La industrialización y el rol del estado

La estrategia de la política industrial debe basarse en el desarrollo de su productividad y competitividad, ante el escenario de la integración de los bloques económicos regionales como el MERCOSUR y la rauda integración y globalización de los mercados mundiales. La estrategia de desarrollo basada en la  industrialización por sustitución de importaciones (ISIS), cuya teoría fue desarrollada y sostenida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),  es un modelo agotado. La ISIS ha tenido un papel central en el desarrollo económico de América Latina, y una gran influencia en los economistas de los gobiernos y en los académicos de la región, después de la segunda guerra mundial hasta fines de la década de 1970. Pero fracasó por las fallas y debilidades, tanto de la teoría como por su aplicación práctica por parte de los gobiernos nacionalistas de la región, si bien debe reconocerse que la aplicación de la doctrina de la CEPAL  no tuvo un modelo único y uniforme en todos los países, mientras que en otros ni siquiera se intentó llevar en práctica.

El objetivo central de la ISIS consistía en que los países periféricos debían superar su dependencia y subdesarrollo, mediante la industrialización y el desarrollo del mercado interno. Las medidas necesarias eran la intervención del estado, la oferta de capital financiero estatal para promover el desarrollo industrial, el proteccionismo, la construcción de infraestructuras y la instalación de industrias pesadas como la siderurgia y la petroquímica en algunos países. Todas estas medidas llevarían a  la sustitución de las importaciones por la producción nacional.

En la evaluación de la ISIS, corrientemente hay poca claridad si lo que se evalúa es la teoría económica, las recomendaciones de las políticas  o las experiencias  históricas de un país. No obstante, hay  consenso en que la teoría Cepelina influyó de alguna forma, para que América Latina retardara el avance y la conquista de una mayor competitividad de la industria en los mercados mundiales y la tasa de inversión productiva. La ISIS debe considerarse más bien como una experiencia de aprendizaje, diagnosticar sus errores y aciertos, en un contexto histórico y político en el que los gobiernos eran relativamente autónomos de la presión de intereses de grupos sectoriales y de las instituciones financieras internacionales, por lo que dichos gobiernos estuvieron abiertos a una doctrina económica que justificaba la intervención del estado y que planteaba mejorar la posición de las naciones en el contexto internacional.

El rol del estado en la actualidad, a diferencia de la ISIS es el  de  coadyuvar para desarrollar la productividad y competitividad del sector manufacturero que hoy ocupa los últimos lugares en el ranking en América Latina. Esta estrategia debe comenzar por que el gobierno formule una política industrial, en coordinación con dicho sector; inversión pública para desarrollar capacidades en tecnología e investigación tecnológica; créditos adecuados; infraestructuras sociales; creación de alternativas de educación técnica media y superior para la formación de recursos humanos; combatir y eliminar el contrabando pequeño y grande; apoyo para mejorar el índice de rendimiento industrial; apoyo para diversificar los mercados de las exportaciones manufactureras; apoyo para diversificar las exportaciones de productos manufacturados; apoyo para la reconversión de las capacidades industriales, del capital humano, de la tecnología, la inversión y otros factores estructurales.

El estado debe también revisar y evaluar la política cambiaria, articulando la misma con planes de mediano y largo plazo de desarrollo industrial. La  intervención del BCP en el mercado cambiario  cuando el dólar está relativamente alto, tiene un efecto dual: con un dólar bajo artificialmente, momentáneamente disminuye el precio de los productos importados en especial de aquellos que componen la canasta básica de alimentos, pero al mismo tiempo  perjudica a la industria nacional al estimular el contrabando de productos por la diferencia cambiaria, en especial de la Argentina y la consecuente retracción del empleo. La política de corto, mediano y largo plazo debe ser la de coadyuvar y apoyar a la industria nacional para que el país produzca la mayor cantidad posible de alimentos, de manera a disminuir la dependencia de las importaciones y conseguir la soberanía alimentaria. De hecho la industria alimentaria del país es una de la más productivas y competitivas.

Así mismo, el gobierno  debe evaluar el comportamiento del gran auge del ingreso de divisas por la exportación de commodities y los efectos que pueda generar en las exportaciones no commodities, en especial del sector manufacturero, que pueda reducir su rentabilidad. En el caso de que existan amenazas, dicha evaluación y seguimiento, pueden permitir la adopción de las medidas que eviten el llamado mal holandés, que si ocurren, pueden tener un efecto en la contracción del empleo y debilitar las posibilidades de desarrollo del país.

Sin ánimo de distraer el principal foco del artículo cual es la industrialización y el rol del estado, y con el propósito de no perder el hilo de la soberanía alimentaria esbozada precedentemente en lo que hace al rol de la industria, se trae a colación otro aspecto de la misma que toca a la agricultura. Se trata de la producción de alimentos y  la agricultura campesina, la cual debe ser apoyada. El 23 % del consumo interno de tomate proviene de las importaciones; casi la totalidad de la papa, 97,5 % de la Argentina y 1,14 % del Brasil; pimienta el 14 %; la cebolla de cabeza proviene el 86 %  de Argentina y 4 % del Brasil; la zanahoria el 27 %  y la naranja el 88 % del consumo. Conste que años atrás había una expresión que decía “es como ir a vender naranjas en Paraguay”, que aludía a los  comerciantes del exterior que pretendían una acción quimérica, un emprendimiento imposible o una pérdida segura, porque en Paraguay había una sobre abundancia de naranja. En dirección contraria a fortalecer la soberanía alimentaria del país, el gobierno ha resuelto gravar con el IVA del 5 % la producción de productos frutihortícolas inclusive los poha ñaná, desde el 1º de enero próximo, lo que repercutirá negativamente en la producción y en el precio final cuando dichos productos lleguen a los hogares.

 

 

 

 

 

 

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