido supuestas amenazas de muerte. La fiscala imputó y declaró en rebeldía hasta a personas fallecidas con base en un censo realizado por los campesinos para el reconocimiento de su comisión vecinal, un requisito administrativo obligatorio del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para acceder a los programas de la reforma agraria. El cuaderno fue hallado en el campamento de los campesinos, pero posteriormente desapareció –siguiendo el relato del Ministerio Público– porque la evidencia cayó al río.

Además de la negligencia en la custodia de los elementos probatorios y de haber ejecutado un procedimiento distinto al dispuesto en el mandato judicial, Aguilar cometió el hecho punible de persecución de inocentes ordenando la detención e imputando a Miguel Correa,  Marcelo Trinidad y Juan Caballero. Estos habían concurrido al Hospital Regional para averiguar si entre los muertos y heridos se encontraba algún familiar o persona conocida. Fueron arrestados por la policía, que en el acta consignó que fueron aprehendidos en el lugar del tiroteo.

En consecuencia, permanecieron durante más de un mes en la cárcel de Coronel Oviedo, donde según manifestaron sufrieron torturas y malos tratos. En la audiencia preliminar, concluida el 9 de octubre de 2013, fueron sobreseídos  tras comprobarse que no estuvieron en el lugar de los hechos. A pesar de todas estas actuaciones, el 12 de agosto de 2015 Aguilar fue ascendida por la Corte Suprema de Justicia a jueza penal de la circunscripción judicial de San Pedro e incluso declaró como testigo en el juicio.

La deserción

Tras un confuso y mediatizado episodio, el 13 de enero de 2016 el entonces viceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra, renunció al cargo luego del robo de tres fusiles y una pistola, que fueron sustraídos de una camioneta blindada que dejó estacionada en la vereda de la casa de su madre. Ibarra denunció que el hurto fue un complot para forzar su salida y acusó a sus guardias de haberlo “delatado” filtrando el incidente. También aseguró que su presencia molestaba a altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Entre estos mencionó al jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira, y al ahora exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, quien también caería en desgracia cinco meses después a causa de un fallido allanamiento en que falleció una niña de tres años.

La sorpresiva deserción de Rachid en pleno desarrollo del juicio oral para tomar el cargo de Ibarra generó varias conjeturas. Entre estas se apuntó a una presunta estrategia para “salvarlo” de uno de los principales puntos débiles de la acusación. El agente había admitido que formuló cargos por tentativa de homicidio porque le resultaba imposible determinar quién mató a quién.

El nuevo equipo de fiscales –conformado por Leonardi Guerrero, Liliana Alcaraz y Nelson Ruiz– cambiaron la calificación a la de homicidio doloso consumado durante la fase final de los alegatos. El 11 de julio de 2016, el Tribunal de Sentencia –presidido por Ramón Trinidad Zelaya e integrado por Benito González y Samuel Silvero– condenó e impuso altas penas de hasta treinta años más cinco años de medidas de seguridad a Rubén Villalba; veinte años a Luis Olmedo; dieciocho años a Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez; cuatro años a Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro Benítez, Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería; y seis años para todas las mujeres adultas, María Fany Olmedo, María Dolores López y Lucía Agüero. La sentencia fue apelada por la defensa.

En tanto, el adolescente RB fue condenado en 2013 por invasión de inmueble y asociación criminal en un proceso abreviado con suspensión de la pena a cambio de que confesara que brindaba apoyo logístico a los ocupantes, pues fue detenido cuando llevaba comida a su hermano. Felipe Nery Urbina –acusado por frustración a la persecución penal a raíz de que al pasar por el lugar intentó auxiliar a una persona herida– y la adolescente Raquel –cuyo proceso fue declarado nulo– fueron sobreseídos a finales de 2016.

Al asumir como viceministro de Seguridad Interna, Rachid se convirtió en superior directo de los policías. Estos fueron los únicos testigos presenciales permitidos en el juicio, pues cualquier civil que se presentara a declarar como testigo ocular de lo ocurrido quedaría sometido inmediatamente al proceso, según había advertido la propia fiscalía. Seis meses después de formalizarse una condena que ya estaba prevista, presentó su renuncia al cargo para retornar al Ministerio Público.

El sucesor

El 24 de enero de 2017, Rachid fue reemplazado por Lorenzo Lezcano, quien integró la dupla de fiscales acusadores en el juicio a la adolescente Raquel, que estuvo sujeta a un proceso especial porque al momento de los hechos era menor de edad. Este tuvo apariciones más bien esporádicas durante las audiencias. La representación del Ministerio Público fue ejercida principalmente por el fiscal Leonardi Guerrero.

Raquel fue sobreseída el 17 de noviembre de 2016 tras la declaración de nulidad del proceso por vicios insalvables como la no realización del estudio sicológico. Esta es una diligencia obligatoria en el proceso penal adolescente, pues los menores de dieciocho años solo son punibles si se comprueba que eran conscientes de la ilicitud de los hechos que se les atribuyen y que, a pesar de ello, hayan obrado estando al tanto de que sus actos eran contrarios a la ley. El fallo del tribunal fue apelado por la fiscalía.

La web del Ministerio del Interior destacó la trayectoria de Lezcano como fiscal antidrogas en Salto del Guairá así como su labor en la investigación del asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada. “Tuvo importante protagonismo en la captura de autor intelectual de ese caso criminal, Vilmar ‘Neneco’ Acosta Márques, en Brasil (sic)”, resaltó el sitio oficial de la cartera de Estado tras el juramento de Lezcano. Sin embargo, no hizo mención alguna al papel que desempeñó en el caso Curuguaty.

El oráculo del pasado y el magnicidio

En su apelación, el escrito firmado por Guerrero –según versiones el texto rubricado por el agente llegó íntegramente redactado desde arriba– sostiene que la decisión del tribunal –que estuvo presidido por Bonifacio Rojas e integrado por Víctor Godoy y Sofía Giménez– carece de fundamentación y que se limitó a citar las normativas nacionales e internacionales.

Añade que los magistrados interpretaron de manera errónea el artículo 194 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que textualmente dice que “un adolescente es penalmente responsable solo cuando al realizar el hecho tenga madurez sicosocial suficiente para conocer la antijuridicidad del hecho realizado y para determinarse conforme a ese conocimiento”. Aunque Leonardi reconoció que el estudio sicológico es el método para determinar este conocimiento, aseveró que la pericia puede ser aún realizada al inicio del juicio y que, además, esta prueba no define la culpabilidad, sino las medidas a ser aplicadas según el caso, ya sean socioeducativas o penales. Igualmente solicitó al tribunal que convoque a un profesional sicólogo a fin de que, a través del analisis del historial escolar, pueda determinar el grado de madurez sicosocial que tenía la joven cuatro años atrás.

La defensa, que fue llevada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), se ratificó en su contestación en que a estas alturas del proceso resulta imposible definir la madurez sicosocial que tenía la joven en 2012, quien al paso de estos años fue interactuando con otras personas y madurando por las múltiples situaciones que vivió, entre ellas el mismo proceso penal. Entre los elementos que, según la defensa, ameritaban la nulidad del proceso se presentó el dictamen pericial del jefe de la cátedra y servicio de psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Dr. Andrés Arce.

“No nos parece razonable desde el punto de vista clínico, y menos aún válido jurídicamente, ningún estudio realizado cuatro años después, a fin de determinar retroactivamente la madurez psicosocial de ninguna persona varios años después de los hechos que se le imputan, salvo caso de retardo mental comprobado por profesionales con idoneidad”, dice parte del informe.

Por otra parte, a fines de enero el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, designó a Guerrero para investigar el caso del momento: el supuesto plan de magnicidio contra el presidente Horacio Cartes tras la filtración de unos chats entre senadores opositores. Quizá ni el propio presidente se tome en serio el cuento del magnicidio, pero el desatino de los legisladores le cayó en el momento justo.

Guerrero, entre sus primeras diligencias, solicitó el pasado 13 de febrero a los senadores Desirée Masi y Roberto Acevedo la entrega de sus teléfonos celulares para inspeccionar las conversaciones anteriores y posteriores sobre el supuesto plan de atentar contra la vida del mandatario. Como presidente del Congreso, Acevedo es el primer escollo que debe sortear el oficialismo para acelerar los trámites parlamentarios a fin de habilitar la reelección vía enmienda.

Al parecer Guerrero fue asimilando las lecciones. Tras la declaración de nulidad del proceso a Raquel, esta vez no se resignará a perder tan fácilmente la partida. La vida da revanchas y en esta ronda se juega todo por hacerse de la carta mayor.

 

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